Maduro supera en violación a los derechos humanos a los gobiernos de Chávez
Durante los seis años en los que Nicolás Maduro ha estado en el poder, Provea registró 32.362 casos de violaciones a la integridad personal, que incluyen allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias, tratos crueles y torturas
Nicolás Maduro es un gobernante altamente represor y violador de los derechos humanos de los ciudadanos. Así lo identifica el Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (Provea) en su informe 2018 sobre el derecho a la integridad personal.
Durante los seis años en los que Nicolás Maduro ha estado en el poder, Provea registró 32.362 casos de violaciones a la integridad personal, que incluyen allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias, tratos crueles y torturas.
Con ello, supera en un 291% (11.101 casos) las violaciones que se registraron en los 14 años de gestión de Hugo Chávez, su antecesor en el poder.
Desde 2013 los registros de casos de violaciones a la integridad personal han ido en aumento, aunque algunos patrones han variado dependiendo del período. Provea identifica que el aumento de la conflictividad social, debido a la crisis económica, política y social del país, “ha tenido como correlato la respuesta desproporcionada del gobierno de Maduro para aplastar el descontento”.
“La militarización de la seguridad ciudadana y la gestión de manifestaciones, así como la situación de impunidad estructural y el abierto aliento a la represión, han propiciado el acelerado incremento de los casos de violaciones a la integridad personal”, destaca la organización en su informe sobre la situación de 2018.
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Justamente, el año pasado cerró con el tercer registro más alto de violaciones al derecho a la integridad desde que Maduro llegó al poder en 2013. Durante 2018, Provea identificó 114 denuncias, que incluyen 2.478 casos con 1.677 víctimas individualizadas.
Aunque se registró un incremento en el número de reclamos sociales durante el año pasado y continuaron los operativos de cuerpos de seguridad donde se violaron derechos humanos, las protestas fueron de menor intensidad, explica Provea, “por lo que el impacto de la represión fue más atomizado y las víctimas más invisibilizadas, como consecuencia del traslado del foco mediático hacia otros fenómenos y protagonistas”.
En 2.470 casos de violaciones ocurrido en 2018 se pudo identificar a los organismos responsables. Las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES-PNB) acumularon el mayor número de denuncias (631).
La mayoría de estas violaciones fueron allanamientos ilegales realizados en barrios populares y urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela, donde también se configuraron ejecuciones extrajudiciales por este cuerpo de la PNB, que se ha convertido en un “escuadrón de la muerte”.
Este año, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió la eliminación de este cuerpo de seguridad debido a los reiterados señalamientos por su responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales, que fueron documentadas en el inform,e que entregó al Consejo de DDHH de la ONU en julio de este año.
La petición de Bachelet ha sido ignorada por Nicolás Maduro, quien públicamente brindó su respaldo a las FAES luego de estos señalamientos.
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Además, Provea registra por tercer año consecutivo la actuación de grupos paramilitares como responsables de este tipo de delitos.
“Desde hace varios años a las acciones represivas de agentes estatales se ha sumado la actuación de agrupaciones de civiles armados afectos al oficialismo, quienes actúan en abierta y pública coordinación con los cuerpos de seguridad para contener protestas en la mayor parte del territorio nacional, y hostigar a dirigentes sociales y políticos”, menciona el informe.
Por ello, la organización afirma que la administración de Maduro ha erosionado “garantías para los derechos a la libre expresión, asociación y reunión pacíficas. El gobierno ha consolidado la doctrina de seguridad nacional y el concepto del enemigo externo como respuesta a los reclamos ciudadanos, alentando con ello la comisión de abusos contra los derechos humanos y la actuación de civiles armados para contener el descontento”.
En el caso de torturas, Provea logró identificar a 109 víctimas de estos delitos, que aumentaron levemente (7.2%) con respecto a 2017. Además, por segundo año consecutivo, ni el Ministerio Público ni la Defensoría del Pueblo presentaron su Informe y tampoco publicaron datos sobre casos de torturas correspondientes a 2018.
En el caso de tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, se identificaron a 970 víctimas, generalmente recibieron el castigo en grupos que superan la decena, principalmente en recintos carcelarios.
