Presión internacional es lo único que genera posibilidades para un acuerdo en Barbados
Los analistas Luis Enrique Alcalá y Óscar Vallés coinciden en que las condiciones actuales podrían llevar a Nicolás Maduro a ceder y abrir paso a una solución a la crisis del país. Coinciden en que el Ejecutivo llegó debilitado a las conversaciones de Barbados
A pesar de que los esfuerzos anteriores para llegar a un acuerdo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición naufragaron y el resultado fue el fortalecimiento del Ejecutivo -con el consecuente aumento de la represión y la desarticulación de sus adversarios-, es posible que las rondas de conversaciones que se suceden en Barbados puedan conducir a un camino que destranque el juego político del país, toda vez que la presión internacional se ha incrementado a partir del no reconocimiento de unos 57 países al líder del proceso chavista para un nuevo período constitucional y el precario desempeño del gobierno ante la difícil coyuntura económica y social en la que se encuentra sumida la nación.
Desde el choque entre poderes suscitado a partir del triunfo de la oposición en las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional en diciembre de 2015, se han producido tres o cuatro intentos (según se considere la actual como continuación de Noruega o una distinta) de llegar a una conciliación entre chavistas y opositores.
La primera tentativa fue en Caracas, en octubre de 2016, en momentos en que fuertes manifestaciones ocurrían a nivel nacional a partir del bloqueo a la estrategia opositora de convocar un referendo revocatorio del mandato presidencial, protestas que la oposición decidió desactivar para sentarse a conversar con los representantes de Maduro
La segunda fue en 2017 en República Dominicana, donde según el gobierno se estuvo a punto de firmar un acuerdo pero finalmente las partes se levantaron de la mesa de negociación; mientras que la última en la ciudad de Oslo, Noruega, donde el reino de este país impulsó una serie de conversaciones entre los representantes de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, y los del gobierno chavista.
A estas alturas, pareciera que el Ejecutivo ha concretado su hegemonía. A 30 diputados se les ha allanado la inmunidad parlamentaria (siendo la Asamblea Nacional la única que puede aprobar esto), la Mesa de la Unidad Democrática y los partidos Voluntad Popular y Primero Justicia han quedado ilegalizados, los principales líderes opositores están en el exilio, presos o refugiados en embajadas, y los militares que se han pronunciado contra Maduro están siendo procesados por la justicia militar.
Conmoción
Pero mucha agua ha corrido desde la primera e incluso de la última tentativa de negociación y la situación del país ha empeorado. Cifras oficiales publicadas por el Banco Central de Venezuela dan cuenta de una inflación de 130.060% en 2018, luego de una de 862% en 217; los servicios públicos (agua, electricidad) se mantienen en condiciones precarias y el éxodo de venezolanos ha continuado hasta rozar los cuatro millones de connacionales que han emigrado a otros países, según datos de la ONU.
Sumado a esto han continuado las sanciones por parte de EEUU y Europa a funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, y en mayo del presente año se produjo la visita de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, cuyo informe confirmó que en Venezuela se violan los DDHH, se aplican torturas y se producen ejecuciones extrajudiciales. El efecto del informe Bachelet ha sido tan contundente que, a tres semanas de publicado, el Ejecutivo continúa criticándolo y acusando a Bachelet de estar parcializada con el imperialismo.
La presión por parte de la comunidad internacional se ha incrementado y, luego de la conmoción que causó el asesinato, presuntamente luego de ser sometido a torturas, del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, EEUU ha dictado nuevas sanciones contra las autoridades de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y la Unión Europea amenazó con nuevas sanciones contra el gobierno si no se llegan a acuerdos en Barbados. Incluso Rusia manifestó su apoyo para que se logren resultados en Barbados.
Los analistas políticos Luis Enrique Alcalá y Óscar Vallés, consultados por TalCual, coincidieron en señalar que es precisamente la presión internacional la que podría forzar a Nicolás Maduro a aceptar un proceso electoral.
Incentivo
El cúmulo de sanciones, y el que la atención internacional puesta en ese deporte que es fijarse en Maduro y despotricar contra él, por supuesto que hacen que esté debilitado e imposibilitado de resolver el problema que en enorme medida él mismo creó. Sí creo que hay un incentivo para que el gobierno esta vez, a diferencia de las anteriores, tenga más interés en llegar a un acuerdo”, expresó el sociólogo Luis Enrique Alcalá.
El analista, quien tiene estudios en ciencias políticas y filosofía de la ciencia, advierte que también la oposición está debilitada, algo evidenciado por la disminución del apoyo popular al presidente de la AN, Juan Guaidó, quien juró como presidente encargado de la República, y al cuestionamiento de la participación de sus representantes en las conversaciones de Barbados.
Alcalá critica que Guaidó haya hecho planteamientos que no figuran en la Constitución, como el apelar a una supuesta falta absoluta del Presidente, que el artículo 233 de la Constitución reserva para casos como muerte, renuncia, destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el TSJ y con aprobación de la Asamblea Nacional, abandono del cargo, declarado por la Asamblea Nacional, o la revocatoria popular del mandato, o la de ver la posibilidad de una “intervención militar extranjera” valiéndose del artículo 187 de la Carta Magna, que establece la posibilidad de aprobar una “misión” militar extranjera, que en ningún caso podría ser de agresión contra el país.
Por su parte, el politólogo y profesor de la Universidad Metropolitana Óscar Vallés, considera que el gobierno de Maduro está buscando un piso de sustentación internacional habida cuenta de que en la OEA su embajador no se puede sentar, lo que implica una exclusión importante de este foro internacional y a que los países líderes de la Unión Europea se han pronunciado en contra de reconocer a Maduro como líder legítimo de Venezuela.
“Maduro ha encontrado un canal para bajar la presión internacional y creo que allá es a donde se dirige con el ofrecimiento del reino de Noruega. De hecho incluso la invitación de Bachelet fue por cálculo que tuvo que hacer el gobierno pensando que iba a ser mucho mejor que estuviera en Venezuela la Alta Comisionada de los Derechos Humanos que ratificar la legitimidad a las Naciones Unidas del gobierno de Maduro o el reconocimiento de que es el jefe del Estado”, argumentó el jefe del Departamento de Estudios Políticos de la Unimet.
Añadió que las implicaciones del informe de Bachelet nunca fueron calculadas por el gobierno que iban a ser en los términos en que fue. “Así que el gobierno busca bajar la presión internacional y tratar de regularizar el conflicto en el marco de unas relaciones internacionales que requiere restablecer dado el aislacionismo y la presiones que reciben sus representantes gubernamentales”.
Explicó que, desde el punto de vista interno, la revolución no tiene tantos problemas de gobernanza política, que la oposición no representa realmente una amenaza o peligro para la estabilidad y prosecución del gobierno de Maduro.
“La AN no ha podido ejercer ninguna presión o amenaza que ponga en jaque al gobierno, tampoco las concentraciones ni llamados a la Fuerza Armada por parte de Guaidó; incluso el 30 de abril no representó ningún tipo de tensión en el gobierno que haya obligado a Maduro a hacer cambios sustanciales en su tren ejecutivo o en la FAN. Desde el punto de vista interno la dominación política del señor Maduro sigue medianamente bien estructurada y sigue ejerciendo el poder político en Venezuela”.
Asimetría
Luis Enrique Alcalá insistió en su tesis de que cualquier acuerdo político debe llevar a consultarle al pueblo si desea renovar los Poderes Públicos porque de lo contrario se estaría violando la Constitución. En ese sentido, destacó que unas negociaciones entre el gobierno y dirigentes de la oposición es asimétrica y que las conversaciones deben llevarse a cabo entre los Poderes Públicos, en este caso, el Ejecutivo y la Asamblea Nacional.
“La piedra de tranca, el núcleo fundamental es la presidencia de la República. Yo diría que los radicales de la oposición que insisten en que Maduro no esté deben moderar su posición, que logren lo fundamental que son nuevas elecciones. ¿Cómo se logra? eso no se pude decidir ni en Oslo ni en Barbados, eso solo lo puede decidir el pueblo de Venezuela. De lo contrario sería algo inconstitucional”, advirtió el investigador.
A su juicio, a menos de que Nicolás Maduro renuncie no hay nuevas elecciones presidenciales constitucionalmente establecidas
Considera Alcalá que si la oposición consigue lo sustancial que es ir a elecciones en condiciones de alta confiabilidad, debería conformarse con eso. Para ello trae a colación su propuesta de anexar, a una consulta popular sobre si se desea renovar a los Poderes Públicos, una pregunta acerca de recomponer al Consejo Nacional Electoral con una fórmula mediante la cual habría dos rectores designados por el Ejecutivo, dos por la Asamblea Nacional y uno de común acuerdo.
Añadió que la propuesta de Juan Guaidó de cese de la usurpación (que Nicolás Maduro quede apartado del poder), gobierno de transición y elecciones libres, no está ajustado a la Constitución
Óscar Vallés invitó a ver la negociación no como una puerta de entrada y otra de salida sino como un proceso. “Esto apenas comienza. Se trata de hacer una transición política en Venezuela, negociada entre un factor político que tiene vocación de hegemonía y poder sin escrúpulos como la revolución, versus un sector de la oposición que trata de mediar sin hacer uso de la violencia ni contra aquéllos ni contra la sociedad, de producirse protestas masivas. Así que uno puede ver un proceso electoral como el inicio de una transición o como el resultado de una transición. Yo estoy viendo las elecciones más como un final, producto de un proceso que está pasando”.
Vallés opinó que el proceso va a llevar mucho tiempo debido a que el equipo de Guaidó, en Barbados no tiene capacidad para comprometerse y “si lo hace está cometiendo un gravísimo error. Hay procesos de negociación que se llevan de tres o cuatro años, pero en el transcurso suceden cambios haber reformas económicas importantes, del estado de derecho, de la justicia”.
Divisiones en cada bando
Otro elemento que matiza las expectativas de obtener “humo blanco” en las conversaciones de Barbados es el de la evidente existencia de bandos dentro de cada sector político. Mientras el propio Nicolás Maduro habló sobre la posibilidad de “ceder” en los acercamientos, el presidente de la asamblea constituyente, Diosdado Cabello, negó tajantemente que las conversaciones puedan conducir a unas elecciones presidenciales. De igual manera, del lado de la oposición figuran quienes como María Corina Machado o Diego Arria, entre otros, se niegan a cualquier pacto con el chavismo.
Para Vallés, la interlocución con el régimen de Maduro es mucho más clara y más confiable desde el punto de vista de los acuerdos que puedan alcanzar o comprometerse que los de la contraparte opositora. Uno de los grandes problemas que tiene el grupo liderado por Fernando Martínez Mottola (representante de Guaidó) en este proceso es que no solamente tiene que tratar de persuadir y convencer a la contraparte del gobierno sino a los socios del equipo de Guaidó que son los partidos que tienen representación en la Asamblea Nacional y más a allá a los factores que en Venezuela hacen vida política en el Frente Amplio Venezuela Libre (FAVL). Aparte del grupo nada desestimable que lideran Antonio Ledezma y María Corina Machado que tienen gran capacidad de generar matrices de opinión”.
Acotó que esto no es nada fácil y que en el sector opositor ve el asunto mucho más turbio porque no solamente hay que tener capacidad de comprometerse en la mesa de negociaciones sino de hacer políticamente eficiente los compromisos que en el papel pudieran presentarse como atractivos para una transición.
Vallés desestimó el rol que pueda desempeñar Diosdado Cabello en las negociaciones. “Él tiene que cumplir ese papel de poner la barra muy alta, que se la está poniendo al mismo Maduro, las bases de la revolución ven en él la satisfacción de sus ideales inmediatos. A lo mejor como María Corina Machado puede representar el extremo del ‘ganamos todos’, Cabello representa el otro extremo de ‘preservamos todo’. Esa es la discusión”.
Agregó que a Nicolás Maduro le interesa que Cabello reitere que no se va a contar y que Maduro va a estar hasta el 2025, y que la capacidad de negociación que tienen los factores internos de la revolución para articular por acuerdos una estrategia conjunta para un proceso de transición es mayor que la que tiene el equipo de Guaidó y factores internos de la oposición “y eso hay que entenderlo”.
Alcalá también restó importancia a las opiniones emitidas por Cabello. “Él siempre juega el papel de policía malo, Mario Silva y él están para eso, ser los más agresivos. En la parte de la oposición está María Corina Machado, quien está encargada de exigir la rebelión de militares, pero quien puede decidir no es Diosdado Cabello, no es la asamblea constituyente, es el pueblo. Si se entiende eso, desaparecen las pataletas de uno y otro lado”.
Recalcó que el único que puede decidir cuestiones que no están contempladas en la Constitución es el pueblo, por lo que reiteró que se debe consultar al soberano para que decida
“El único que puede sobreponerse a la Constitución es el poder constituyente originario, es la base del ejercicio público venezolano. El poder del pueblo no está limitado por la Constitución. El acuerdo debe ser ‘vamos a someter al pueblo nuestras diferencias’. De lo contrario, estaríamos violando a cuatro manos la Constitución», puntualizó.
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