Bachelet preocupada por las inhabilitaciones políticas de cara a las elecciones en 2020
Michelle Bachelet hizo mención sobre varios puntos que le llaman la atención sobre la situación en Venezuela, muchas que fueron presentadas en el primer informe presentado donde resaltan temas como la violencia, persecución política, el deterioro social y económico de la calidad de vida, entre otros
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó este miércoles una nueva actualización de su informe sobre la situación en Venezuela y alertó que aún continúan las ejecuciones extrajudiciales por parte de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES-PNB), órgano que recomendó al Ejecutivo que preside Nicolás Maduro a disolver, pero que en vez de eso, lo respalda.
Desde Ginebra, Bachelet indicó que la Oficina de DDHH de la ONU firmó «cartas de compromiso» con el régimen de Maduro para visitar cárceles en todo el país, así como brindar apoyo técnico y elaborar un plan nacional de DDHH para Venezuela y alertó que existen 118 presos que requieren una urgente atención médica.
Indicó que para lograr esto, los comisionados de su oficina realizaron nueve visitas a centros de detención gestionados por el Ministerio de Servicios Penitenciarios y el Ministerio de Defensa.
«El equipo logró entrevistar de manera confidencial a más de 70 personas privadas de libertad. Agradezco la cooperación de ambos ministerios y reitero la solicitud de visitar los centros de detención de los servicios de inteligencia civil y militar en el corto plazo. (…) En el mismo periodo mi oficina ha documentado 118 casos de personas privadas de libertad (109 hombres y nueve mujeres), que requieren de una respuesta urgente por motivos de salud, retrasos judiciales, falta de ejecución de boletas judiciales de excarcelación, y/o falta de excarcelación por cumplimiento de pena. Estos casos se han puesto a consideración del Comité de Coordinación inter-institucional».
Además, pidió a las autoridades venezolanas que permitan el acceso del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias al país y liberar al diputado a la Asamblea Nacional, Juan Requesens, detenido desde agosto de 2018 por su supuesta vinculación en el «magnicidio» contra Maduro y que diversos entes internacionales han pedido su liberación inmediata, así como las personas que aún continúan detenidas por motivaciones políticas.
Sin embargo, destacó la excarcelación de 28 presos políticos entre septiembre y octubre de este año.
Recalcó que aún la crisis continúa afectando los derechos económicos y sociales de los venezolanos, ya que la hiperinflación ha hecho que el poder adquisitivo de los venezolanos se haya perdido en al menos un 75%, en relación al último salario mínimo decretado por el régimen -que fue de BsS 150.000-.
Subrayó que la grave deficiencia de los servicios públicos desmejoran considerablemente la calidad de vida en Venezuela, haciendo énfasis en el deterioro en el estado Zulia por el deficiente suministro de energía eléctrica en la zona, que ha provocado la migración interna y externa de las personas que viven en esa entidad.
«Mi Oficina realizó una visita a Maracaibo en la que constató las larguísimas colas para comprar combustible y los cortes prolongados y reiterados de electricidad, que además afectan el suministro de agua. Los derechos a la salud y a la educación también han sido afectados, principalmente por falta de personal, infraestructura deficiente y falta de insumos».
Mencionó que se agudizó la crisis en el sector salud, dirigiendo su mirada al hospital de niños JM de los Ríos en Caracas, el cual calificó como uno de los «más afectados» porque «los niños que se encuentran a la espera de trasplante se encuentran en una situación crítica». Durante 2019, este centro de salud ha sido uno de los epicentros noticiosos por el deceso de varios pacientes por falta de insumos, trasplantes, así como núcleo de protestas por parte de los profesionales de la salud.
Las protestas han aumentado en Venezuela, observó Bachelet, y manifestó su preocupación por el número indeterminado de personas detenidas durante las manifestaciones, que según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) «se han realizado 16.439 protestas en lo que va del año. En los últimos tres meses, se han registrado 4.433 protestas, de las cuales la mayoría han sido lideradas por trabajadores/as del sector educativo, de la salud y de las industrias básicas».
Mientras, expresó su inquietud por las ejecuciones de la FAES y los altos niveles de violencia registrados en el país, donde mencionó el caso del concejal de Voluntad Popular Edmundo «Pipo» Rada, quien fue asesinado por la pareja de su exnovia y posteriormente incinerado en una zona de Guaicoco, estado Miranda y del exgobernador del estado Cojedes, Jhonny Yánez Rangel, quien también fue asesinado y su cuerpo quemado en su vehículo.
Ante la ausencia de cifras oficiales públicas y actualizadas, el Observatorio Venezolano de Violencia estimó una tasa de 60,3 homicidios violentos por cada 100,000 habitantes de enero a noviembre de 20193. Aunque ello implica una disminución respecto al 2018, constituye una de las tasas más altas de la región.
Comparó las cifras manejadas por su Oficina y las presentadas por el fiscal designado por la impuesta asamblea constituyente, Tarek William Saab, donde indicó que «del total de condenados, al menos 55 oficiales lo han sido por el delito de homicidio en relación con 68 víctimas. Entre los oficiales condenados, 14 eran miembros de la Policía Nacional Bolivariana, sin especificar si formaban parte de las FAES» y agradeció la colaboración de la Fiscalía venezolana.
Junto a esto, denunció que aún continúa la presencia de grupos armados irregulares en Venezuela, sobre todo en el estado Bolívar donde «sindicatos» buscan hacerse con el control de las minas de oro para hacer extracción ilegal del mineral y luego contrabandearlo, lo que recuerda la reciente masacre registrada en el sector Ikabarú en la entidad al sur del país, donde unas ocho personas fueron asesinadas por integrantes del «sindicato» (banda) de El Ciego.
De igual forma, señaló que la restricción a la libertad de expresión en Venezuela continúa y recordó la detención de Belén Tovar, trabajadora del medio Entorno Inteligente, por parte de efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militatr (Dgcim) el pasado mes de noviembre y aún continúa bajo custodia de este cuerpo de seguridad. Ese día, también retuvieron por varias horas a equipos reporteriles que habían acudido a cubrir la historia.
Respecto al tema migratorio, Bachelet informó que la cifra de migrantes venezolanos en el mundo incrementó a 4,7 millones, mientras que mencionó que las autoridades venezolanas aumentaron el costo de los pasaportes en un 75%. El Saime anunció recientemente que el precio del salvoconducto se estableció en dos «petros», que para principios de diciembre equivalía a más de ocho millones de bolívares.
Subrayó que 2020 es un año electoral para Venezuela «y me preocupa las inhabilitaciones de varios diputados. Durante estos comicios se debe tener presente los derechos humanos y una solución para la actual crisis». Declaraciones que hace dos días después del allanamiento a la inmunidad parlamentaria de otros 4 diputados a la Asamblea Nacional, que de acuerdo a cifras de la oposición, van 35 legisladores en la misma situación, aunque la oficina de la ONU contabiliza 30.
Por otro lado, reconoció que han habido «algunos progresos» respecto a la cooperación de las autoridades venezolanas y espera que la misma pueda incrementarse en 2020, mientras que resaltó que en el tema electoral «estamos trabajando con la comisión de asuntos políticos para garantizar y velar por el respeto de los derechos humanos durante los comicios».
Indicó que para marzo de 2020 analizarán la situación y el acuerdo de cooperación con Venezuela para proponer el establecimiento de una oficina permanente de su despacho en el país, mientras que reveló que en julio se presentará un informe completo de la situación.
Reacciones
Tras la presentación de la actualización del informe, la delegación de Venezuela en Ginebra, encabezada por Jorge Valero, rechazó lo descrito por Bachelet al decir que en vez de enfocarse en lo que ocurre en nuestro país, hay otras situaciones que requieren la atención del Consejo de DDHH como Chile y Colombia.
Además, señaló que la migración venezolana «es coyuntural» que estaría incentivada por «medidas coercitivas» por parte de Estados Unidos y acusó a Bachelet de presentar un informe «con fallas metodológicas y parcializado».
Mientras que los representantes de países como Perú, Brasil, Colombia, Australia, Croacia, Chile, Países Bajos, República Checa, Ucrania, Reino Unido, Paraguay, Japón, Georgia, Suiza, Alemania, Unión Europea, España, al igual que organizaciones como Human Rights Watch, la Asociación Interamericana de Juristas, expresaron su preocupación por lo que ocurre en Venezuela.
