«La violación de los derechos humanos se ha convertido en un hecho estructural»
En 2018 Provea contabilizó 663 casos de violación al derecho a la vida en toda Venezuela, lo que representa un aumento de 67,42% con respecto al 2017
Solo en el año 2018 la organización no gubernamental Provea (Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos) contabilizó 663 casos de violación al derecho a la vida en toda Venezuela, lo que representa un aumento de 67,42% con respecto al 2017; lo que mantiene la tendencia al alza. En cuanto a los patrones, las ejecuciones concentran el mayor número de fallecimientos con 406 muertes, representando 61,23% del total de casos registrados y a su vez, un incremento de 13,09% con respecto al año anterior.
Seguidamente están las muertes por torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes que concentran 147 víctimas; es decir, 22,17% del total. Las muertes por negligencia en 2018 fueron 74 (11,16%) y los fallecimientos por el uso indiscriminado de la fuerza fueron 21, que representan 3,16% y las muertes por uso excesivo de la fuerza fueron 15; 2,26% de la totalidad.
Para Magally Huggins, psicóloga social y crominóloga, en este momento los cuerpos de seguridad venezolanos no responden a lo que realmente son. «La sociedad los ve como un cuerpo de malandros o de delincuentes a los que se les tiene más miedo que a la delincuencia común» y no como deberían, que es para «evitar las situaciones que pueden causar daños a la ciudadanía, individual o colectivamente».
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De acuerdo con el monitoreo realizado desde esta ONG, las tres entidades federales donde se concentra el mayor número de casos de violación al derecho a la vida son: Distrito Capital con 183 muertes (34,59), Carabobo con 77 (14,56) y Miranda con 74 (13,99).
Los responsables
En 66,73% de las muertes, los responsables fueron identificados como funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado. Sin embargo, los investigadores de Provea alertan que la cifra puede incrementarse hasta 74% si se considera que las actuaciones conjuntas de estos organismos.
La Policía Nacional Bolivariana (PNB), específicamente con su grupo de Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), son los que concentran el mayor número de muertes 159 asesinatos en 2018; lo que representa 23,98% del total.
El segundo lugar lo ocupa el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), señalados como responsables de 134 fallecimientos, es decir, 20,21% de las víctimas. La Fuerza Armada Nacional, especialmente con su componente Guardia Nacional (GN), ocupa el tercer lugar como responsable de las muertes de 2018 con 55 víctimas (8,29%) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) está acusado de ser el autor del 0,45 de estas muertes. Por último, está la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) con 0,45% de los fallecimientos.
Una de las mayores preocupaciones que surge de estas actuaciones es que de estos cinco organismos de seguridad, cuatro no deberían tener «injerencia directa» en despliegues y operativos de seguridad y control del delito: Cicpc, GN, Sebin y Dgcim. La PNB es el único organismo de estos cinco que tienen competencia directa sobre el despliegue de políticas de seguridad ciudadana.
Sobre la actuación de las FAES, Huggins afirma que este comando de la Policía Nacional Bolivariana «se ha convertido en un cuerpo de inseguridad. Es un instrumento violatorio de la Constitución porque viola los derechos humanos de los venezolanos y que ejecuta la pena de muerte; la cual está explícitamente negada en la Carta Magna».
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En términos generales, Magally Huggins asevera que «en Venezuela, los cuerpos armados se han convertido en instrumentos de torturas, agresiones, de violaciones de derechos sexuales, de género y se han convertido en homicidas porque aplican la pena de muerte».
Huggins añade que la seguridad humana es un concepto más amplio y no solo incluye la policial: «Es la seguridad como derecho humano, no es solo un problema de justicia», pero reitera que «se necesita que la seguridad policial y la justicia funcionen para poder garantizar las otras formas de seguridad y que funcione el Estado»; por lo que considera que para que en Venezuela las fuerzas de seguridad actúen apegadas a la ley, lo que se debe hacer es «cambiar el régimen dictatorial que domina el Estado porque es el primero que no cumple la ley, ni siquiera el Presidente cumple la Constitución», afirma.
Para Provea es importante destacar que los diferentes despliegues de seguridad ciudadana «se han concentrado en la militarización de ciertos lugares, procesos de saturación de la fuerza policial abusivos, con la idea común del ‘combate de la delincuencia’ sobre la base de muertes de civiles que son catalogados como delincuentes, violando el artículo 43 de la Constitución que establece que en Venezuela no existe pena de muerte ni autoridad para aplicarla».
«Venezuela es un país en donde se está haciendo estructural la violación de los derechos humanos; es decir, es la cotidianidad», asegura Huggins.
Denunciar siempre
La criminóloga Magally Huggins recomienda denunciar siempre los casos de violación de derechos humanos. «Se deben denunciar ante la Fiscalía para que queden los precedentes y a la vez, denunciar ante las organizaciones defensoras de DDHH porque son las que orientan y acompañan a las víctimas y les dicen qué tienen que hacer».
Además de denunciar, Huggins sugiere buscar ayuda en las clínicas jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y de la Universidad Central de Venezuela(UCV), ambas con capacidades para atender estos casos de violaciones al derecho a la vida.
Sin embargo, la especialista recuerda que estas denuncias no quieren decir «que vaya a haber justicia en el momento», pero dice que se escucha la voz de la víctima y se le garantiza que no va a ser una estadística más y en el futuro, «cuando este régimen deje de ser el que tiene el poder», se podrá reclamar justicia.
Provea considera que la disolución de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, conforme a la recomendación expresada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, debe ser la primera acción a tomar.
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