El clientelismo político provoca descarrilamiento del Metro de Caracas
En la nómina del Metro de Caracas hay personal con preparación insuficiente y hasta colectivos. El sistema Metro vive una de sus horas más oscuras, una sombra que se fue instalando por dentro e inevitablemente muestra las costuras. Fallas eléctricas, descarrilamientos, usuarios que caminan a oscuras por lo rieles, escaleras mecánicas, torniquetes y máquinas expendedoras de tickets que quedaron de recuerdo.
Por Alejandro Benzecry y Gabriela Henríquez
El 17 de junio Nicolás Maduro anunciaba en cadena nacional lo que para él era motivo de orgullo: luego de poco más de seis meses, el Metro de Caracas había reactivado la venta de tickets, esta vez a Bs 40. Muchas veces durante la transmisión televisada, el gobernante se jactó de tener el sistema de transporte subterráneo más barato del mundo, por brindar, lo que calificó un “servicio gratis y de calidad”.
Se ufanaba de que nuevamente se vendieran boletos para usar un servicio en el cual 84% de los torniquetes no funciona y 65% de las escaleras mecánicas están paralizadas: de las 320 que hay en todo el sistema, solo 112 están en funcionamiento; y de los 408 torniquetes que conformaron un eficiente sistema de ingreso al subterráneo, 344 están inoperativos, y quedaron como recuerdo de la sincronización de entrada y salida que permitía –entre otras funciones- contabilizar la cantidad de usuarios, según se pudo evidenciar a través de un informe diagnóstico del sistema Metro de Caracas, que fue filtrado por personal interno y al cual se pudo tener acceso.
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Pero el embudo de los torniquetes es apenas el primer obstáculo con el que se enfrentan los usuarios, mientras puertas adentro los trabajadores también lidian con otros problemas que se instalaron en la estructura del sistema.
De acuerdo con Neptalí Pérez, dirigente de Arco Laboral 57, en la Línea 1 en momentos críticos se ha llegado a operar hasta con 6 trenes, cuando lo ideal es que circulen 41, aunque lo normal es que lo hagan entre unos 13 y 20, aproximadamente, que representa apenas la mitad de lo que debería.
«Yo fui operador de trenes durante 30 años, y llegó un punto, ya al final de mi estadía en la empresa, en el que me daba miedo manejar esos vehículos tan deteriorados y con tanta gente dentro».
Explica que los trenes de la Línea 3 que llegaron en 2016 son automáticos y de mejor calidad que el resto. Pero “no llegaron ni a dar la formación para manejarlos. Ni siquiera un curso. Tuvimos que aprender por nuestra cuenta. Incluso el que era nuevo tenía que resolverse”.
Aparte de las irregulares condiciones laborales a las que estaba sometido, subraya que renunció en 2017 por presiones y amenazas, que llegaban mediante llamadas anónimas y a través de las voces de sus mismos compañeros. «Sabemos quién eres y por donde te mueves; no vayas a denunciar esto, me mandaron a decirte; no hagas lo otro, te van a joder», asegura Pérez.
Se pudo tener acceso a varias circulares que las autoridades de C.A Metro de Caracas y los representantes de Sitrameca enviaban a los empleados de la empresa. Las misivas se ensañan contra la guerra económica, los golpes de Estado y el sabotaje, principalmente. De esta forma prácticamente obligan a sus trabajadores a asistir a las marchas y eventos oficialistas, ya que, de no hacerlo, podrían ser considerados traidores o “colaboradores de la derecha”.
«Es muy importante recalcar que seguimos en la línea de depurar los cargos gerenciales y de dirección del Metro de Caracas. FUERA LOS QUE FIRMARON CONTRA NUESTRO COMANDANTE HUGO CHÁVEZ Y CONTRA NUESTRO COMANDANTE OBRERO NICOLÁS MADURO. Recordemos estas palabras: «En Revolución no podemos tener escuálidos dirigiendo instituciones ni mucho menos en puestos claves, sería una bomba de tiempo (…)”, dice parte de un comunicado del sindicato en contra de la manifestación llamada la Toma de Caracas, en 2016.
Trabajar con todo en contra
De los abusos sindicales Wilson Gutiérrez ha recopilado una especie de catálogo. Es compañero de Neptalí Pérez y líder de Arco Laboral 57, despedido de la empresa en el año 2016 cuando cumplía 28 años de servicio. La razón, asegura, fue política.
Explica que durante su último año en la compañía se celebraron las elecciones sindicales. Él y su equipo eran rivales de la plancha liderada por Édison Alvarado, presidente de Sitrameca. El equipo de Gutiérrez comenzó a posicionarse como la plancha ganadora.
Pero las condiciones de esas votaciones no fueron las más idóneas. Detalla que las arbitrariedades empezaron en la asamblea para elegir la comisión electoral que llevaría el proceso. Esta reunión fue convocada en los talleres de la estación Propatria, a las 5:00 pm, algo con lo que Gutiérrez nunca estuvo de acuerdo. “A esas horas no se puede distinguir bien quién levanta la mano y quién no”.
Explica el líder sindical que cada una de las tres planchas en competencia postulaba un candidato para que liderara el posterior proceso de votación. Un mediador tomaba el micrófono y los nombraba uno por uno frente a la multitud de trabajadores, para ver cuál de los contendientes conseguía mayor número de manos alzadas. Un sistema de votación bastante vulnerable.
«Por eso es que los de Alvarado pudieron hacer lo que quisieron». El mediador, impuesto por el presidente de Sitrameca, contaba las manos que quería e invertía los números a conveniencia, asevera Gutiérrez. De esto se pudo dar cuenta el gremialista ya que él y su plancha habían reunido a sus votantes en un sector específico del patio. Gritaban todos exigiendo el reconteo, pero para las autoridades era una «mayoría demasiado evidente» a favor de Alvarado.
El afectado mostró videos de la revuelta y dijo que por lo «descarado del robo” se transformó en una situación confusa dentro de los trabajadores afectos al movimiento Arco Laboral 57, que representa Gutiérrez. Algunos entendían que eran mayoría, pero luego llegó la indignación al presenciar lo que consideraron “un fraude”.
Pero luego las irregularidades no pasaron únicamente por el sesgo de las autoridades electorales. Cuenta Gutiérrez, y muestra fotos que resguarda como prueba de ello, que en los techos de los edificios que rodeaban el lugar se encontraban funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y otras personas a quien identificó como agentes del Sebin; y agregó que en la zona baja del lugar había motorizados armados y un grupo de personas que rodeaban el sitio, pero no trabajaban en el Metro.
Unas personas con equipos de fotografía se situaron en el techo junto a los agentes policiales. En algunas de las fotos que guarda Gutiérrez, señala a Héctor Idrogo Díaz, el entonces gerente general de Protección y Seguridad de C.A Metro de Caracas, el mismo que días después de esa asamblea, plegó las paredes de las estaciones de Propatria, Las Adjuntas y de las oficinas administrativas de La Hoyada con fotos de Wilson Gutiérrez y nueve de sus compañeros, acompañadas por un memorando que decía que la empresa ya no necesitaba de sus servicios.
El sindicalista afirma que todos los involucrados acudieron entonces a denunciar la situación en la Inspectoría del Trabajo, a los ministerios correspondientes e incluso a la Asamblea Nacional, pero no obtuvieron respuesta.
Así que con él y parte de su plancha despedidos, continuó el proceso electoral. Intentaron reintegrar el equipo e introducirlo el día de las elecciones, pero los rechazaron. “Eso está penado en el Convenio 87 de Ginebra ante la Organización Internacional de Trabajo (OIT), sobre la libre actividad sindical”, dice Gutiérrez.
Recurrieron enseguida al Tribunal Supremo de Justicia con todas las pruebas para hacer la demanda. Con la firma del ex magistrado Christian Zerpa, la decisión del Poder Judicial dice lo siguiente:
“La Sala declaró: Primero: Competente para conocer la presente acción de amparo constitucional interpuesta conjuntamente con solicitud cautelar. Segundo: Admite la acción de amparo Constitucional. Tercero: Improcedente la solicitud cautelar”.
Dice el sindicalista que Zerpa aceptó las pruebas, las vio y dijo que tenían razón, pero que en el TSJ no podían hacer nada. “El caso quedó en el aire”, afirmó.
Un sistema controlador en marcha
Prescindir del personal más calificado e inflar la nómina del Metro es parte de una estrategia que intenta controlar lo que ocurre dentro de la estructura del sistema. «El Gobierno tiene que tener gente en todos lados, que escuche y avise lo que está pasando”, explica Leticia Mora, consultora de Recursos Humanos y encargada hasta el año 2017 de 90% de la nómina de la empresa.
Trabajadora con más de 31 años en el Metro de Caracas pudo evidenciar las irregularidades que se cometieron en la organización del recurso humano de la empresa. Explica que existen varias nóminas de empleados, entre ellas están la de Dirección, la de Junta Directiva y la de Personal de Confianza.
Pero en el año 2018 “el Ministerio del Trabajo hizo una reconversión y ya no se supo cómo era la división de las nóminas. Una persona puede estar en la nómina de Dirección, pero realmente trabajando en la sección de Personal de Confianza, lo cual indica que goza de beneficios adicionales, como los Bonos de Responsabilidad”.
Ese año se hizo una homologación de contratos colectivos para que el Estado centralizara todos los cargos, expresa. Un entramado de legislaciones que solo sirven para complejizar el sistema, complicarlo y hacer de la burocracia un arma. Y agrega que para 2012, con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Trabajo, el personal de confianza pasó a no ser de libre remoción, es decir, podrían perpetuarse en los cargos.
De acuerdo con Mora, durante su gestión como presidente del Metro, Claudio Farías pasaba a la entonces gerente general de Recursos Humanos un listado de personas con indicaciones de quienes ingresarían a la compañía. “Fulano de tal, tanto de sueldo, tal cargo. Y así fue que llenaron la nómina, por ejemplo, con las Madres del Barrio, gente de 70-80 años, con discapacidad. Gente que no cumplía con el perfil”.
Ese manejo de la nómina a antojo del presidente de turno no ha caducado. Por ejemplo, figura en la nómina de trabajadores, el diputado de la ANC Francisco Torrealba. Además de legislador, aparece como especialista en operaciones del Metro de Caracas, aunque no trabaje en la empresa.
Según Mora, en el transcurso del año 2009, la «gerencia de Reclutamiento y Selección dejó de funcionar». Explica que las contrataciones ya no le corresponden a un equipo especializado o calificado para seleccionar los nuevos ingresos. Son, desde hace tiempo, una simple tarea que toma el presidente de la empresa o del sindicato.
Durante su último año en la organización, constató que había más de mil personas que realmente no trabajaban en la empresa, pero que sí se encontraban en la nómina general del Metro de Caracas. “En el 2017 había unas 1.200 personas que no eran del Metro. Colectivos, gente que barre, gente que acude a las marchas».
Resalta que existe en nómina una figura llamada Comisión de Servicios. A través de ella, un empleado puede estar beneficiado por el contrato colectivo del Metro, ir a prestar un servicio en un ministerio y así cobrar en ambos entes. Pero no se hace un seguimiento de los casos.
Asegura que hay muchas comisiones, mucha gente arropada por esa figura. Explica que esta modalidad no puede superar los seis meses, pero pasan años y las personas aún se encuentran en ellas incluso sin siquiera hacer los trabajos.
Conseguir su jubilación fue una tarea titánica, asevera. Sin embargo, a diferencia de muchos otros empleados, Mora pudo obtenerla y librarse de lo que ella afirma era una persecución psicológica por ser de oposición. La bajaron de rango, la cambiaron de estación y entendió “por donde iban los tiros”.
Lo que fue un servicio insignia en Latinoamérica y el mundo hoy confina a sus trabajadores en un retiro para algunos cruel y para otros deseado. En el año 2016 se presentaron 2.300 renuncias en el Metro de Caracas en menos de un mes. “Fue tan fuerte la coyuntura, que la gerencia de recursos humanos colocó un cartelito en el que decían que no se aceptaban más renuncias”, dice Alberto Vivas, vicepresidente de Familia Metro.
Pero Vivas hace énfasis en que el deterioro en el servicio no se debe tanto a las renuncias del personal, sino a la poca preparación que reciben los potenciales y futuros empleados de la compañía, desde hace unos 15 o 20 años atrás.
En ese entonces, un mínimo requisito para ser operador de trenes o de estaciones era el título de bachiller, y en el caso del conductor de metrobuses, se debía haber llegado por lo menos al tercer año de bachillerato. No obstante, asegura el gremialista, “ese perfil dejó de ser aplicable porque empezó la contratación según la ideología del partido de gobierno”. De hecho, menciona que en el primer curso de entrenamiento de operadores realizado en el año 2000, ya no se trataba de “Curso de Operador de Operaciones”, sino “Curso de Operadores Socialistas”.
Vivas subraya que el control del sindicato permitió que el embudo ideológico y político fuera posible, “y es por ellos que la empresa Metro de Caracas redujo el período de entrenamiento de seis meses a solo 45 días, e impusieron una cátedra de sociopolítica, en la que fundamentalmente les enseñan las fases de la revolución chavista y ese tipo de cosas”.
El resultado es que esa estructura que durante la década de los 90 se convirtió en un modelo emblema de la gestión del transporte público en Latinoamérica, hoy se descarrila por dentro y por fuera.
