Más de la mitad de los funcionarios acusados por violación de DDHH están libres
Esta es la segunda ocasión en 2019 que Tarek William Saab ofrece datos sobre delitos vinculados a violación de derechos fundamentales, aunque no están disgregados y, por tanto, no se conoce cuántas han sido las acusaciones o personas procesadas por cada uno de estas trasgesiones
Nuevamente el fiscal general designado por la asamblea constituyente, Tarek William Saab, dejó en evidencia la actuación deficiente del Ministerio Público (MP) en casos de violaciones a los derechos humanos en el país. Durante la presentación del balance de dos años de gestión, reveló que más de la mitad de los funcionarios de cuerpos de seguridad acusados por violación de DDHH están libres.
En una rueda de prensa desde la sede del MP, Saab detalló que en materia de «defensa de los derechos humanos» su gestión ha logrado 695 acusaciones contra funcionarios de distintos organismos de seguridad por homicidio, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes o privación ilegítima de libertad.
Por estos delitos están detenidos 353 personas y 406 funcionarios están siendo investigados por su gestión por violaciones a los DDHH.
Esta es la segunda ocasión en 2019 que Saab ofrece datos sobre delitos vinculados a violación de derechos fundamentales, aunque no están disgregados y, por tanto, no se conoce cuántas han sido las acusaciones o personas procesadas por cada uno de estas trasgesiones.
El fiscal tampoco ofreció cifras sobre las investigaciones iniciadas durante sus dos años de gestión por violación a DDHH. En junio aseveró que en los primeros cinco meses del año «hemos procesado 3.820 casos, por los cuales se han privado de libertad 57 funcionarios y nueve particulares. Asimismo, han sido presentadas 126 acusaciones y se han logrado 22 condenas».
Sobre la actuación en materia antidroga, Saab dijo que en estos dos años han realizado 8.750 acusaciones, se lograron 3.289 sentencias condenatorias y se disminuyó en un 38% la cantidad de sobreseimientos. En esos procedimientos se logró la incautación 65.9 toneladas de estupefacientes, la mayoría cocaína.
*Lea también: Saab presentó balance sobre tráfico de drogas sin hablar de funcionarios implicados
Además, detalló que existe una nueva modalidad para la venta de drogas y es por redes sociales, donde se ofrecen productos con estas sustancias ilícitas. Saab mencionó que en el caso de una cuenta en Instagram que vendía galletas y tortas hechas con marihuana en el estado Bolívar, se logró la detención de las personas implicadas.
En materia de la lucha contra la corrupción, el fiscal dijo que en su gestión se han logrado desmantelar 20 tramas dentro de la industria petrolera, por lo que más de 100 funcionarios de Pdvsa y sus filiales están siendo procesados, 28 de ellos correspondían a altos cargos en esas empresas.
También hay 100 funcionarios del MP investigados por actos de corrupción. El fiscal destacó que implementó un plan piloto de rotación de fiscales en salas de flagrancia, para evitar estos delitos.
Saab señaló que se han realizado 6.910 imputaciones, 1.900 acusaciones fiscales y 644 sentencias, por lo que hay más de mil personas condenadas.
El funcionario destacó que en dos años han recibido 892.803 casos, de los cuales un 59% corresponde a delitos comunes y el 10% a violencia contra la mujer. Aseveró que en la gestión de Luisa Ortega Díaz, a quien acusó de estar «escondida en Colombia rodeada de paramilitares», se cerraron muchos casos de femicidio sin investigar.
Sanciones
El fiscal impuesto por la asamblea constituyente se sumó a los pronunciamientos del régimen de Nicolás Maduro contra las sanciones impuestas por Estados Unidos el lunes 5 de agosto contra el gobierno de Venezuela, lo que calificó como una «nueva agresión criminal y genocida de la administración estadounidense con el bloqueo, una nueva acción coercitiva en contra del pueblo».
Saab afirmó que la decisión de la administración de Donald Trump es una «acción conducida» en contra de toda la población venezolana. «Eso es mentira que es contra cuatro o 20 miembros del gobierno venezolano».
A su juicio, estas sanciones también representan una «violación masiva» a los derechos humanos del pueblo de Venezuela, en sus derechos a la salud, alimentación, a tener una vida digna «y por supuesto genera dificultades que podríamos calificar como un crimen de lesa humanidad pues afecta de manera generalizada a toda la población».
