Maduro arrecia persecución al allanar casas de funcionarios de Guaidó
La persecución y detención de opositores es uno de los puntos resaltantes del informe que publicó la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en julio de este año
El régimen de Nicolás Maduro arreció la persecución la primera semana de septiembre contra funcionarios que han sido nombrados por Juan Guaidó, mandatario interino reconocido por más de 50 países desde enero, en puestos clave como embajadas o juntas directivas de empresas en el exterior.
Los primeros allanamientos contra figuras del gobierno de Guaidó se realizaron el 3 de septiembre, han sido llevados a cabo por funcionarios de distintos cuerpos de seguridad como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), y algunos con órdenes de allanamiento emitidos por un tribunal.
A Javier Troconis, comisionado presidencial para la gestión y recuperación de activos, le fue requisada su vivienda ubicada en Lechería (estado Anzoátegui). Los funcionarios del Sebin se llevaron documentación que encontraron en la casa y algunas tarjetas bancarias que habían expirado, según el portal web El Pitazo.
Troconis fue designado como comisionado el 28 de agosto por Guaidó. Anteriormente se desempeñaba como asesor petrolero y trabajó por más de 20 años en Anzoátegui como director de la compañía T & C Services, la cual prestaba servicios ambientales y tenía un contrato de manejo de coque en el Complejo Criogénico de José.
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En ese localidad también se registró el allanamiento a la vivienda de Carlos Balza, nombrado por Guaidó en febrero como parte de la junta ad hoc de Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Desde 2011, el funcionario se encuentra fuera del país.
La persecución y detención de opositores es uno de los puntos resaltantes del informe que publicó la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en julio de este año y donde se recomienda liberar a todos los presos políticos y detener, condenar públicamente y prevenir estos actos, “incluidas la retórica estigmatizadora y las campañas de desprestigio”.
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El informe de Bachelet dejó sentado que las autoridades venezolanas “han atacado especialmente a determinadas personas y grupos, entre ellos a miembros de la oposición política y a quienes se considera que constituyen amenazas para el Gobierno por su capacidad para articular posiciones críticas y movilizar a otras personas”.
Para la alta comisionada de Naciones Unidas, esta “represión selectiva” se exterioriza en múltiples violaciones de los derechos humanos, “que pueden constituir persecución por motivos políticos”, por lo que considera necesario una mayor investigación “para determinar la pertinente responsabilidad del Estado y la responsabilidad penal individual”.
Perseguidos en todo el país
Otros de los afectados por estas medidas de persecución son los embajadores Carlos Vecchio (Estados Unidos) y Gustavo Tarre Briceño (Colombia), ambos fuera del país desde hace años y ejerciendo estos cargos diplomáticos desde principios de 2019.
El embajador Vecchio denunció hace meses que sus padres, radicados en Monagas, estaban siendo hostigados por las autoridades de esa entidad, que pertenecen al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). El jueves 5 de septiembre también le fue allanada su vivienda en Caracas, aunque no ofreció mayores detalles.
Ayer el régimen allanó mi casa en Caracas. Pocos meses atrás se metieron con mi familia en Caripe. El régimen solo sabe d represión.Estos ataques nos dan más fuerza para seguir hasta lograr la libertad d Venezuela
— CARLOS VECCHIO (@carlosvecchio) September 6, 2019
En el caso de Tarre Briceño, los funcionarios del Sebin ingresaron a la vivienda ubicada en el sureste de Caracas el 5 de septiembre. La orden judicial provino del Juzgado tercero de primera instancia y jurisdicción nacional, con competencia en casos de terrorismo.
La orden habría sido dictada el 30 de agosto, y se instruía “buscar material audiovisual, sistemas de almacenamiento masivo, sistemas de comunicación satelital, registros bancarios e instrumentos financieros, computadores portátiles y armas de fuego, además de otros implementos relacionados con la comisión de un hecho punible”.
El embajador, actualmente radicado en Bogotá, dijo que esa vivienda está en condición de alquiler desde hace años, y las personas que actualmente residen en el apartamento no tienen relación alguna con su persona o sus actividades políticas.
La hermana del embajador, Maruja Tarre, detalló a través de las redes sociales que de la vivienda se llevaron equipos de computación, aunque no supo determinar si eran propiedad de su hermano o pertenecen a los inquilinos.
Aparentemente el allanamiento terminó. Se llevaron computadoras, teléfonos. No se si son viejos, de cuando Gustavo vivía en Venezuela o actuales, de los inquilinos. No parecen haber causado grandes destrozos.
— marujatarre (@marujatarre) September 5, 2019
El último de los allanamientos se realizaría a la casa de la abogada Tamara Suju, presidenta del Instituto Casla y quien renunció al cargo de embajadora ante República Checa el 1° de agosto.
#Urgente. En estos momentos CICPC con orden de Allanamiento están en Mi Apto, ubicado en Colinas Quinta Altamira de el Márques y en el de mis hermanos, ubicado en Colinas de Bello Monte. Que buscan? Será cuadros y platos. Porque nada más hay.
— Tamara Suju (@TAMARA_SUJU) September 6, 2019
Suju denunció a través de su cuenta en Twitter que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) tenía órdenes judiciales para ingresar a su vivienda, en la cual no reside desde hace cinco años, y la de su hermano, ambas ubicadas en Caracas.
Además, indicó que llevará la denuncia a la Corte Penal Internacional, con el objetivo de que se sume al expediente por represión y persecución sistemática que lleva la CPI sobre Venezuela.
Sujú le dio continuación a su denuncia al informar, vía Twitter, que agentes de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) también allanaron la vivienda de Carmen Alguindigue, profesora que defendió a los estudiantes universitarios durante las protestas y miembro del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y de la Universidad Metropolitana.
Urgente: En estos momentos agentes armados del FAES allanan vivienda d la Profesora Carmen Alguindigue, defensora de los estudiantes universitarios en las protestas. Miembro del centro de derechos humanos de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Metropolitana.
— Tamara Suju (@TAMARA_SUJU) September 6, 2019
