Informe DDHH: Defensoría del Pueblo se transformó en un «apéndice discursivo del poder»
La Defensoría del Pueblo «ha sido cooptada políticamente, degradada internacionalmente y vaciada de contenido», señalan organizaciones de derechos humanos en un informe. Sitúan la figura de Alfredo Ruiz como un símbolo de «la regresión de un defensor de derechos a un legitimador del abuso»
La Defensoría del Pueblo, en lugar de actuar como un contrapeso institucional, se ha transformado en un «apéndice discursivo del poder» que reproduce narrativas oficialistas y minimiza denuncias de graves violaciones de derechos humanos.
Así se destaca en un informe elaborado por la iniciativa «Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento», que analiza el desempeño de la Defensoría del Pueblo bajo la gestión de Alfredo Ruiz Angulo.
Lejos de actuar con autonomía, las organizaciones señalan que la institución ha «permanecido inactiva –e incluso cómplice– ante graves violaciones de derechos humanos, incluyendo casos de tortura y asesinatos documentados por instancias nacionales e internacionales».
«La actual gestión de la Defensoría ha sido silenciosa frente a las víctimas y ruidosa en defensa del régimen, desnaturalizando por completo su papel constitucional», insisten.
¿Qué señalan contra la Defensoría del Pueblo? Las organizaciones de derechos humanos que elaboraron el informe con base en una revisión normativa, testimonios de víctimas y un análisis comparativo con otras experiencias regionales, destacan varios puntos, entre ellos:
- Desnaturalización del mandato constitucional, pues la Defensoría del Pueblo fue creada a partir de la Constitución de 199 como una instancia del poder Ciudadano para actuar con autonomía frente a los abusos del poder.
- Cooptación política y pérdida de independencia. Durante la gestión de Alfredo Ruiz, designado irregularmente por la asamblea constituyente de 2017, la institución «forma parte de las instituciones legitimadoras de un gobierno de facto». El defensor ha estado ligado al oficialismo y ha guardado silencio frente a graves violaciones de DDHH.
- Degradación internacional y aislamiento. En 2016, durante la gestión del ahora fiscal Tarek William Saab, la Defensoría fue degradada de categoría “A” a “B”, debido a su falta de independencia y eficacia.
- Omisión ante presuntos crímenes de lesa humanidad. Durante la gestión de Alfredo Ruiz, organizaciones han contabilizado que al menos 1.100 personas han sido víctimas de tortura y unas 40 han fallecido por esta causa sin que la Defensoría haya exigido sanción a los responsables.
- Nepotismo y opacidad. La gestión de Ruiz ha estado marcada por posibles casos de nepotismo y falta de transparencia. Su esposa ejerce funciones directivas dentro de la misma institución. Desde el año 2021 no se publican los informes anuales de gestión de la institución.
¿Cómo se ha afectado a la población? En el informe se destacan las «trabas sistemáticas» a familiares de presos políticos, abogados y activistas para que les sean recibidas denuncias, además de «amenazas veladas» y ausencia de respuesta institucional.
«Es cómplice de la persecución, de la represión porque hay total opacidad e indiferencia con las denuncias que hacen las distintas víctimas. En las gestiones que hemos hecho este último año no se han negado a recibirnos, como si se negó la Fiscalía, tampoco dan respuesta», declaró el familiar de un preso político.
Contraste con experiencias regionales. El informe contrasta el rol de Alfredo Ruiz con el de Jorge Santistevan de Noriega, quien ejerció como Defensor del Pueblo en Perú durante el régimen autoritario de Alberto Fujimori en Perú. A pesar del contexto adverso, Santistevan se mantuvo independiente, denunció violaciones y fortaleció la legitimidad institucional, demostrando que es posible ejercer un rol contralor incluso bajo autoritarismo.
Actuación el 28J. El defensor del Pueblo anunció el despliegue de 700 funcionarios en todo el país para supervisar el respeto a los derechos humanos y al sufragio; sin embargo, Ruiz no se pronunció ante las masivas detenciones, muertes derivadas de las protestas y acusaciones de fraude por los resultados anunciados por el CNE.
El pasado 22 de agosto, respaldó la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que ratificó la victoria de Nicolás Maduro. También estuvo presente en el acto de juramentación presidencial del 10 de enero de 2025. «Un análisis de la cuenta oficial de la Defensoría en la red social X muestra una narrativa alineada con el discurso oficial, sin referencia crítica a los abusos denunciados tras el proceso electoral».
Conclusiones. El informe concluye que la Defensoría «ha sido cooptada políticamente, degradada internacionalmente y vaciada de contenido», y sitúa la figura de Alfredo Ruiz como un símbolo de «la regresión de un defensor de derechos a un legitimador del abuso».
También reclaman su «pasividad» frente a graves violaciones de derechos humanos que, a juicio de las organizaciones, constituye una forma de violencia institucional «y podría derivar en responsabilidades penales o administrativas futuras».
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
