Ciudadanos y comerciantes temen por los verdaderos objetivos del censo (II)
Al clima de incertidumbre reinante en el país por la situación política, social y económica se añade otro elemento: un censo de población y vivienda adelantado cuyos empadronadores serán miembros activos del PSUV y milicianos, y del que se teme tengas fines meramente políticos
Deisy Martínez
La afirmación del vicepresidente territorial y ministro de Planificación Ricardo Menéndez hace dos semanas causó sorpresa y cierta angustia en la población. El noticia del adelanto del XV Censo de Población y Vivienda -cuyos preparativos se habrían venido realizando desde 2018-, para este año fue recibida con estupor en diferentes sectores del país, pues de acuerdo con lineamientos internacionales este tipo de eventos tienen lugar cada 10 años (el último en nuestro país fue en 2011), por lo que correspondería realizarlo en el 2021.
La información revelada por el funcionario contenía otras novedades, entre ellas que el sondeo se haría por fases y sería realizado por personal acreditado del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) como empadronadores, pero también por activistas políticos como los integrantes de la milicia y del partido Somos Venezuela.
La organización civil MiCondominio.com, dirigida por Elías Santana, fue la primera en alzar una voz de alerta y hasta consignó una misiva dirigida a Menéndez en la que le solicita una serie de explicaciones acerca del adelanto del censo y la escogencia de los empadronadores.
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“En esa carta como grupo ciudadano le decimos al ministro que nos extraña esta circunstancia, es un acuerdo internacional desarrollar los censos en los años que terminan en cero o en 1 y en nuestro caso toca en el 2021, le preguntamos por qué el apremio. Se habla además de que tres componentes participarán en el censo: la milicia, el partido Somos Venezuela y el poder popular, representado por los consejos comunales, pero hay muchos en el país que no están registrados y de las UBCH que son instancias del Psuv. Los partidos tienen derecho a organizarse pero no para un censo, siempre se han seleccionado a estudiantes universitarios mediante concurso público y se les da una preparación previa”, expresa Santana.
El dirigente también menciona que se hace un extraño énfasis en que se trata de un censo inmobiliario y asignarán un código QR para darles a personas determinadas toda la información sobre las características internas de una vivienda. Dijo que en las asambleas de vecinos y organizaciones se ha despertado la inquietud por revelar a un activista político y por el destino de tales datos el uso de cada hogar, cuántos integrantes de la familia viven allí o si los propietarios están fuera del país. Recordó que de una consulta nacional de este tipo depende el situado constitucional, y está dirigida a diseñar políticas públicas en materia de salud, educación y leyes sobre la base de la data recolectada, pero que en la Venezuela de hoy hay motivos de peso para creer que esos no son los objetivos.
“¿Por qué este anuncio del censo ha causado tanta perturbación? Porque cinco millones y medio de venezolanos están fuera del país, entonces en un apartamento solo está el abuelo, entonces la pregunta es ¿le doy esa información de habitaciones y espacios libres o viviendas no habitadas a un gobierno que ha hecho de la palabra expropiación una de sus claves fundamentales? Incluso podrían estar justificando una modificación de los circuitos electorales ante la diáspora, hay una trayectoria de una administración que usa información confidencial para fines partidistas por lo que la inquietud es razonable”, aseguró.
Santana advierte que la posición adoptada por las asociaciones de vecinos y los condominios es que no cooperarán con el censo, basados en el artículo 61 de la Constitución que habla de la objeción de conciencia. Es decir, no abrirán las puertas de los hogares, y si lo hacen expresarán a los funcionarios o militantes de manera pacífica por qué no están de acuerdo con la consulta. Y afirma que si el Ejecutivo realiza el censo de forma irregular acudirán a instancias nacionales e internacionales para impugnarlo.
Planificación a ciegas
El profesor Gerardo Correa, del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) en el área de estudios demográficos, indica que un censo mal hecho conduciría a una planificación a ciegas desde los organismos estatales, como por ejemplo, el diseño de un plan de vacunación sin saber exactamente la cantidad de niños que necesitan ser inmunizados, o la elaboración de políticas dirigidas a personas de la tercera edad sin conocer cuántas hay en el país.
Y es que el clima de conflictividad política y social del país no favorece a este ni a ningún sondeo -como ha sido el caso de la encuesta Encovi- que busque indagar cómo vive la población en Venezuela. Si a ello se le suma -apunta el estadístico- el hecho de que el gobierno, lejos de contribuir a tranquilizar a la población crea mayor incertidumbre al notificar que los milicianos participarán en el censo, constituye una receta para el fracaso.
Más aún, el experto señala que si desde el poder se asoma alguna amenaza indirecta para obligar a la gente a participar en el censo en un intento de abultar las cifras, los resultados podrían ser peores: que la información que se obtenga desde los distintos hogares no sea cierta.
“Puede levantarse un censo con información de muy baja calidad. Dirán que se empadronaron no sé cuántas viviendas, equis cantidad de venezolanos y lo puede vender como una cifra real pero al final esa información será poco creíble. Si el país no cuenta con información de calidad que esté validada, con un sistema estadístico confiable con los parámetros adecuados, se hace difícil que cualquier organismo internacional como la Organización de Naciones Unidas o algún gobierno financien cualquier programa o proyecto nacional, si no se tienen datos que les permita saber si la inversión de los recursos es confiable o a qué población está destinada”, expresa.
Atentos
Del otro lado de la calle, al presidente de Consecomercio Felipe Capozzolo no le preocupan los aspectos técnicos del censo sino las intenciones del Ejecutivo.
“Si la política pública derivada con respecto a los inmuebles censados pudieran ser expropiaciones y confiscaciones, por supuesto que expresaremos nuestro desacuerdo y rechazo porque no avalamos este tipo de ataques contra la propiedad privada; todo lo contrario, buscamos la defensa de la propiedad en el marco de una economía de libre mercado donde privilegie la ley de oferta y demanda. El tema no son los aspectos técnicos, son las acciones de las personas y los funcionarios”, sostiene.
Durante su participación en un programa en Venezolana de Televisión, Menéndez indicó que esperan recabar la data tanto de los inmuebles utilizados como de viviendase como de aquellos usados con fines comerciales, que la propiedad privada no se verá afectada ni durante ni posterior al censo porque ese aspecto no será medido, y que la confidencialidad de los datos que proporcione cada familia está garantizada.
“Los compañeros saldrán a hacer la revisión inicial de todas las viviendas, infraestructuras, los comercios, las industrias, todas las parcelas que hay y se les va a fijar unas etiquetas con el código QR que sustituye a las que tradicionalmente se pegaban con la palabra censada. Ese código remite a la cédula inmobiliaria por lo que a cada vivienda se le asignará una para el posterior seguimiento (visita de los empadronadores), con ese código se abren las puertas para la simplificación de trámites en todo el país a través de esa cédula de la vivienda”, indicó Menéndez.
Al respecto, la expresidenta del gremio de comerciantes, Cipriana Ramos, advierte que el gobierno no tiene derecho a entrar en una edificación y pretender indagar sobre las empresas que allí funcionan, en aras del respeto a la propiedad privada y que si desea saber cuántas hay y a qué se dedican que acuda a las unidades de catastro de las alcaldías donde reposa la información.
Rechazo total
Ramos, quien también es muy activa en el ámbito vecinal, asegura que en asambleas de ciudadanos y residentes de condominios la decisión ha sido recibir a los empadronadores, sean del INE o no, en las puertas de las residencias y urbanizaciones y que no se les permitirá el ingreso a las instalaciones de los edificios o casas, ni mucho menos revelar qué viviendas están desocupadas.
«Hasta los residentes de los edificios de la Gran Misión Vivienda Venezuela deben estar alertas porque como nunca les dieron títulos de propiedad de los apartamentos que les entregaron la intención puede ser verificar si los adjudicatarios viven allí o si se fueron del país para despojarlos y dársela a otro, pero la realidad es que todos tenemos carencias. Nadie se va al exterior y deja su casa sola o al cuidado de familiares o conocidos porque le guste sino porque se ve forzado a buscar una vida mejor”, acota.
Para quienes tienen pensado no cooperar con el censo por temor a abrir las puertas de sus hogares, el ministro Menéndez ofreció la opción del “autoempadronamiento”, es decir, las personas podrán ingresar por Internet a una plataforma que será habilitada pero necesitará el código QR que será pegado en su puerta esté o no esté en el inmueble y vaciar los datos requeridos, por lo que no será necesaria la visita posterior del empadronador. Advirtió que quien no colabore no será obligado, pero perderá la oportunidad de contarse y quedará fuera del sistema de información y de simplificación de trámites.
Sobre el autoempadronamiento, el profesor Gerardo Correa aseguró que la experiencia en otros países indica que no ha tenido éxito porque las personas no ingresan al portal web habilitado. En nuestro país podrían conjugarse las sospechas de que hay intereses ocultos más allá del objetivo de un censo y el mal servicio de Internet que imposibilita acceder a alguna página del gobierno, algo que se agrava en el interior del país.
También duda que esa revisión inicial anunciada por el ministro se pueda cumplir en dos meses por las zonas de difícil acceso y la logística de transporte para el personal, por lo que a su entender el censo no ha arrancado sino que se encuentra aun en fase preparatoria. Estima además que la recolección de datos -es decir, el censo en sí- podría abarcar incluso los años 2020 y 2021.
Por fases
De cualquier manera el censo se hará por fases según el vicepresidente sectorial, está en marcha desde el viernes 20 de septiembre en siete parroquias de Caracas e igual número de zonas a partir del lunes 23, también en la capital de la República, para luego extenderse en las principales ciudades del país.
Informó que la primera etapa, que tiene que ver con la asignación del código QR que remite a la cédula inmobiliaria, podría estar lista entre mes y medio y dos meses, mientras que la segunda fase que es la visita de los empadronadores con cerca de 100 preguntas será anunciada “por oleadas” mediante cronogramas hasta cubrir los aproximadamente 6 millones de parcelas y 11 millones de inmuebles de todo el país.
De acuerdo con Menéndez, el censo permitirá conocer el uso de estas viviendas, ya sean como hogares propiamente dichos (de los cuales hay 800 mil desocupadas), comercio, centros de salud y educación, entre otros. Para el autoempadronamiento también habrá un lapso definido
Aseguró que una fase previa de generación de la cartografía censal ya habría arrancado desde el año pasado y admitió que se hará un especial énfasis en la GMVV, puesto que no existían para el último censo en 2011.
