¿Qué dijeron las ONG al Consejo de Derechos Humanos sobre la crisis venezolana?
Las ONG recordaron las situaciones que han desembocado en una emergencia humanitaria compleja y realizaron una serie de solicitudes directas al Consejo de Derechos Humanos sobre el régimen venezolano
El viernes 5 de abril se concretó la presentación oral del informe y el diálogo interactivo sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela ante el Consejo de DDHH de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, luego de un mandato a la Alta Comisionada en septiembre.
El informe, que fue liberado el jueves 4 de julio, y presentado por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Michelle Bachelet, refiere que en el país se han cometido graves violaciones a estos derechos permitidos por el Estado venezolano, que ampara una política de represión y control social de la población.
Bachelet repasó varios puntos de su informe, en especial los relacionados a la situación de pueblos indígenas, vulneración de derechos sociales y económicos debido a la crisis, presos políticos, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales, así como la criminalización y persecución de la disidencia política.
Además, la exmandataria chilena reiteró sus denuncias sobre la muerte del capitán de corbeta de la Armada venezolana Rafael Acosta Arévalo, que calificó como lamentable. “A pesar de que hay dos oficiales detenidos, las acusaciones de tortura no fueron tomadas en cuenta a pesar de que el país cuenta con un órgano para estos casos”.
Por ello, destacó que uno de los compromisos de las autoridades es “aceptar la asesoría para el organismo contra la tortura y otorgar acceso ilimitado a las cárceles en el país a los miembros de mi oficina”.
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Antes de la intervención de 43 países y dos coaliciones (Unión Europea y Grupo de Lima), que expresaron sus desacuerdos y opiniones sobre el informe de Bachelet en la ONU, las organizaciones no gubernamentales tuvieron la oportunidad de participar en el diálogo interactivo.
En la sesión del 41 Consejo de Derechos Humanos, Feliciano Reyna, del consejo directivo de Acción Solidaria e integrante de la Coalición de organización por la Salud y la Vida, representó a más de 200 ONG de derechos humanos «que por años hemos resistido las políticas de restricción, intimidación y represalias del Estado venezolano».
En su primera intervención, Reyna destacó que por más de una década, el Gobierno venezolano no rindió cuenta a órganos de la ONU, no cumplió las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ni autorizó las solicitudes de visitas de mandatos independientes y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Además, desde 2013 varios órganos de tratados, procedimientos especiales de la ONU y la CIDH, han emitido recomendaciones para corregir las persistentes violaciones a los derechos humanos, que el gobierno ignoró, aseveró el activista.
A partir de 2015, el incumplimiento de todas estas recomendaciones derivó en una emergencia humanitaria compleja, “que aún niega el gobierno del señor Maduro, y sobre la cual guardó silencio la mayoría de las agencias de la ONU en el terreno” dijo Reyna.
En el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, @fjreyna destacó que muchas de las agencias de Naciones Unidas guardaron silencio sobre la emergencia humanitaria que comenzó a atravesar Venezuela en 2015 y que el régimen niega. #5Jul #BacheletVzla pic.twitter.com/a6laHoAxwO
— Gabriel Bastidas (@Gbastidas) 5 de julio de 2019
Explicó que “es compleja porque tiene origen en factores políticos que socavaron las estructuras del Estado, la economía y el bienestar de la población. Es una emergencia porque, debido al derrumbe de las estructuras, la mayoría de la población está sometida a una violación sistémica de los DDHH”.
Por último, es calificada como humanitaria “porque las violaciones de derechos humanos crearon una escala masiva de necesidades humanitarias, que afecta a más de 10 millones de personas en el país y ha generado la crisis de refugiados más grande de América Latina”.
Reyna afirmó que el desmantelamiento del Estado de derecho, denunciado por Bachelet en su informe, y la descomposición del mismo “se manifiestan en un sufrimiento humano generalizado, violencia social y políticas de cierre a las libertades de expresión, asociación y reunión. También se ve en la represión y persecución, detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales, reflejados por la Oficina del Acnudh como prácticas sistemáticas”.
Otro de los problemas en Venezuela es la falta de instituciones independientes “que puedan actuar como un freno a los abusos de poder, a excepción de la Asamblea Nacional, cuyos poderes han sido anulados por el TSJ y por una ANC fraudulenta”, señaló el activista.
Debido a la extrema pobreza y las privaciones masivas en alimentos, salud, educación, agua, electricidad y transporte, las ONG han identificado que las poblaciones más vulnerables afectadas son las mujeres, bebés, niños y adolescentes, personas mayores, con discapacidad y condición de salud crónica, indígenas y privados de libertad.
“Sus efectos más graves son la desnutrición de niños y embarazadas, el agotamiento de medicinas y la pérdida de servicios de salud públicos, la ausencia forzada de niños y adolescentes del sistema educativo, y la huida diaria de miles de personas para preservar sus vidas”, destacó Reyna.
El activista también reconoció que “las sanciones internacionales contra sectores de una economía en tal grado de colapso, van a exacerbar los efectos de la emergencia sobre la población”, aunque no son las causantes de la crisis, como lo esgrime el régimen de Nicolás Maduro de forma reiterada.
Por ello, las ONG venezolanas solicitaron al Consejo de Derechos Humanos una serie de acciones:
- Designar una Comisión Internacional de Investigación sobre las violaciones de DDHH en Venezuela, que establezca las responsabilidades e impida la impunidad.
- Exhortar a los Estados de acogida de migrantes forzados y refugiados provenientes de Venezuela a unificar políticas y prácticas que les brinden verdadera protección internacional.
- Acelerar una solución política, articulando esfuerzos y firmes acciones del Secretario General de ONU junto a Acnudh para restituir los derechos a la participación política y electoral de los venezolanos.
- Instar al gobierno del señor Maduro, a implementar los acuerdos con Acnudh y facilitar el establecimiento de una oficina permanente; a garantizar el trabajo de defensores de DDHH, periodistas, actores humanitarios, sindicalistas, personal de salud y otros activistas; a reconocer la emergencia y abrir plenamente el espacio humanitario, para implementar una respuesta acorde con la severidad y la escala de la emergencia; a cumplir todas las recomendaciones emanadas de órganos de protección y acelerar las visitas ya solicitadas por los Procedimientos Especiales.
- Instar al gobierno del señor Maduro, a poner fin de inmediato a la tortura en centros de detención, las desapariciones forzosas y la represión en manifestaciones que causan pérdidas de vida y daños irreparables.
Reyna destacó que “vivir en Venezuela es esperar horas o días para poner gasolina y no contar con transporte público. En algunas ciudades y pueblos es no tener electricidad incluso por semanas, con 40 grados de calor. Vivir en Venezuela es escoger cuál de los hijos irá a la escuela porque solo uno comió. Los demás serían parte del millón que dejó de estudiar. Quizá en la escuela no hubo clases porque la maestra se desmayó por hambre”.
Vivir en Venezuela es que haya 800 mil dejados atrás, prosiguió, “porque los padres van camino a la frontera y que los abuelos que los cuidan sean parte de los 7 millones que no consiguen sus medicinas. Vivir en Venezuela es que mueran quienes necesitan diálisis, que las personas con hemofilia tengan daños irreparables, que las mujeres con cáncer no tengan tratamiento y que no lleguen antirretrovirales a personas con VIH”.
Por ello, consideran preciso “detener y corregir ya las graves violaciones de derechos humanos porque la emergencia va a empeorar. El gobierno no quiere y ya no tiene la capacidad para resolver este drama humano a la vista internacional”.
Por su parte, Fundalatina dijo que se le presentó a la Alta Comisionada los casos de víctimas “linchadas por seguidores de los dirigentes opositores Leopoldo López y Juan Guaidó, pero esta información no fue mencionada en el informe”.
También rechazaron que Bachelet no haya condenado el “bloqueo de Estados Unidos a la economía del país, que afecta a las personas con condiciones crónicas. Esperamos que el informe que la Alta Comisionada presenté en septiembre sea más objetivo”.
Por su parte, Amnistía Internacional refirió la situación del joven tachirense Rufo Chacón Parada, quien recibió un disparo en su rostro a manos de oficiales de seguridad, perdiendo ambos ojos.
“Esto ocurrió luego de la visita de Bachelet. Amnistía Internacional insta al consejo a crear una comisión de investigación, esto enviará un mensaje a la comunidad internacional de que las violaciones de derechos humanos no serán toleradas”, señaló la ONG.
La Organización Mundial Contra la Tortura también se pronunció por el informe, y destacó que junto a Cofavic han expresado su preocupación porque las medidas de seguridad impuestas por el gobierno venezolano “han resultado en un patrón de ejecuciones extrajudiciales. Este consejo y la Alta Comisionada son la última esperanza de las víctimas de lograr justicia”.
