El informe del panel de expertos de la OEA, por Gioconda San Blas
Náusea. Náusea es lo que se siente al leer las 409 páginas del Informe de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos y del Panel de expertos internacionales independientes sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Probablemente no haya allí nada que los venezolanos medianamente informados no supiéramos: un documento que recoge de manera sistemática y exhaustiva una enorme cantidad de pruebas de atropellos generalizados desde 2013, incluidos asesinatos de manifestantes por miembros de los cuerpos de seguridad del estado, encarcelación, torturas indecibles, violación y otras formas de violencia sexual y psicológica contra presos políticos, persecuciones por el simple hecho de pensar diferente, acoso a activistas, desaparición forzada de personas, control del régimen sobre jueces y fiscales, convertidos en agentes en la manipulación de la justicia para fines perversos, pruebas en muchos casos narradas al detalle, a viva voz, por los propios presos.
Ver todo junto en ese documento acaba siendo un ejercicio doloroso. Se nos vienen a la mente las “Memorias de un venezolano de la decadencia” de José Rafael Pocaterra, narrando sus desventuras como preso político en las cárceles de Juan Vicente Gómez, o los testimonios de José Vicente Abreu en su libro “Se llamaba SN”, un relato terrible de las torturas que sufriera en las prisiones de la Seguridad Nacional del dictador Marcos Pérez Jiménez. Uno hubiera querido creer que después de esas experiencias crueles e inhumanas, nunca más se aposentaría sobre nuestra tierra una experiencia similar y si se quiere, más desalmada que las anteriores.
El panel contabiliza más de 12.000 venezolanos que han sido detenidos arbitrariamente desde 2013, lo que arroja una media de siete personas al día. En el momento álgido de las protestas de 2017 había 676 presos políticos, el número de presos políticos en Venezuela más elevado desde la dictadura militar de la década de 1950. También nos informan que después de estabilizarse en torno a 220 en los primeros cuatro meses de 2018, el número de presos políticos se disparó en las semanas previas a las fraudulentas elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018. Al 13 de mayo de 2018, había 338 presos políticos tras las rejas. Mientras algunos son liberados (la mayoría con medidas cautelares que perpetúan la prisión bajo otras formas), otros entran, en un mecanismo nefasto de puerta rotatoria. Así, desde 2013 ha habido más de 1.300 presos políticos, algunos de ellos mantenidos en prisión a pesar de contar con órdenes de liberación emitidas por los tribunales.
*Lea también: Provenezuela, por Sergio Arancibia
No se les escapa a los miembros del panel la crisis humanitaria, el acceso a la alimentación y a los medicamentos de manera selectiva a los pocos sectores de la población afectos al gobierno, a través de instrumentos de control como el carnet de la patria. “No cabe la menor duda de que la tragedia que se ha abatido sobre el pueblo venezolano es de una magnitud incalculable”, expresan con firmeza, añadiendo que además de prácticas cuestionables en materia de derechos humanos, el régimen se empeña en debilitar y desmantelar sistemáticamente las instituciones democráticas.
Son muchas más las situaciones analizadas al detalle en este exhaustivo inventario, todas confluyentes en concluir que “cuando los sistemas nacionales permanecen inactivos o de otro modo carecen de la voluntad o la capacidad de investigar y enjuiciar de manera auténtica, la Corte Penal Internacional (CPI) debe colmar el vacío que deja el incumplimiento de su deber por parte de los Estados”, a la vez que insiste en que “frente a la inexistencia de mecanismos nacionales eficientes, y la dificultad en la que se encuentran los mecanismos regionales para ponerle fin a las graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en Venezuela, la Fiscalía de la CPI y la propia CPI, han pasado a ser la última instancia internacional para lograr la justicia, ponerle fin a la impunidad en Venezuela y evitar la repetición de tan graves hechos que ofenden la conciencia de la comunidad internacional.”
No cabe duda de que este informe, dado a conocer a principios de junio, ha debido pesar en el ánimo de los participantes en la 48ª Asamblea General de la OEA, realizada el 4 y 5 de ese mes, cuando por mayoría de 19 votos el continente americano desconoció la validez de las elecciones del pasado 20 de mayo y por ende, la legitimidad del presidente en el cargo. No es poca cosa en estos duros momentos
TUITEANDO
Contra el socavamiento de las instituciones académicas en Nicaragua y Venezuela es un documento generado en una reunión de científicos realizada en la Ciudad de México la semana pasada. Invitamos a leerlo, suscribirlo y difundirlo.
