Informe de Misión ONU impactará en negociaciones y caso Venezuela en la CPI
En el informe ONU se concluyó que existen motivos razonables para creer que, en razón de presiones políticas, los jueces y fiscales, a través de sus actos y omisiones, han sido perpetradores de crímenes cometidos por diversos actores del Estado
Durante los últimos días la administración de Nicolás Maduro ha recibido varios golpes que han, más que revelado, reconfirmado que en el país se persigue a la disidencia y a los activistas, y que se violan derechos humanos.
Tras la actualización del informe sobre Venezuela, presentado ante el Consejo de Naciones Unidas por la alta comisionada para derechos humanos, Michelle Bachelet, y la publicación del segundo reporte de la Misión Independiente de Verificación de Hechos, queda en evidencia, entre otras cosas, que el sistema judicial venezolanos, lejos de proteger a sus víctimas, las «amedrenta».
Estos documentos se dan a conocer en medio de una mesa de negociación entre el chavismo y la oposición venezolana, y en una pronta contienda electoral, razón por la que la periodista Ronna Risquez concluye que tendrán un impacto importante no sólo sobre ambos procesos sino también sobre el caso que Venezuela tiene abierto ante la Corte Penal Internacional (CPI), por la comisión de presuntos crímenes de lesa humanidad, al menos desde 2014.
En su intervención en el CocuyoClaroyRaspao de este 16 de septiembre, la reportera experta en Derechos Humanos dijo que en el reporte publicado este jueves, hay entrevistas a exfuncionarios del poder judicial, a abogados, a víctimas que revelan prácticas inhumanas, degradantes y contrarias al debido proceso «que uno sabía o suponía que pasaban, pero saber que estos investigadores tienen los testimonios es diferente».
Comentó que lo recogido por la Misión ONU en su informe llena el vaso de agua y podría influir en la apertura de una investigación formal de parte de La Haya a la administración de Nicolás Maduro y los perpetradores de crímenes de su régimen. No obstante, señaló también que es posible que las conversaciones en México pudiesen retrasar ese procedimiento en curso en el organismo judicial internacional.
«En el reporte se habla de procesos en particular, de cómo eran los jueces llamados a Palacio de Gobierno para ordenarles cómo debían manejar la decisión de los casos que estaban trabajando, también de cómo se utilizó la justicia militar para procesar a civiles. Ese documento de hoy aparece en un escenario que parece que apunta al poder judicial, pero que también tiene un alto componente político», señaló.
La Misión de Verificación de Hechos sobre Venezuela determinó que el sistema de justicia venezolano carece de independencia y ha servido durante años para perpetuar las graves violaciones de DDHH contra la oposición a la gestión chavista, violando el debido proceso por motivaciones políticas.
Se concluyó además que existen motivos razonables para creer que en razón de presiones políticas, los jueces y fiscales, a través de sus actos y omisiones, han sido perpetuadores de crímenes cometidos por diversos actores del Estado, quienes habitualmente, según comentaron fuentes del Poder Judicial, reciben órdenes procedentes de la presidencia del Tribunal Supremo de Justicia sobre como decidir sentencias.
En el manuscrito, realizado a partir de 177 entrevistas con exjueces, fiscales y abogado y revisión de documentos oficiales, se recoge que el número de procesos penales domésticos por delitos relacionados con violaciones a los derechos humanos es extremadamente bajo y se limita a los agentes de menor rango, como se aplica a los casos del exconcejal Fernando Albán, el capitán Acosta Arévalo y el estudiante asesinado en las protestas Juan Pernalete.
La publicación de ese informe ha tenido varias reacciones de dirigentes como Miguel Pizarro, comisionado de la gestión de Juan Guaidó para la ONU. Para saber más detalles sobre ello pulse este enlace.
