A un año del supuesto intento de magnicidio no se ha iniciado un solo juicio
Doce meses después de las explosiones que se produjeron durante un acto de Nicolás Maduro en la avenida Bolívar de Caracas, hay 31 presos, siete personas con medidas sustitutivas y varios solicitados a los gobiernos de otros países, pero aún se espera el arranque de un proceso judicial que aclare el intento de magnicidio del 4 de agosto de 2018
El sábado 4 de agosto de 2018, durante un acto en conmemoración de los 81 años de la creación de la Guardia Nacional encabezado por Nicolás Maduro, se produjeron unas explosiones que causaron la dispersión de la parada militar y la evacuación del Jefe de Estado del lugar.
Posteriormente, el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, aseguró que el mandatario había sido objeto de un atentado y que los estallidos fueron de drones que estaban cargados con C4 en un intento de magnicidio.
Circularon seguidamente imágenes no transmitidas en vivo, en las que los efectivos de seguridad de Maduro rodean al mandatario desplegando láminas de kevlar para protegerle en los momentos que se produjo la primera explosión.
Durante una rueda de prensa, el propio mandatario aseguró que existían sospechas de que el ataque fue propiciado desde Colombia por factores de la «ultraderecha» ligados a sectores de la oposición venezolana. Días más tarde, específicamente el 7 de agosto, acusó a los diputados Julio Borges y Juan Requesens de haber participado de la planificación del hecho.
Desde entonces, los organismos de seguridad han practicado alrededor de 40 detenciones a personas que presuntamente estarían vinculadas al hecho y ha realizado acusaciones contra otros dirigentes.
Pero pasados 12 meses, aún no se ha iniciado el primer proceso contra los imputados. Y, mientras tanto, se ha registrado la muerte de uno de los acusados, como fue el caso del concejal Fernando Albán, se han hecho denuncias sobre supuestos hechos de torturas y violaciones de derechos humanos (DDHH) mientras otros acusados se encuentran fuera del país, como Borges.
Secuestros
El diputado de la Asamblea Nacional (AN) Juan Requesens fue detenido el 7 de agosto de 2018 a pesar de contar con inmunidad parlamentaria. Su audiencia de presentación fue diferida hasta en siete ocasiones, y finalmente el 1º de julio de 2019 se admitieron los cargos y se ordenó el pase a juicio, pero la orden aún no se ha pasado por escrito.
El ocho de agosto fueron aprehendidos el general de División Alejandro Pérez Gámez y el coronel Pedro Javier Zambrano, dos altos oficiales de la Guardia Nacional. Gámez es señalado de ser la persona que suministró información confidencial sobre el lugar, fecha y hora del acto donde estaría Nicolás Maduro. Zambrano habría sostenido comunicaciones con Osman Delgado Tabosky, presunto financista de la operación. Ellos se encuentran recluidos en la sede de la Dgcim.
Los ciudadanos Henryberth Emmanuel Rivas Vivas, Ángela Lisbeth Expósito Carrillo y el coronel Ramón Santiago Velasco García fueron arrestados el 23 de septiembre. El ministro Rodríguez explicó en esa oportunidad que Rivas fue el principal cabecilla de lo ocurrido, ya que supuestamente era el encargado de los drones que se utilizaron en el ataque, mientras que a Expósito la acusan de esconder a Rivas en su casa. El militar aparentemente iba a facilitar la fuga de aquél hacia Colombia.
En octubre se produjo el arresto del concejal Albán, quien el 9 de octubre de 2018, cuatro días después de su aprehensión murió en las instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Sus familiares y abogados han denunciado constantemente que fue objeto de torturas y que realmente fue asesinado, a pesar de que la versión oficial es que se suicidó lanzándose por una ventana abierta en el piso 10 de la sede del Sebin.
Dos nuevas detenciones con respecto al atentado se registraron el 18 de octubre. Oswaldo Castillo Lunar fue acusado de captar jóvenes para adiestrarlos en acciones subversivas en el municipio Chinácota, en el Norte de Santander, Colombia, mientras que Wilder Anderson Vásquez Velásquez habría encubierto al ya mencionado Rivas Vivas.
El coronel Oswaldo García Palomo fue hecho prisionero el 4 de julio de 2019 y sobre él pesa la acusación de haber sido el contacto en Colombia del grupo que se entrenó en Chinácota para perpetrar el atentado. Se encuentra recluido en la sede del Dgcim.
Junto a García Palomo fueron aprehendidos también otros oficiales retirados de menor rango y algunos civiles, como Alberto Salazar, Antonio Iabichela, Miguel Palacios, y Johnny Mejías. Acusados de haber participado en la planificación del atentado contra Maduro y de una serie de asesinatos selectivos, se encuentran en la sede de la Dgcim.
Además de ellos, fueron excarcelados pero con medidas cautelares sustitutivas los ciudadanos Bryan Oropeza Ruíz y Yannina Fabiana Pernía. Recibieron los beneficios porque su implicación en los hechos habría sido «menor».
En el exterior
Osman Delgado Tabonsky es señalado do de financiar a los autores materiales del atentado. Se encuentra en la ciudad de Miami, estado de Florida, EEUU. El gobierno incautó dos clínicas, una finca, apartamentos y varios locales comerciales.
Rayder Russo es el presunto planificador logístico del atentado. Aparentemente fue el encargado de captar y entrenar a los autores materiales. Se encuentra en Colombia.
Julio Borges. Diputado a la Asamblea Nacional. Se le señala de ser el líder de toda la operación para acabar con la vida de Nicolás Maduro. Se encuentra en Colombia.
*Lea también: Abogado de Requesens dice que el Gobierno intenta usar sobornos para inculpar al diputado
