Informe Provea: Gestión de Maduro ha fallado en garantizar los derechos fundamentales
Provea consideró que «Maduro impidió un entorno favorable para superar la pobreza y enaltecer el valor de los derechos humanos y la democracia, desconociendo sus obligaciones respecto a la garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población». Entre 2013 y 2023 se registraron 43.003 víctimas de violaciones a la integridad personal, que incluyen 1.652 víctimas de torturas y 7.309 víctimas de tratos crueles
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) presentó su Informe Anual 2023 en que advierte que la gestión de Nicolás Maduro —quien ya tiene 11 años en el poder— «ha fallado en proteger y garantizar los derechos fundamentales de los venezolanos». Desde la ONG califican estos años de «empobrecimiento y represión».
En el documento se registran los principales avances, retrocesos, obstáculos y amenazas para la realización de 14 derechos humanos en el país.
El coordinador general de la ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), Oscar Murillo, denunció que en el periodo de tiempo de gobernanza de Maduro ha habido una doble ruptura de un pacto social, en el que no solo se viola la Constitución, sino que se persigue al que protesta por el desconocimiento de la Carta Magna.
Lissette González, coordinadora del programa de Provea, dijo que desde 2013 hasta el año pasado 10 mil personas fueron asesinadas por los cuerpos de seguridad del Estado. En ese mismo período hubo 43 mil víctimas de violaciones a la integridad personal, que incluye víctimas de torturas y 7.309 víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Murillo calificó como «un gobierno antiobrero» la gestión de Maduro y recordó que 120 dirigentes sindicales han sido detenidos arbitrariamente y 3.479 trabajadores han sido amenazados.
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De la misma manera, condenó la situación de los derechos laborales en el país sigue marcada por la «pérdida de la capacidad adquisitiva, la precariedad y el deterioro de la calidad de vida de los trabajadores», lo que ha profundizado la crisis económica que mantiene a más de 45% de los hogares en inseguridad alimentaria con un salario mínimo de Bs 130, que a la fecha representan $3,5 a la tasa oficial del BCV, y que no cubre las necesidades básicas de una persona.
El informe de Provea también registró que en el país prevaleció la subalimentación y que esta aumentó 20% «en apenas 10 años» y únicamente en 2023 «alcanzó 22,9%, la cifra más alta en la región», afectando a 6,5 millones de personas.
Los defensores de los derechos humanos recordaron que los bonos asociados al «Carnet de la Patria» son excluyentes porque se otorgan bajo discreción del Gobierno. Igualmente, indicaron que los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) siguen siendo insuficientes, con periodicidad irregular, poca variedad y calidad de los productos, que aportan solo 15,5% de los requerimientos calóricos que necesita una persona.
Los resultados del informe de Provea hallaron que solo 16% de los hogares consume la cantidad suficiente de alimentos, 50,6% dedica casi todo su presupuesto a alimentos y 45,2%.
En cuanto al acceso a servicios básicos, las cifras son también alarmantes: 69% de la población sufre severas restricciones para el acceso a agua potable, 61,9% enfrenta graves fallas de electricidad y 49,4% tiene escaso acceso a servicios de transporte.
Provea consideró que «Maduro impidió un entorno favorable para superar la pobreza y enaltecer el valor de los derechos humanos y la democracia, desconociendo sus obligaciones respecto a la garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población».
De acuerdo con Provea, «la crisis solo tendrá una solución cuando las demandas de justicia y de igualdad de derechos para todas las personas puedan ser escuchadas y las instituciones vuelvan a cumplir su mandato constitucional».
