Informe CIDH: radiografía del escenario represor contra defensores de DDHH en Venezuela
Violencia, amenazas y exilio marcan el trabajo de los defensores de derechos humanos en Venezuela. El aumento de la represión estatal tras las elecciones de 2024 agravaron la ya precaria situación de las organizaciones de la sociedad civil y sus integrantes, con nuevos castigos como la anulación de pasaportes
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un organismo independiente de la OEA, publicó su tercer informe sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos en las Américas. El documento evidencia un “ambiente hostil” donde la vida e integridad personal “están constantemente en peligro”, cuestión a la que no escapan los defensores venezolanos.
Desde el último informe, publicado en el año 2006, la situación en Venezuela para este sector de la sociedad civil se ha agravado. 2024 marcó un punto de inflexión, con nuevas formas de represión contra los defensores de DDHH a través de anulación de pasaportes, detenciones arbitrarias y un marco legal más restrictivo para el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil.
La violencia, criminalización, estigmatización y exilio contra las ONG y sus trabajadores ha anulado el espacio cívico venezolano, expresa la CIDH. Las amenazas provienen directamente de funcionarios públicos “o individuos alineados con el Estado”. La ejecución de este hostigamiento no se limita a cuerpos de seguridad, sino que incluye a “civiles integrantes del Sistema Popular de Protección para la Paz (SP3)”.
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Uno de esos ataques ha sido dirigido contra el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), al que Nicolás Maduro y voceros del oficialismo han señalado de proteger a “terroristas”, “vende patria” o de recibir financiamiento de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) o divisas extranjeras con el objetivo de “desestabilizar el país”.
Además, la Comisión planteó los riesgos que enfrentan las mujeres defensoras “debido a que no habría fiscales especializados en cuestiones de género que puedan responder adecuadamente a sus denuncias”.
Defensores de DDHH tras el 28J
En el contexto posterior a las elecciones de 2024, la CIDH observó “nuevos patrones represivos” como la anulación abrupta y arbitraria de pasaportes contra al menos 40 defensores de derechos humanos, líderes sociales, periodistas y sus familiares. Esta práctica, considera, tiene como objetivo limitar la libre circulación e infundir miedo.
Los defensores también enfrentaron restricciones para salir del país o detenciones arbitrarias y temporales “como un mecanismo para impedir sus labores”. Los abogados Kennedy Tejeda (Foro Penal) y Eduardo Torres (Provea) se mantienen bajo arresto con acusaciones ligadas a presunto terrorismo.
Esta situación ha empujado a algunos defensores a exiliarse, la mayoría tras amenazas a sus labores. Tal es el caso de Yendri Velásquez, representante del Observatorio de Violencias LGBTIQ+, quien recientemente fue víctima de un atentado armado en Bogotá (Colombia), país al que había llegado en septiembre de 2024.
Terrorismo, la acusación preferida
La CIDH señala en su informe la aplicación del delito de terrorismo en contra de personas defensoras y pone de ejemplo casos como el de Rocío San Miguel, directora de Control Ciudadano.
San Miguel fue detenida el 15 de febrero de 2024 al intentar salir del país junto a su hija. Tras estar desaparecida forzosamente, fue presentada cinco días después ante el Tribunal Segundo Contra Terrorismo de Caracas junto a varios miembros de su famila por delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo, entre otros. Se desconoce el avance de su juicio mientras permanece detenida en la sede del Sebin Helicoide.
Javier Tarazona, director de Fundaredes, también permanece privado de libertad desde julio de 2021, una “condena anticipada” según han denunciado varias ONG, acusado por los delitos de instigación al odio, traición a la patria y terrorismo. Junto al profesor universitario también fueron detenidos y acusados por estos cargos otros tres integrantes de la organización.
El año pasado se registraron las detenciones de Kennedy Tejeda, quien habría sido presentado ante tribunales con competencia de terrorismo tras preguntar por el paradero de personas manifestantes en un comando militar, y de Henry Gómez, un defensor de derechos humanos en el estado Amazonas. Este último fue excarcelado.
A principios de 2025, la Comisión tuvo conocimiento sobre la detención del defensor Carlos Correa, cuyo paradero fue desconocido durante ocho días. Según la información, el director de Espacio Público fue presentado ante un tribunal con competencia en terrorismo el 9 de enero y liberado el 16 de enero de 2025.
Restricciones con sello parlamentario
El informe de la CIDH señala la aprobación de marcos legislativos y administrativos cuyo objetivo es limitar u obstruir el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, como la “Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines”, aprobada por la Asamblea Nacional controlada por el chavismo en agosto de 2024.
La CIDH considera que esta Ley acota las actividades que pueden desarrollar las oenegés y otorga a las autoridades la facultad de disolverlas unilateralmente si, a su criterio, participan en actividades políticas o atentan contra la estabilidad nacional.
Dentro de ese marco restrictivo también apuntan al “proyecto de ley de Cooperación Internacional” que prohíbe, suspende, restringe o elimina a las organizaciones que el Ejecutivo considera que promuevan o participen en la aplicación de “medidas coercitivas unilaterales contra la República”.
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Asimismo, destacan las restricciones de la Providencia Administrativa Nº 001-2021, que exige a las organizaciones de la sociedad civil inscribirse en el Registro Unificado de Sujetos Obligados de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
“Este requisito demanda revelar las organizaciones donantes e identificar a las personas beneficiarias, entre las cuales pueden encontrarse víctimas de violaciones a los derechos humanos. Esta vinculación con la lucha contra el terrorismo puede estigmatizar a las organizaciones”, afirma la CIDH.
También se mencionan los retrasos o negativas que experimentan las organizaciones al intentar registrar sus documentos legales, lo que restringe su capacidad de funcionar formalmente. La Comisión destaca que “la mayoría enfrenta dificultades para actualizar sus documentos y se estima que al menos un tercio no ha formalizado su personalidad jurídica”.
Medidas Cautelares de la CIDH
Desde 2015, la Comisión Interamericana ha otorgado 129 medidas cautelares en favor de particulares venezolanos, extranjeros detenidos en el país o colectivos, pero ninguna ha sido cumplida formalmente por el Estado venezolano, en opinión de expertos.
25 de estas medidas, que buscan la participación de los Estados para resolver las violaciones de derechos humanos, se han aplicado solo en el año 2025. La mayoría corresponden a personas privadas de libertad o familiares como los casos de Andreina Baduel o Aurora Superlano. Ninguna de estas ha sido respondida por la administración de Nicolás Maduro.
El año pasado, la CIDH reclamó el incumplimiento de las medidas cautelares que había otorgado luego del 28J. Se destacó entonces que, ante la falta de protección, muchas de las personas beneficiarias han tenido que recurrir a medios propios para resguardarse, aunque esto no ha impedido que continúen enfrentando intentos de detención y actos de intimidación por parte de las autoridades.
La Comisión ha insistido al Estado venezolano que garantice la protección de las personas en riesgo, ya que el incumplimiento de las medidas solicitadas podría derivar en una responsabilidad internacional.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
