Provea: Siete indígenas han sido asesinados en protestas desde 2017

La militarización de zonas indígenas, sin supervisión, ha generado situaciones de violencia y represión

Al menos siete indígenas han sido asesinados entre septiembre de 2017 y febrero de 2019 durante protestas antigubernamentales, de acuerdo con un reporte de la ONG Provea.

Las víctimas registradas son pertenecientes a las etnias Pemón y Warao, y todos han perdido la vida a manos de los cuerpos de seguridad del Estado en los estados Delta Amacuro y Bolívar.

«Los presuntos responsables, efectivos de la Guardia Nacional(GN) y la Policía de Delta Amacuro, actuaron conforme al ya habitual patrón de uso excesivo de la fuerza para contener dichas manifestaciones, empleando armas de fuego», explica Provea.

Los primeros casos fueron los de Moraleda Zambrano y Jomas José Alcántara, asesinados por impactos de bala disparados por la GN y la Policía de Delta Amacuro el 23 de septiembre de 2017 durante una manifestación en demanda de alimentos, realizada cerca de un centro de acopio de Mercal en la parroquia José Antonio de Sucre, municipio Tucupita.

“Los waraos comenzaron a retroceder y a correr en busca de resguardo, sin embargo, los efectivos disparaban directo a la masa y cayeron los waraos”, declararon testigos de los hechos.

Posteriormente, el 8 de diciembre de 2018, un grupo de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) hirió con armas de fuego a cuatro pemones de la comunidad de Arekuna, en Canaima, estado Bolívar. Uno de ellos, Carlos peñazola, finalmente falleció.

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Los más recientes se produjeron los días 22 y 23 de febrero de 2019, cuando funcionarios de la GN y presuntos integrantes de agrupaciones paramilitares, reprimieron las manifestaciones en Santa Elena de Uairén, estado Bolívar, en apoyo al ingreso de la ayuda humanitaria promovida por la oposición venezolana.

Un total de 58 personas fueron detenidas como resultado de los hechos, entre ellos, 16 indígenas y cuatro adolescentes. Además, el Hospital General de Boa Vista, en Brasil, recibió 23 heridos de bala, 13 de ellos de gravedad.

Como consecuencia, murieron siete personas, cuatro de ellos, indígenas pemones: Zoraida Rodríguez, José Esley Pérez Márquez, Kleyber Pérez y Rolando García Martínez.

Esa misma semana, el 27 de febrero de 2019, una contingente de la GN tomó el aeropuerto de Santa Elena de Uairén, cuyas instalaciones se encuentra en territorio pemón y que cuenta con trabajadores de esta etnia. Procedieron a arrestar a cuatro ciudadanos, pero liberaron a uno al confirmar que no era indígena. A los tres restantes los trasladaron al Fuerte de Escamoto y luego a la Comandancia de la GN en la avenida Mariscal de Sucre.

Una vez detenidos, fueron golpeados con palos, les propinaron patadas, les lanzaron picante y les aplicaron electricidad. Reportan que los sometieron a amenazas, les aseguraron que los incendiarían. Tras negociaciones con el capitán y autoridades indígenas del sector VI de Santa Elena de Uairén con militares, fueron liberados.

Por estos hechos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de indígenas de la etnia pemón de la comunidadd Kumaracapay, del municipio Gran Sabana, Bolívar.

Situaciones similares han ocurrido desde hace años, Provea ha advertido sobre los peligros que conlleva la militarización de territorios indígenas.

*Puede acceder al reporte completo de Provea en este enlace