La crisis obliga a sesiones extraordinarias en la AN pese al receso legislativo
Juan Guaidó aseveró que quien está de “vacaciones” es el régimen de Nicolás Maduro, “desde hace años para atender los problemas de Venezuela”
La acelerada crisis económica, política y social del país ha obligado durante tres años consecutivos al Parlamento venezolano de relegarse de la comisión delegada, un órgano que entra en funcionamiento durante el receso legislativo que obliga la Constitución al poder Legislativo y estará vigente al 15 de septiembre.
Durante la instalación de la comisión delgada, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, aseveró que “esta crisis exige de todos los diputados”, por lo que el parlamento venezolano se mantiene “firme ante la persecución de un régimen que no respeta la Constitución”.
Como primer orador luego de instalada la comisión, donde se aprobó convocar una sesión extraordinaria para el martes 20 de agosto, el presidente de la AN destacó que no es a través de la fuerza que impedirán la actuación del poder Legislativo, en referencia a las decisiones que ha tomado la asamblea constituyente desde principios de mayo para vulnerar el fuero de los diputados, bajo la acusación de estar involucrados en los sucesos del 30 de abril.
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Esas decisiones “de fuerza” no solo incluyen ahora al Tribunal Supremo de Justicia y la ANC. Una hora después de que se instalara la comisión delegada, el contralor general de la República, Elvis Amoroso, informaba sobre la congelación de las cuentas y prohibición de salida del país para los diputados acusados de “desacato”, además de la inhabilitación política por 15 años para Tomás Guanipa, Germán Ferrer y Julio Borges, los tres actualmente exiliados en Colombia.
“Toda Venezuela y el mundo nos acompaña, no solo en las decisiones de este parlamento sino en la presidencia encargada que busca soluciones para atender la emergencia humanitaria compleja”, dijo Guaidó.
Además, aseveró que quien está de “vacaciones” es el régimen de Nicolás Maduro, “desde hace años para atender los problemas de Venezuela”.
Denuncias y trabajo por venir
La diputada Nora Bracho, presidenta de la Comisión de Administración y Servicios, dijo que aunque es reiterativo hablar del tema eléctrico en el país, es necesario seguir denunciando la situación del occidente del país, en específico del estado Zulia que desde la mañana del 15 de agosto no tenía luz por la caída en las líneas de transmisión de 450 megavatios y una explosión en la subestación Pomona.
“No ha habido gestión, no ha habido gerencia y ahora lo que hay es destrucción”, sentenció la parlamentaria, al tiempo que insistió que Caracas es una “burbuja” y el resto del país sufre los embates de la crisis debido a la falta de inversión en el Sistema Eléctrico Nacional.
“Esto un grito de auxilio desde el occidente: tenemos que parir urgente este cambio, no podemos darle un minuto más al régimen”, afirmó Bracho.
Por su parte el presidente del Parlamento Amazónico, Ramón Flores, insistió sobre el ecocidio que se realiza en el Arco Minero del Orinoco, una zona de más de 11 mil kilómetros cuadrados de extensión manejada por militares y cuyo decreto de origen fue derogado por la Asamblea Nacional en manos de la oposición.
“Explotan de manera indiscriminada el oro, el coltán, bauxita, hasta el diamante y el dinero va a los bolsillos de unos pocos”, dijo Flores, al tiempo que destacó que la contaminación por mercurio en los caudales debido a la minería ilegal afecta la supervivencia de los 35 pueblos indígenas que se ubican en el país.
El diputado recordó que el Arco Minero comprende el 70% del territorio del estado Bolívar y un 12% de la superficie del país, lo que ponen en riesgo las reservas de agua de gran parte de la población del sur y oriente del país. “Sin el sur, el norte es inviable”:
Flores destacó que las denuncias sobre el Arco Minero serán llevadas junto a la Comisión de Ambiente a Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Unesco e incluso el Vaticano, donde se tiene previsto una reunión el mes de octubre.
En este punto, el presidente de la AN acotó que espera que la comunidad internacional “no tarde años en reconocer el ecocidio”, como sucedió con las denuncias de una emergencia humanitaria en el país. Además, Guaidó aseveró que la minería ilegal es permitida por la “dictadura” y usada para mantener a grupos y facciones irregulares presentes en el país, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Por último, la diputada Dennis Fernández, presidenta de la Comisión de Política Interior, recordó que el viernes 16 de agosto se cumplen 100 días de la detención del primer vicepresidente del parlamento, Edgar Zambrano, “un hombre de conciliación y paz, parlamentario de carrera”.
Fernández destacó que el diputado es un civil preso en una cárcel que debería estar destinada solamente a la detención de militares, al tiempo que recordó la situación del sindicalista Rubén González, de Ferrominera del Orinoco, recientemente condenado a 5 años y nueve meses de prisión por un tribunal militar.
“Seguiremos denunciando la violación y persecución. No vamos a dejar de luchar por los presos políticos, por todos aquellos perseguidos de un régimen que no tolera la disidencia”, señaló la parlamentaria.