Bodegones venden en dólares medicinas importadas sin autorización ni registro sanitario
El gobierno, en vez de poner el ojo en la importación de medicamentos para evitar que entren al país fármacos adulterados o falsificados, ha suavizado los controles. Ahora permite que medicamentos ingresen y sean comercializados en el país sin necesidad de tener el registro sanitario venezolano otorgado por el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel
Por Carlos Seijas Meneses y Roison Figuera
Sofisticados insumos como potes de Nutella, tubos de Pringles, cajas de cereal Oreo y tarros de mantequilla de maní no son los únicos productos que en este momento ocupan los anaqueles de bodegones ubicados en Caracas. Estos negocios, que han proliferado en medio de la peor crisis económica de la historia del país, venden en dólares y sin registro sanitario blísteres de medicamentos importados, entre ellos antihipertensivos, antibióticos y antidepresivos, pese a que no están autorizados para expender ningún tipo de medicinas y menos aquellas que deben venderse con récipe médico.
Cinco dólares cuesta el blíster de diez pastillas del antibiótico amoxicilina en un bodegón ubicado en Santa Mónica, en el municipio Libertador al sur de Caracas, donde los empaques de los alimentos, medicinas, chucherías, productos de higiene personal y de limpieza del hogar tienen pegados unos llamativos papelitos fosforescentes con los precios expresados en dólares.
También aceptan bolívares al cambio del día, pero no trabajan ni de broma con la tasa que publica el Banco Central de Venezuela (BCV). En moneda nacional, la amoxicilina sale en más de 70.000 bolívares al tipo de cambio no oficial (15.779,54 Bs/$) del 19 de agosto.
Otros de los medicamentos que hay en el negocio es levotiroxina para pacientes con problemas de tiroides. Diez unidades de 100 mcg cuestan 2,5 dólares. Un blíster de losartán potásico –un antihipertensivo– de 50 mg vale en el establecimiento un dólar y medio. La decena de pastillas tanto de diclofenaco de 50 mg, como de acetaminofén de 500 mg, cuestan un dólar. Diez unidades de esomeprazol de 20 mg tiene un precio de seis dólares, y de ibuprofeno de 800 mg dos dólares.
“Solo 4% de nuestros productos son nacionales, 96% vienen principalmente de Miami y Colombia. De Estados Unidos la mercancía viene en barco”, dijo el encargado del bodegón, quien solicitó el anonimato.
En el bodegón de CineCitta, una heladería y restaurante ubicado en el Centro Polo en Colinas de Bello Monte, también venden medicamentos. Las cajas de los productos no tienen los precios. Hay que consultarles a los trabajadores, quienes los dan en dólares.
Cada blíster de diez pastillas del antibiótico ciprofloxacina cuesta nueve dólares, o poco más de 126.000 bolívares, es decir, tres salarios mínimos. El antihipertensivo Valsartán con diurético tiene un precio de ocho dólares. El blíster de losartán potásico, en cinco dólares. Veinte pastillas del diclofenaco (50 mg) tiene un precio de cuatro dólares y un frasco de Broxol, ocho dólares.
Amitriptilina, un antidepresivo tricíclico cuya venta es regulada en las farmacias, aquí es de libre venta y su precio es de cinco dólares el blíster de 25 mg
“El acetaminofén (de 650 mg) cuesta cinco dólares, pero solo trae veinte pastillas. Te saldría mejor comprar este frasco de ibuprofeno (200 mg) que trae 500 tabletas y cuesta once dólares”, aconsejó una trabajadora a un consumidor que preguntó cuál era el precio del acetaminofén.
Al margen de la ley
Según la Ley de Medicamentos publicada en la Gaceta Oficial 37006 de fecha 3 de agosto de 2000, los únicos establecimientos autorizados para vender medicinas son las farmacias, tanto públicas como privadas. Ningún laboratorio, droguería o farmacia está autorizado a venderle a los bodegones. De hecho, el artículo 75 de la norma establece que “serán sancionadas con multas que oscilen entre 185 unidades tributarias (UT) y 370 UT las personas que suministren medicamentos en establecimientos distintos a los autorizados”.
Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana (Fefarven), asegura que los bodegones que expenden medicamentos están cometiendo “un ilícito farmacéutico”, pues tienen prohibido venderlos
“Esas empresas como CineCitta ni siquiera son establecimientos farmacéuticos. Traen medicamentos, los venden sin ningún tipo de regulación y no hay nadie que ponga el cascabel al gato. Eso es para que el Ministerio de Salud vaya con las autoridades y decomise todo eso. Eso atenta contra la salud pública. Pueden estar adulterados y no hay nadie que diga o haga algo. Los están trayendo de afuera y están haciendo el negocio del siglo”.
Los bodegones han proliferado en plena crisis de la economía venezolana, la cual se contrajo 52,3% entre el tercer trimestre del 2013 y septiembre de 2018, de acuerdo con el BCV, contracción que según la Asamblea Nacional (AN) aumentó a 63,4% en el primer trimestre de 2019.
Según economistas, una de las razones que explican el auge de este negocio es el precio «barato» del dólar que hace más rentable importar productos que comprar los fabricados en Venezuela. El rezago del tipo de cambio en comparación con el aumento de los precios es generado por la política de contracción del crédito que aplica el BCV a través del encaje bancario marginal.
Muchos de estos bodegones traen la mercancía del exterior a través del servicio de envío puerta a puerta que prestan empresas de courier, ahorrándose trámites y pago de impuestos, sobre todo los aduaneros. Y el gobierno, en vez de poner el ojo en la importación de medicamentos para evitar que entren al país fármacos adulterados o falsificados, ha suavizado los controles.
Ahora permite que medicamentos ingresen y sean comercializados en el país sin necesidad de tener el registro sanitario venezolano otorgado por el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, antes considerado como un organismo regulatorio ejemplar en Latinoamérica y con una muy buena reputación en el mundo
En abril de este año, el Ministerio de Salud emitió la resolución 075, publicada en la Gaceta Oficial 41610, en la que autoriza a las empresas farmacéuticas no domiciliadas en Venezuela importar y comercializar productos farmacéuticos no registrados en el país, ni aprobados como medicamentos de servicio en el territorio.
Para traer medicinas, las compañías extranjeras tienen como opciones establecer una “alianza estratégica” con empresas del Estado, o instalar una “casa de representación, la cual se solicitará a través del Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria”, según el artículo dos de la resolución.
Los requisitos para obtener el permiso de importación y comercialización de productos farmacéuticos son: una carta de solicitud del mismo, la documentación legal de la empresa importadora, el certificado de Producto Farmacéutico vigente según modelo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Registro Sanitario del país de origen y el método de análisis de producto terminado.
En ninguna parte de la resolución se exige el Registro Sanitario venezolano, aun cuando el artículo 18 de la Ley de Medicamentos obliga a que los productos farmacéuticos, ya sean de producción nacional o importados, “deberán ser registrados por un farmacéutico patrocinante ante el Ministerio de Salud” antes de ser elaborados, distribuidos, expendidos o dispensados. El permiso de importación y comercialización se emitirá en un lapso máximo de apenas cinco días hábiles.
Para Ceballos, no es criticable que una empresa tenga una casa de representación y traiga productos al país, pero sí que otorguen en apenas cinco días un permiso de comercialización para el que piden unos requisitos mínimos que ni siquiera incluyen el registro sanitario de Venezuela. Solo el del país de origen.
Cinco días no es suficiente para evaluar y analizar un producto. Además, el gobierno le está entregando la soberanía en materia de medicamentos a otro país al exigir solamente el registro sanitario del país de origen, está prácticamente permitiendo la entrada de medicamentos que no garantizan seguridad. Puede pasar algo parecido como lo que sucedió con las medicinas que vinieron de República Dominicana y con la pasta Colgate”, afirma Ceballos
En julio pasado, autoridades dominicanas desarticularon una organización integrada por siete venezolanos, que se dedicaba a fabricar y exportar medicamentos adulterados que incluso llegaron a circular en Venezuela, principalmente en el oriente del país y en el estado Zulia.
Un mes después, el Instituto de Higiene Rafael Rangel alertó sobre la venta y comercialización de cremas dentales falsas y contaminadas, luego de recibir una denuncia de la empresa Colgate Palmolive. Tras realizar varias pruebas de control de calidad, el Instituto reportó que esas cremas dentales presentan “contaminación microbiológica y ausencia de fluoruro, por lo concluye que el producto se encuentra No Conforme para su uso y consumo, por lo tanto, constituye un riesgo para la salud de la población”.
Esto está ocurriendo en Venezuela pese a que uno de los objetivos de la Ley de Medicamentos es “preservar que en la relación beneficio riesgo terapéutico, la comercialización, producción e importación de medicamentos de calidad, genere saldos favorables a la salud” y regular tanto “la presencia en el mercado nacional de productos farmacéuticos” como “el control sanitario de los medicamentos registrados”, de acuerdo con el artículo dos de la norma.
No son lo que parecen
Que las cajas de las medicinas estén selladas no asegura que el fármaco que se está adquiriendo sea eficaz, pues la línea de la inocuidad en los medicamentos es tan frágil, que incluso por estar expuestos al sol o a temperaturas superiores a los 27 grados pierden eficacia terapéutica. Así lo señala el presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica (Cifar), Tito López, quien advierte a los venezolanos la importancia de adquirir medicamentos solo en farmacias porque es la única garantía que se tiene de consumir fármacos almacenados bajo estándares de seguridad terapéutica.
No se puede importan un producto si no tiene sus controles de las buenas prácticas de manufactura. Estos deben venir en temperaturas no mayores a los 27 grados, no pueden estar expuestas a la luz porque pueden ser fotosensibles y perderían eficacia terapéutica”, explica
Tito López enfatiza que cuando las medicinas ingresan al país en condiciones deplorables pierden su eficacia y eso aplica para medicinas tan comunes como el acetaminofén, hasta para medicamentos hipertensivos o psicotrópicos.
El especialista afirma que las autoridades están en el deber de confiscar las medicinas de bodegones, puestos de buhoneros y otros lugares no autorizados. Asegura que el único ente que es “el brazo ejecutor” para sancionar a quienes expenden estos medicamentos bajo modalidad de contrabando es la contraloría sanitaria.
Mercado paralelo
El máximo representante de la Cifar asegura que el ingreso al país de medicamentos no permisados impacta significativamente a las empresas de producción que decidieron seguir apostando al país «porque se levanta un mercado paralelo al legal».
Infiere en que dentro de la caída del 49% de la producción de medicinas que tuvo el sector en el primer semestre de este año con respecto al anterior, “un alto porcentaje de esa paralización de la rotación de productos ha sido capitalizada por este tipo de contrabando”.
López se refiere a las medicinas por contrabando a aquellas que no son permisadas por la contraloría sanitaria.
Con respecto a las medicinas que ingresan al país bajo el régimen especial que aprobó el gobierno de Nicolás Maduro en el mes de abril “asumimos que son netamente legales y que cumplen con su función”.
Manifiesta que la medida solo debe ser aplicada a productos no fabricados dentro del territorio venezolano. El experto opina que si se aplica sobre los fármacos que tienen el “hecho en Venezuela” en la ética emergerá una competencia desleal.
Nosotros pagamos mano de obra, contrato colectivo, tenemos costos fijos, pagamos impuestos fiscales y parafiscales y estos otros productos no”, expone
El presidente de la Cámara de Industria Farmacéutica recalcó que ninguna farmacia se puede “prestar” para vender medicamentos que no estén permisados, porque estaría incurriendo en un delito grave.
“Las medicinas deben tener su registro farmacéutico o en su defecto el régimen de servicio especial. No se pueden vender medicinas sin permiso. Aunque esto se ve mayormente a través de la buhonería y páginas sociales. Incluso hay denuncias de casas en urbanizaciones en muchas regiones del país y Caracas que venden medicamentos sin control”, dijo a TalCual.
Tito López explica que al momento de importar medicinas se debe tener el registro del producto, el cual debe ser expedido por autoridades sanitarias, en este caso el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel.
Detalla que el instituto certifica que el medicamento tenga eficacia terapéutica, “a través de la fórmula cualitativa y cuantitativa por medio de una serie de documentos que se deben presentar”. Señala que esto es solo el primer paso para que el registro pueda ser otorgado (Esto puede tardar de uno a tres años).
El papeleo a la hora de asumir una importación es un proceso largo pero que según lo señalado por el máximo representante de la cámara “es el deber ser”. Los documentos deben ser presentados ante las autoridades aduaneras, además pagar la nacionalización, esperar porque las autoridades aduanales, del Seniat o del ministerio de la salud certifiquen que las medicinas hayan sido trasladadas bajo los parámetros de importación.
Tito López fue enfático al asegurar que el Instituto Nacional de Higiene del país es un organismo serio y con mucho respeto en la región. En este sentido, celebró las campañas que han surgido para combatir la venta medicamentos irregulares, que ante la escasez cada vez más aguda de medicinas, se ha convertido en la opción a riesgo de quienes padecen alguna enfermedad.
Según el artículo 13, sobre los procesos de compra, recepción, almacenamiento, preparación de pedido, despacho y distribución de medicamentos de la Norma de Buenas Prácticas de Distribución de Medicamentos, la compra de estos insumos debe realizarse sólo a proveedores debidamente registrados ante el Ministerio de Salud y Desarrollo Social.
La normativa señala que los medicamentos deben estar avalados por un Certificado de Control de Calidad original o copia que avale la fiabilidad de los resultados. El manual señala en el artículo 16 que cada lote del producto recibido debe estar acompañado por el certificado analítico correspondiente en original o copia que demuestre sin lugar a dudas que los resultados son fiables”.
