Michelle Bachelet solicita liberar a los presos políticos del gobierno de Maduro
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió detener, condenar públicamente, castigar y prevenir los actos de persecución y represión selectiva por motivos políticos a los disidentes del gobierno revolucionario
Luego de constatar la situación en Venezuela, durante su visita al país hace dos semanas, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, solicitó la liberación de los presos políticos del gobierno de Maduro. En su informe, difundido este miércoles 4 de julio, la funcionaria registró que las detenciones arbitrarias violan derechos políticos.
De allí su llamado al Estado a detener, condenar públicamente, castigar y prevenir los actos de persecución y represión selectiva por motivos políticos, dentro de los que incluyó la retórica estigmatizadora y las campañas de desprestigio. Asimismo, pidió la adopción de medidas concretas para proteger a los defensores de los derechos humanos y a los profesionales de los medios de comunicación.
Las recomendaciones en materia de violación de los derechos civiles y políticos se basan en hechos concretos constatados: Durante una década, el gobierno y las instituciones que controla han ejecutado medidas para neutralizar, reprimir y criminalizar a los opositores y a las personas que disienten de su pensamiento.
«Esta tendencia se ha aumentado desde 2016, después de que la oposición ganara la mayoría de los escaños de la Asamblea Nacional, lo cual llevó a un incremento de la represión selectiva de la oposición política y a una restricción incesante del de por sí limitado espacio democrático», se advierte en el informe.
De la misma forma, se señala que han sido aplicadas leyes y políticas que agudizan la erosión del Estado de derecho y el desmantelamiento de las instituciones democráticas, incluyendo el Parlamento.
En el informe de Bachelet se cuestionan las reformas legislativas que han propiciado la criminalización de la oposición a través del incremento de sanciones por hechos que están garantizados por el derecho a la libertad de reunión pacífica, también denuncia el uso de la jurisdicción militar para personas civiles, y las restricciones a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) para representar a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos. Dentro de estos instrumentos refieren la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, aprobado por la Asamblea Constituyente en 2017, la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, de 2012, y la reforma del Código Orgánico Procesal Penal (Copp) de 2012.
Militarización del Estado
Por otra parte, el informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas en materia de derechos humanos refleja el incremento de la militarización de las instituciones del Estado, así como el empleo de la población en tareas de inteligencia y defensa, a través de estructuras como los Consejos Comunales, las Unidades de Batalla Bolívar y Chávez (UBChs), los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y las Redes de Articulación y Acción Sociopolítica (RAAS).
Destaca que la Guardia Nacional (GN) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) han sido responsables del uso excesivo de la fuerza en manifestaciones desde 2014.
«Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), una unidad de respuesta rápida creada en 2017 para combatir el crimen organizado, han sido presuntamente responsables de numerosas ejecuciones extrajudiciales en operaciones de seguridad, al igual que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Los servicios de inteligencia, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Dirección General de Containteligencia Militar (Dgcim) han sido responsables de detenciones arbitrarias, maltratos y tortura de opositores/as políticos/as y de sus familiares. Los colectivos armados contribuyen a este sistema ejerciendo control social en las comunidades locales, y apoyando a las fuerzas de seguridad en la represión de manifestaciones y de la disidencia», denuncia el informe.
Expresa que el Ministerio Público, los jueces y la Defensoría del Pueblo «no realizan investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre las violaciones de derechos humanos y otros crímenes cometidos por actores estatales».
Arrecia hegemonía comunicacional
En el informe se indica que desde el año 2008 ha arreciado la hegemonía comunicacional del Estado. Señala el cierre de docenas de medios impresos, la clausura de emisoras de radio y la salida de canales de televisión. Subrayan que el gobierno de Nicolás Maduro ha querido imponer su versión de los hechos y ha afianzado políticas para restringir a la prensa independiente.
«Aumentaron las detenciones de periodistas, incluyendo de periodistas extranjeros quienes fueron expulsados o dejaron el país inmediatamente después de su liberación. Actualmente hay centenares de periodistas venezolanos exiliados, Internet y las redes sociales se han convertido en los principales medios de comunicación e información de la población, limitando aún más el acceso a la información independiente de las personas que no tienen acceso a internet», destacan.
Refiere el informe Bachelet las cifras de Espacio Público según las cuales en la última década se reportaron 55 detenciones arbitarias y cargos penales contra 55 personas por publicaciones en medios sociales – 24 de las cuales ocurrieron en 2018.
