Provea asegura que condena por caso Acosta Arévalo alienta la tortura
El tribunal 36 de Control del Área Metropolitana de Caracas condenó a los funcionarios Ascanio Antonio Tarascio y Estiben Zárate, ambos de la Dgcim, a seis años y ocho meses por estar implicados en el asesinato del capitán de corbeta
El Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (Provea) aseguró que la condena contra los implicados en el asesinato del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, ocurrida dentro de la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), “es insuficiente y alienta la tortura” en el país.
En un comunicado, la organización no gubernamental destacó que la sentencia no establece responsabilidades directas relacionadas a la tortura y tratos crueles que sufrió Acosta Arévalo luego de su detención el 21 de junio por parte de funcionarios de la Dgcim, tras ser acusado de estar implicado en un supuesto golpe de Estado.
“Con esta decisión, el gobierno de facto intenta escapar de la responsabilidad absoluta en otro asesinado por tortura (…) Es una sentencia que estimula el uso de la tortura por parte de organismos policiales y militares. Reafirma además que en Venezuela se creó una estructura institucional para favorecer el abuso de poder, las violaciones a los derechos humanos y la impunidad”, aseguró Provea.
El martes 24 de septiembre, el tribunal 36 de Control del Área Metropolitana de Caracas convocó a una audiencia y condenó a los funcionarios Ascanio Antonio Tarascio y Estiben Zárate, ambos de la Dgcim, a seis años y ocho meses por estar implicados en el asesinato del capitán de corbeta.
El tribunal los había imputado por “homicidio preterintencional” con causal, un delito común donde se exime la responsabilidad de hacer daño, y cumplirán la condena en un calabozo de la Dgcim.
Según el informe médico que se difundió en varios medios de comunicación, las torturas que recibió el capitán Acosta Arévalo le produjeron excoriaciones en los brazos, poca sensibilidad en manos, problemas auditivos, inflación extrema en los pies, rastros de sangre en las uñas y lesiones en el torso.
Cuando iba a ser presentado en tribunales, el militar no podía hablar, levantarse o mover sus extremidades, por lo que el juez lo envió al hospital militar, donde falleció.
Provea afirmó que en el caso del capitán se violaron las garantías constitucionales y el debido proceso, “donde jamás se comprobó su supuesta implicación en el golpe y tampoco se imputó formalmente por el Estado, muriendo torturado y siendo inocente e igualmente violó su derecho a la vida”.
A juicio de la ONG, queda demostrada “la poca voluntad política de quienes hoy tienen el poder de facto para investigar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos. Destaca también la complicidad del Defensor impuesto por la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente Alfredo Ruíz, ex defensor de derechos humanos que por cierto fue uno de los promotores” de la Ley contra la Tortura.
Además consideran que solo una comisión internacional conformada por expertos independientes podrá garantizar una investigación seria sobre el caso y determinar los responsables, al igual que la cadena de mando involucrada. “No podemos aceptar impunidad en este caso, y que mediante una aparente acción de “justicia” solo se está garantizando impunidad y generando un grave precedente que alienta la aplicación de la tortura”.
