«Puertas Bachelet», el nuevo método de la Dgcim para reprimir a los presos políticos
Según datos de abogados y organizaciones no gubernamentales, entre 40 y 50 civiles o militares permanecen detenidos en Boleíta, el cuartel principal de la Dgcim en el país
Las denuncias contra la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) por presuntas torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes no han cesado desde la publicación del informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
La diputada de la Asamblea Nacional (AN) Delsa Solórzano denunció que este organismo aumentó la represión y torturas contra los prisioneros políticos recluidos en la sede de Boleíta.
«Han instalado unas puertas a las que llaman “Bachelet”», dijo la parlamentaria. «Al grito de “¿querías a Bachelet?, ahí la tienes”, a las cuales les abrieron solo una pequeña hendidura para pasar la escasa comida».
Han instalado unas puertas a las que llaman “Bachelet”. Al grito de “¿querías a Bachelet?, ahí la tienes”, a las cuales les abrieron solo una pequeña hendidura para pasar la escasa comida. 4
— Delsa Solorzano (@delsasolorzano) August 1, 2019
Según datos de abogados y organizaciones no gubernamentales, entre 40 y 50 civiles o militares permanecen detenidos en Boleíta, el cuartel principal de la Dgcim en el país. Los familiares de gran parte de estos presos, casi todos por motivos políticos, han denunciado ser víctimas de torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
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Según la diputada, a los presos en la Dgcim los mantienen esposados «todo el día y sólo les quitan las esposas para comer». Las celdas donde están recluidos no tienen ventilación ni luz solar, además el pozo séptico se encuentra dentro de ellas. «En el mismo lugar comen. Todo a través de las «puertas Bachelet'».
En el informe de Bachelet, publicado el 4 de julio, se señaló a la Dgcim como uno de los cuerpos de seguridad donde se cometen torturas y otros tratos crueles, además de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas.
Solórzano además dijo que teme por la vida de los militares Humberto De La Sotta, Igber Marín Chaparro y Ruperto Molina, al igual que Carlos Marrón (dueño de la página web Dólar Pro) «quienes tienen más de un mes que no son vistos por familiares ni abogados».
También señaló que el buzo profesional Hugo Marino Salas sigue desaparecido forzosamente y es responsabilidad de la Dgcim. La diputada reiteró que «en esas condiciones corren peligro la vida y la integridad física de todos los presos políticos que se encuentra en la Dgcim».
«No se puede guardar silencio ante tanto horror. Tan solo la emisión un informe, por contundente que este sea, no basta. Urge pronunciamiento y acción internacional sobre este tema que obligue al cese de las torturas», aseveró la presidenta de la Comisión especial de Justicia y Paz de la AN, al tiempo que pidió acciones inmediatas de Naciones Unidas y la oficina de Bachelet, al igual que la Organización de Estados Americanos.
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Solórzano afirmó además que la Corte Penal Internacional debe «actuar de inmediato» en el caso de Venezuela. «¿Todo lo ocurrido no les basta para entender el carácter sistemático de la violación de DDHH en nuestro país? La indiferencia y falta de acción de organismos internacionales los hace cómplices de estos graves hechos».
La @IntlCrimCourt debe actuar de inmediato en el caso Venezuela. ¿Todo lo ocurrido no les basta para entender el carácter sistemático de la violación de DDHH en nuestro país?. 9
— Delsa Solorzano (@delsasolorzano) August 1, 2019
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional mantiene un examen preliminar sobre una denuncia de violaciones continuadas a los derechos humanos en el país desde 2014, lo que puede constituir crímenes de lesa humanidad. Por estos hechos, el gobernante Nicolás Maduro y varios de sus funcionarios están siendo investigados como principales responsables.
