¿Qué pasa en el tablero político venezolano tras la fallida negociación en Barbados?
En menos de 24 horas, el tablero político venezolano cambió las caras aunque manteniendo un mecanismo: el diálogo o negociación entre los actores políticos
La tensión política en Venezuela sigue aumentando mientras el oficialismo y la oposición buscan lograr consensos que lleven al escenario de unas elecciones libres bajo un nuevo Consejo Nacional Electoral. En menos de un día, los actores se reacomodaron en «nuevas» estrategias.
El domingo 15 en la noche, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, emitió un comunicado donde daba por “agotada” la negociación que sostenía con representantes del régimen de Nicolás Maduro bajo la mediación del reino de Noruega.
Guaidó, quien es reconocido por más de 50 países como mandatario encargado desde enero, señaló que Maduro buscó excusas para desistir del mecanismo de Barbados, en el que la oposición planteó una propuesta de cinco puntos y que incluía la creación de un consejo de gobierno de transición, donde estarían incluidos todos los sectores.
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Pero este mecanismo, que propuso el reino de Noruega y cuyos contactos formales iniciaron en mayo, ya había sido vetado por parte de la oposición venezolana.
La dirigente María Corina Machado, líder de Vente y la plataforma Soy Venezuela, rechazó la implementación de un “diálogo” -pese a que la comunidad internacional apuesta por ello– debido a que solo servía “para oxigenar a la dictadura”.
Por su parte desde Avanzada Progresista, Soluciones, partido Cambiemos y el Movimiento al Socialismo (los mismos partidos que ahora firman un acuerdo con Maduro) se promovía la opción del diálogo pero con la inclusión de todos los actores de oposición, pues alegaban que no se representaban todas las tendencias y posiciones dentro de la oposición.
Dentro del oficialismo también se levantaron las voces disidentes. En febrero, el Partido Comunista de Venezuela (PCV) y Patria Para Todos (PPT) solicitaron a Maduro que informara sobre las reuniones con actores nacionales e internacionales, lo que incluía los temas a discutir.
¿Negociando o dialogando?
En el contexto político venezolano se han confundido los conceptos de negociación y diálogo, muchas veces promovido desde la retórica oficialista. Lo primero implica que ambas partes están dispuestas realizar planteamientos y llegar a acuerdos para la resolución de un conflicto; lo segundo, implica reuniones para conversar sobre temas álgidos, pero no necesariamente conducen a un convenio entre los involucrados.
Bajo esta premisa, desde la llegada de Nicolás Maduro al poder se ha producido una mesa formal de diálogo (abril de 2014) y dos mecanismos de negociación (República Dominicana en 2017 y Oslo-Barbados en 2019).
En ninguno de esos mecanismos de negociación se llegaron a acuerdos concretos, aunque hubo documentos formales entre ambas partes. En República Dominicana, incluso llegaron a existir tres propuestas: la del oficialismo, oposición y la que planteaban los mediadores.
Tras el cierre del proceso bajo la mediación de Noruega, tan solo se conoce lo planteado por la oposición que representa Juan Guaidó y que constaba de cinco puntos principales:
- Creación de un consejo de gobierno de transición, basado en la Junta de Gobierno de 1958, donde estén incluidos todos los sectores, incluso una representación de la Fuerza Armada. Esto implicaría la salida de Maduro del poder y su separación del cargo como mandatario encargado hasta unas elecciones.
- Ingreso inmediato de la ayuda humanitaria con apoyo de organismos multilaterales.
- Acuerdo para superar la crisis económica.
- Garantías para la participación electoral.
- Protección del Esequibo.
Guaidó dijo en una rueda de prensa el lunes 16 de agosto que su propuesta era clara, transparente y avanzada, «tan avanzada ya una solución que el régimen salió corriendo por primera vez en 20 años».
Mientras el presidente de la AN declaraba sobre el cierre del mecanismo en Barbados, cuatro partidos minoritarios de oposición firmaron un acuerdo con representantes del régimen en la sede de la Cancillería.
En esa «mesa nacional de negociación, diálogo y paz» se plantearon diez «acuerdos parciales» que «estarán acompañados de mesas técnicas especializadas en cada tema a tratarse, con el fin de perfeccionar su contenido, aplicación y ejecución, además, de adecuarlo al marco normativo nacional».
Los acuerdos firmados son:
- Incorporación a la Asamblea Nacional de la fracción parlamentaria del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y sus fracciones aliadas.
- Atender con la prontitud y la urgencia del caso, la nueva conformación del Consejo Nacional Electoral (CNE) y las garantías electorales que deben acompañar los procesos de votación.
- Exhortar al sistema de justicia, mediante la comisión de la verdad de la constituyente, para que acuerde medidas de sustitución de privación de libertad.
- Defender derechos de Venezuela sobre el Esequibo mediante la negociación política.
- Rechazar la aplicación de sanciones económicas contra el país y exigir su levantamiento.
- Instrumentar el «Programa de intercambio de Petróleo por Alimentos, medicamentos e insumos para servicios básicos» en concordancia con el mecanismo técnicos existentes en el sistema de Naciones Unidas.
- Avanzar en acuerdos sobre el balance y el equilibrio entre los poderes constituidos, tales como: el funcionamiento de la ANC, el mecanismo de normalización institucional, el conflicto entre poderes y la superación del desacato de la Asamblea Nacional.
- Acuerdo que incluirá todos los procesos electorales que se deberán realizar en un clima de convivencia, garantías electorales amplias y normalidad política y social.
- Acuerdo para la aplicación de la representación proporcional establecida en la Constitución.
- Acuerdo para el trabajo coordinado entre el sector público y la empresa privada.
¿Qué más hay en el tablero?
Juan Guaidó ha dicho en numerosas oportunidades que, como mandatario encargado, seguirán en todos los tableros para lograr una salida a la situación política y, en particular, lograr el cese de la usurpación de la Presidencia de la República, tal como lo declaró la Asamblea Nacional en enero de este año.
Las últimas «jugadas» de Guaidó se han trasladado a la aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), un instrumento suscrito por 19 países pertenecientes a la Organización de Estados Americanos (OEA) y que entre otras cosas, tiene previsto el uso de la fuerza para resolver los ataques contra cualquiera de sus naciones.
El objetivo principal del TIAR, un acuerdo suscrito luego de la Segunda Guerra Mundial, es que considera que cualquier ataque contra uno de sus integrantes se tomará como un ataque contra todos, lo que crea un compromiso para defender al afectado.
Incluye represalias como el retiro de los jefes de misión, la ruptura de las relaciones diplomáticas o la ruptura de las relaciones consulares, todas medidas que están en acuerdos más generales como la Carta Democrática de la OEA.
Entre las medidas contundentes del TIAR están «la interrupción parcial o total de las relaciones económicas, o de las comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, telegráficas, telefónicas, radiotelefónicas o radiotelegráficas, y el empleo de la fuerza armada»
Ese empleo de la fuerza ha sido cuestionado por el régimen de Maduro y también los partidos que firmaron los acuerdos el lunes 16, mientras que partidos como Vente Venezuela además apuestan a que la Asamblea Nacional apruebe la aplicación del artículo 187, numeral 11, donde se contempla la aprobación de misiones militares extranjeras en suelo venezolano.
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Actualmente, el gobierno interino de Guaidó espera que se reúna el órgano de consulta del TIAR y apruebe el reingreso de Venezuela, así como las acciones que tomarán los países para responder a la crisis venezolana.
Otra de las piezas que dependen del concierto con la comunidad internacional son las sanciones. Hasta ahora, la administración de Donald Trump ha llevado a cabo un conjunto de medidas para bloquear los bienes y señalar a funcionarios de Maduro en suelo estadounidense para limitar su actividad económica.
Las sanciones también han recaído sobre el sector económico, específicamente Petróleos de Venezuela y sus filiales (Citgo, ahora en manos de Guaidó), el Banco Central de Venezuela y algunas instituciones como el Bandes.
La Unión Europea también ha aplicado sanciones que afectan al régimen de Maduro, aunque se han limitado solo a señalar funcionarios particularmente por violaciones de derechos humanos. La coalición se ha inclinado más hacia la consecución de una salida negociada, por lo cual se creó el Grupo Internacional de Contacto, que apoya el mecanismo de negociación propuesto por Noruega.
La presión de calle también es otro de los escenarios del mandatario encargado. Desde hace tres semanas, se activó nuevamente la llamada «Operación Libertad» con el objetivo de hacer recorridos y movilizaciones regulares en todo el país, especialmente los fines de semana, con el objetivo de «mantener el pueblo en la calle».