Informe de la OVV: la violencia en Venezuela durante 2021, por Beltrán Vallejo
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El Observatorio Venezolano de la Violencia vuelve a presentar un registro de asesinatos en todo el país durante el pasado 2021. Este organismo lleva algunos años haciendo un monitoreo científico sobre el fenómeno de la violencia mediante el esfuerzo analítico de 15 equipos pertenecientes a 10 universidades del país.
En dicho informe de la OVV se plantea que el homicidio y el crimen en general presentan nuevas configuraciones, y al respecto se puede decir que la tasa de asesinatos continúa declinando desde el 2017, lo que pudiera leerse como una buena noticia; pero los análisis de la OVV también establecen que esta disminución en los homicidios puede estar relacionada con la cuarentena a raíz del covid-19 y su correspondiente ámbito de restricciones en la movilidad y escasa presencia de personas en las calles.
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Así mismo, la emigración juvenil ha sacado de circulación a una parte importante de ese sector donde predominan las víctimas de la violencia o sus principales actores; y también el hecho de la existencia de un crimen organizado que controla más eficazmente zonas enteras del país, y que en ciertos aspectos trata de imponer mecanismos de control como el miedo, la extorsión, la intimidación y el chantaje antes que caotizar sus lugares con crímenes a mansalva; aunque también esa disminución puede explicarse como efecto de una actividad económica por el suelo, lo que perfila que el delito no encuentre «rebuscamiento» en un territorio nacional tan depauperado, y por tales circunstancia los gatillos alegres también han emigrado para alejarse de la desolación económica nacional.
En cifras, Venezuela cerró el año con 11.081 personas asesinadas, de las cuales 3.211 corresponden a homicidios cometidos por antisociales; en otro renglón, unos 2.332 personas fueron ultimadas por organismos de seguridad (resistencia a la autoridad); unos 4.003 asesinados se ubican en ese informe en una categoría denominada «muertes de intencionalidad indeterminada» o, mejor dicho, «los homicidios que permanecen sin aclarar»; y para ese período, la OVV incorpora una nueva categoría que es la de las desapariciones concebidas como presunción de muerte, y en ella se registran unos 1.634 víctimas.
No pudo faltar en ese informe el escenario del encarnizado control que pretende imponer una delincuencia organizada, bien armada y con cierto tejido social y logístico en territorios bien determinados, y al respecto se destaca lo ocurrido con la batalla campal protagonizada por el Koki en la Cota 905 y las balaceras en La Vega.
Pero Caracas no solo fue exclusiva protagonista de un feudalismo delincuencial, sino que en distintas partes del territorio venezolano se viene presentando estas especies de reinados del terror donde grupos de antisociales y sus respectivos liderazgos imponen su presencia armada como si fuesen guerrillas urbanas, rurales, de carretera, de pueblos de pescadores, de fronteras, etc.
En sí, este año se evidenció una ofensiva de grupos delincuenciales con poder de fuego, lo que en diversas oportunidades generó la presencia de cuerpos policiales y militares que se adentraron en esos territorios con su armamento también y generando masivas violaciones de derechos humanos.
El informe anual que volvió a presentar la OVV es, en mi criterio de ser lector frecuente de los materiales de investigación de esta organización, una búsqueda de soluciones. Al reunir y sistematizar sus datos, la OVV busca arrojar luz sobre los fenómenos de violencia venezolana, y de esta manera ser usada esa información para una política de Estado eficaz, seria y responsable; lo que no existe desde hace muchos años.
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