Informe Provea: Efectivos de la fuerza pública asesinaron a 522 personas el año pasado
El coordinador general de Provea, Óscar Murillo, afirmó que en el país «se extinguió el Estado de derecho y el debido proceso dejó de existir». También denunciaron que en el país no hay condiciones para realizar elecciones y señalaron que, «de facto, en Venezuela ya no existe el salario mínimo»
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) presentó este miércoles 30 de abril su informe general 2024, titulado «El apagón democrático de Venezuela». El coordinador general de la ONG, Óscar Murillo, afirmó que en ese período de tiempo «el Estado respondió con la mayor represión que hemos venido registrando a lo largo del funcionamiento de Provea, desde el año 1988».
Añadió que la represión que se vivió tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, no solo fue desmedida y desproporcionada, «sino que rompió todos los récords en medición de represión política».
En este mismo sentido, Lissette González, coordinadora de investigación de esta ONG se refirió a la situación del derecho a la vida en el país y dijo que el año pasado «registramos 522 personas asesinadas por efectivos de la fuerza pública».
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Detalló que 65% de estas personas tenían entre 18 y 30 años de edad y que 46% eran adolescentes: «Aquí se mantiene el patrón de la criminalización de los jóvenes hombres de los sectores populares», aseveró.
Provea encontró que la Policía Nacional Bolivariana (PNB) continuó siendo el principal cuerpo responsable de estos casos, con 29% del total, que fueron 151 asesinados. «Desde 2013, cuando asumió la presidencia Nicolás Maduro, hemos registrado 10.157 personas asesinadas por cuerpos de la fuerza pública y son 6.414 casos en los últimos cinco años», agregó Lissette González.
La organización denunció que la mayoría de estos asesinatos no son investigados debidamente por el sistema de justicia para indagar quiénes son los perpetrados y, por tanto, gran parte sigue impune.
Entre enero y diciembre, Provea registró 209 denuncias de violaciones al derecho a la integridad personal –con igual número de casos–, que incluyeron a 2.808 víctimas.
2.224 personas fueron víctimas de tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes, lo que representa un aumento de 88,1% respecto a la cifra registrada en 2023, y al menos 60 personas denunciaron haber sido víctimas de torturas.
Provea registró un total de 2.635 violaciones al derecho a la libertad personal, lo que representa un aumento de 1.347,8% respecto al año anterior y las desapariciones forzadas aumentaron 671,42% con respecto a 2023.
«Se extinguió el Estado de derecho»
Óscar Murillo afirmó que luego de las presidenciales, en el país «se extinguió el Estado de derecho, el debido proceso dejó de existir y los venezolanos que fueron detenidos de forma arbitraria no lograron tener un abogado de confianza, no se les garantizó un juicio justo y sus excarcelaciones están llenas de muchas irregularidades».
Recordó que ni durante las protestas de 2014, 2017 ni en el 2019 se registraron tantas detenciones como las que hubo en 2024, más de 2.400, «reconocidas por el propio Estado».
De la misma manera, Murillo sostuvo que «no ha habido un año de mayor intención de cerrar todos los espacios de la vida pública y de la expresión libre como el año 2024», que enfatizó, cerró con la aprobación de leyes «que buscan aniquilar y legalizar la persecución contra las ONG y contra toda aquella persona que sea percibida como disidente a la narrativa oficial».
Sin condiciones para elecciones
La investigadora y especialista en derechos humanos Ligia Bolívar fue la encargada de exponer las condiciones en que se realizaron las elecciones presidenciales y denunció las diferentes violaciones al derecho al voto que ocurrieron en el país durante el año pasado.
«La gran pregunta es cuáles son las condiciones para una elección competitiva en el futuro y lo que observamos es que esas condiciones de momento no existen», afirmó Bolívar.
Sumó que es necesario un Consejo Nacional Electoral independiente, observación internacional independiente, apertura del registro electoral como debe ser, inscripción de candidatos sin condicionamientos distintos a los que establece la ley, levantamiento de las inhabilitaciones a los candidatos que padecen esas medidas administrativas, que afirma «son contrarias a decisiones de la Corte Interamericana de derechos humanos».
Para Ligia Bolívar, «si no hay condiciones mínimas, no podemos hablar de garantías electorales en Venezuela» y reiteró que el «mayor bloqueo que siente la población venezolana proviene de quienes detentan el poder de facto».
El informe de Provea también abarcó otras áreas de vida de los venezolanos como son los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, así como la situación de los derechos humanos en general. Algunas de las denuncias en estas áreas son:
- De facto, en Venezuela ya no existe el salario mínimo, pues está estancado en Bs 130 desde marzo de 2022 ($1,49) a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela, al 30 de abril; lo que lleva al país a ocupar el último lugar de América Latina a nivel de salario.
- 86,9% de la población vive en condición de pobreza por ingreso y 70,6% en pobreza extrema, de acuerdo con los datos de HumVenezuela.
- La población no cuenta con ingresos suficiente para acceder a los alimentos necesarios para tener una dieta saludable y variada, por lo que 43% de la población enfrenta inseguridad alimentaria y 10% de los niños tienen bajo peso.
- Ocho de cada 10 centros de salud están inhabilitados para prestar servicios a la población.
- 75% del personal sanitario ha abandonado los hospitales por la pésima situación salarial.
- Hay 74% de desabastecimiento de insumos básicos en los hospitales.
- Tenemos 11 millones de personas con problemas de salud crónicos o graves que no tienen acceso a los tratamientos que necesitan.
Durante la presentación del informe, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) también alzó la voz por los presos políticos y exigió la libertad plena para todas estas personas.
«Puedo decir que este informe también representa una hoja de ruta, una guía que pudiera constituirse en un insumo vital para la transformación de esta realidad, para la exigencia de derechos y revertir una década de abusos y de injusticia social que siguen causando gran dolor entre los venezolanos, precisamente que era lo que queríamos cambiar a través de nuestro voto y de la decisión del pueblo venezolano de escoger su propio destino político», concluyó Óscar Murillo, coordinador general de Provea.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
