Al menos 150 sindicalistas han sido sometidos a juicios penales desde 1999
La ONG Provea contabilizó el asesinato de 6 sindicalistas durante 2018, un descenso de 40% respecto a los 15 casos registrados en el período anterior
Las acciones tomadas en los últimos veinte años por los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, exdirigente sindical y autoproclamado presidente obrero, contradijeron lo que tanto predicaron: la protección y defensa de la clase trabajadora venezolana. Desde 1999, año cuando Chávez asumió el poder, aproximadamente 150 sindicalistas han sido sometidos a juicios penales.
Un informe sobre la situación de los derechos laborales en Venezuela, hecho por la ONG Provea, señala que algunos de esos sindicalistas fueron juzgados en libertad, pero bajo régimen de presentación periódica, y que varios de ellos llevan más de siete años presentándose ante tribunales. Además, “tienen otras restricciones como la no libertad de tránsito por el país, la prohibición de salida al exterior e incluso el no poder participar en concentraciones o protestas ni siquiera en las empresas donde fueron elegidos como representantes sindicales”.
Solo entre noviembre y diciembre de 2018, año cuando se intensificaron las manifestaciones tras el denominado “paquetazo antiobrero y antipopular de Maduro” aplicado en agosto de 2018, un total de 16 sindicalistas fueron encarcelados por participar en protestas en las que exigían el cumplimiento de las convenciones colectivas. Según Provea, fueron acusados de delitos como agavillamiento, violación de zonas de seguridad, instigación a delinquir, impedimento y coacción al trabajo, ataque al centinela, ultraje al centinela y ultraje a la Fuerza Armada Nacional (FAN), entre otros.
El caso más renombrado es el de Rubén González, secretario general del sindicato de Ferrominera Orinoco, condenado el 13 de agosto a 5 años y 9 meses de cárcel por el Tribunal Militar 5to de Control de Maturín, Monagas, a cargo del coronel Alexis Baloa. En ese entonces el dirigente sindical llevaba poco más de 8 meses tras las rejas de la cárcel La Pica.
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) exigen la liberación inmediata del sindicalista, quien en 2011 fue condenado a 7 años y 6 meses de prisión por dirigir una huelga de ferromineros para exigir el cumplimiento del contrato colectivo. Pocos días después quedó en libertad condicional.
“La detención, encarcelamiento y juzgamiento por tribunales militares del sindicalista Rubén González se da en un contexto de detenciones arbitrarias sistemáticas realizadas contra personas críticas al gobierno o que reclaman derechos, y como parte de la política de Estado contra la dirigencia sindical disidente”, indica Provea.
En el informe, la ONG afirma que entre 1980 y 1999 la dirigencia sindical venezolana acudió ―a través del mecanismo de queja formal― ante la OIT en 28 ocasiones para denunciar violaciones al derecho a la libertad sindical por parte del Estado. Mientras que desde el año 2000 hasta el 2018 las organizaciones sindicales presentaron 36 quejas.
En 2018 el Consejo de Administración de la OIT estableció una Comisión de Encuesta para Venezuela, siendo el 13° país que es investigado por el organismo especializado de las Naciones Unidas desde su fundación en 1919 y el único del continente americano en el siglo XXI. Solo dos naciones más fueron examinadas por la OIT en los últimos 19 años: Bielorusia en 2003 y Zimbabue en 2010.
En su visita al país –del 8 al 12 de julio de este año– la Comisión de la OIT constató la existencia de prácticas que atentan contra las garantías y derechos laborales establecidos en convenios internacionales. Denunció que en Venezuela “tuvieron y tienen lugar una serie de actos de violencia contra empleadores y contra sindicalistas que son violatorios de las libertades civiles básicas”, en particular la seguridad e integridad física de la persona, requisito indispensable para asegurar el libre ejercicio de las garantías previstas en el convenio número 87, relativo a la libertad sindical.
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Durante 2018 Provea contabilizó el asesinato de 6 sindicalistas, un descenso de 40% respecto a los 15 casos registrados en el período anterior. Los nombres de los sindicalistas asesinados son los siguientes: Tomás Molina (Sutiss), Ciudad Bolívar, estado Bolívar; José Desiderio Ramírez Torres (Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía de Guaicaipuro), estado Miranda; José Desiderio Ramírez Torres (Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía de Guaicaipuro) estado Miranda; Jancili Gabriel Baca Bonalde (Sindicato Coca-Cola), estado Anzoátegui; Freddy Colmenares (Aragua), y Juan Diego Jiménez Zamora (Sindicato de la Construcción), estado Guárico.
«Entre las agresiones a sindicalistas despunta la de la GN contra los trabajadores del IVSS, quienes protestaron a las afueras de la sede del organismo para exigir aumento salarial y medicinas, resultando golpeados varios de los manifestantes por parte de funcionarios de la GN que resguardaban la zona».
La ONG pide cesar de inmediato la instrumentalización del sistema de justicia para perseguir, detener y encarcelar dirigentes sindicales en Venezuela y poner en libertad de inmediato a los dirigentes sindicales que se encuentran privados de libertad por ejercer el derecho a la libertad sindical.
También exige que «se respete plenamente el derecho a la libertad sindical, poniendo fin a las medidas administrativas y judiciales que la obstaculizan y criminalizan, así como garantizar el ejercicio del derecho constitucional a la huelga, manifestación pacífica, libertad de asociación y reunión, así como investigar y sancionar los despidos por razones políticas».
“Entre las denuncias particulares sobre violaciones a la libertad sindical destacan las acciones y reclamos de los obreros, empleados y enfermeros del sector salud, quienes, agobiados por bajos sueldos y pésimas condiciones laborales, el 7 de febrero de 2018 intentaron marchar hacia la sede de la Defensoría del Pueblo, pero funcionarios militares y policiales los cercaron y les impidieron realizar su manifestación. Ni siquiera los dejaron concentrarse. Amenazaron con la cárcel al dirigente sindical Pablo Zambrano”.
Las protestas convocadas por los gremios de enfermeras continuaron durante el año y en julio más de 500.000 trabajadores de la salud en 20 estados del país se incorporaron a un paro en reclamo de mejores beneficios laborales, asegura Provea.
La ONG añade que 2018 fue un año récord de protestas, con las manifestaciones laborales en el primer lugar, de acuerdo con el balance del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), que precisó que las protestas lideradas por los trabajadores abarcaron 45% del total con 5.735 reclamos documentados.
