Informe | Solo se ha podido identificar a los acreedores de 40% de la deuda de Venezuela
El economista Gustavo García sostiene que un proceso de reestructuración de la deuda pública externa venezolana es sumamente complejo y para poder lograr unas condiciones estables en esta materia, «se necesitan aproximadamente unos 15 o 20 años». Por lo que esta opacidad de la data complica aún más las posibilidades de llegar a acuerdos de pago para reducir los montos
La opacidad en el manejo de las finanzas públicas de Venezuela, aunada al dinamismo de los mercados internacionales en un contexto de sanciones al país, dificulta la identificación de todos los acreedores de la deuda externa venezolana, destacó el informe elaborado por un equipo multisectorial que lideró el economista Gustavo García sobre el estado de las acreencias al cierre de 2023.
«Pese a una revisión exhaustiva de la poca información disponible sobre la deuda y la entrevista a diferentes fuentes especializadas en el área, solo ha sido posible identificar a los acreedores de 40% de la deuda total que tiene Venezuela», se acotó en el estudio «Saldar la deuda es salvar a Venezuela».
Se explicó igualmente que la mayoría de la información disponible es sobre los acreedores de la deuda no financiera, mientras que «sobre los bonistas abunda el secreto».
García recalcó también en el foro «Situación de la deuda pública externa de Venezuela ¿Cómo resolverla para el desarrollo?» organizado por el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), que un proceso de reestructuración de la deuda pública externa venezolana es sumamente complejo y para poder lograr unas condiciones estables en esta materia, «se necesitan aproximadamente unos 15 o 20 años». Por lo que esta opacidad de la data complica aún más las posibilidades de llegar a acuerdos de pago para reducir los montos.
Indicó el economista que las acreencias totales del país al cierre de diciembre de 2024 será de 162.000 millones de dólares, monto que seguirá «creciendo de manera exponencial ya que Venezuela tiene más de siete años que se declaró en default (impago) y los intereses sigue aumentando la deuda».
Señaló que en la actualidad, a cada venezolano le toca su cuota en este endeudamiento, es decir, cada ciudadano tiene una deuda equivalente a 5.600 dólares. «El PIB per cápita de los venezolanos es de unos 3.600 dólares anuales y por concepto de deuda el monto es de 5.600 dólares. Una persona que nazca en el país ya está endeudada».
García recordó que cuando Hugo Chávez llegó al poder en 1998, el monto de la deuda era de 31% del Producto Interno Bruto ($32.000 millones) «que era perfectamente manejable». Para el 31 de diciembre de 2023 la deuda ya superaba 166% del PIB ($161.371 millones), «lo que genera un clima de incertidumbre financiero para el país».
En la disgregación de este total se tiene que la deuda por los bonos de la República suman $49.583 millones y los bonos de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) la cifra de $39.600 millones. Igualmente, se tiene la cuota de $4.000 millones que se debe a organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y CAF Banco de Desarrollo. Así como, las deudas bilaterales que contrajo el chavismo con otros gobiernos y cuyo monto alcanza los $8.600 millones, aproximadamente; al igual que los $15.600 millones con China. «El único monto que no hemos podido precisar es la deuda que tenemos con Rusia, lo que sí sabemos es que el gobierno ha pagado una parte importante de la misma», dijo García.
Explicó que la deuda hoy ha sido emitida en bonos al portador que cambia de manos día a día, en la cual la mayoría de los accionistas son fondos de inversiones, inversionistas individuales, fondos de pensiones, que se compra y se vende en el mercado con relativa profundidad. «En este particular, la información pública es escasa y lo que se encuentra disponible proviene de la data reportada en Estados Unidos por la Comisión de Valores (SEC, por sus siglas en inglés) y el Departamento del Tesoro».
Al analizar esta data, apenas se puede identificar un total de posiciones que alcanza 19,39% del capital circulante para los bonos venezolanos y 17,82% en el caso de los bonos de Pdvsa, cifras que distan de ser representativas para la deuda venezolana.
Explicó el informe que al momento de imponer restricciones a la comercialización de los bonos venezolanos en territorio americano, la OFAC de Estados Unidos emitió la Licencia General No. 3 que autorizaba a los inversionistas americanos o a aquellos que operaban dentro del territorio estadounidense a transferir sus posiciones sin estar expuestos a sanciones por un período de tiempo que se extendió hasta febrero de 2019. Con esta decisión -indicó el documento-, un porcentaje incierto de tenedores institucionales americanos vendieron o transfirieron sus bonos a inversionistas fuera de los ese país.
«En principio, Europa fue un destino predilecto, pero el endurecimiento de las sanciones y de las políticas de cumplimiento en múltiples países conllevó a que inversionistas de otras jurisdicciones menos transparentes, como Turquía, Rusia, China o Medio Oriente, fueran los beneficiados. Aparte de los inversionistas institucionales, aquellos individuos o entidades de origen venezolano que fueron incluidos en la lista de la OFAC se vieron obligados también a retirar sus posiciones en fondos estadounidenses y europeos. En última instancia, el resultado fue el deterioro progresivo de la data disponible de tenedores de deuda venezolana, reduciéndose a menos de la mitad el porcentaje reportado por los fondos previo a las sanciones financieras de 2017″.
La deuda con los otros
El informe «Saldar la deuda es salvar a Venezuela» destaca que el monto de la acreencia no financiera de Venezuela ronda los $71.170 millones o 44% del total. Dentro de esta clasificación se incluyen las deudas adquiridas con bancos multilaterales; con otros países a partir de acuerdos bilaterales; así como con compañías multinacionales que operaban en Venezuela, pero cuyos activos fueron expropiados o confiscados y terminaron demandando en cortes internacionales.
La deuda no financiera incluye los compromisos de la estatal Pdvsa con socios de las empresas mixtas Chevron, Eni, Repsol, Cyprus Limited y otros por el incumplimiento de los contratos conjuntos; así como la deuda bilateral con países que integran el Club de París, instancia de discusión entre acreedores oficiales conformada por 22 países que buscan soluciones coordinadas y sostenibles para naciones con problemas de pago.
Entre los acreedores de la deuda no financiera destaca China. Con este país se adquirieron importantes compromisos en el marco de acuerdos bilaterales que se intensificaron luego de la creación de la Comisión Mixta de Alto Nivel Venezuela – China, al margen de la Oficina Nacional de Crédito Público y en su mayoría acordada para ser reembolsada con envíos de petróleo.
En el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial se han presentado 55 casos contra Venezuela, 39 de ellos concluyeron y los otros 16 aún esperan por resolución. De los procesos que ya cerraron, 14 demandantes consiguieron decisiones a su favor; un caso emblemático es el de la petrolera estadounidense Conoco-Phillips que tiene tres fallos a su favor.
La deuda comercial más alta de Venezuela es con empresas mixtas, a las que se les debían al menos $10.931 millones al cierre de 2023. Se trata principalmente de las cuentas pendientes por pagar de Pdvsa con los socios B extranjeros en las empresas petroleras de Joint Venture que operan en el país, fundamentalmente Chevron, Eni y Repsol.
«De acuerdo con los datos obtenidos de fuentes directas, de la deuda con empresas mixtas el 39,5% pertenece a Chevron, 18,1% a Eni, 17,6% a Repsol y 24,8% a otros socios. El saldo de los otros socios B de Pdvsa, que implicaría unos $2.711 millones, podría tener una participación importante de empresas mixtas rusas a las que se les deben unos $1.500 millones, según fuentes de estas empresas. Sin embargo, esta última información no ha podido ser confirmada de forma independiente».
¿Cómo reestructurar?
«Hace falta una auditoría oficial para ir a un proceso de renegociación y debe hacer evaluado todos los riesgos y cumpliendo con criterios mínimos de transparencia», acota el informe.
Para Gustavo García «no hay ninguna duda que Venezuela requiere participar en un programa con el FMI (Fondo Monetario Internacional)» que en primer lugar muestre las cifras de la economía las cuales no se las entrega desde hace 2o años. «Hay que poner en orden las cuentas fiscales del sector público (…) Debe haber un organismo con la credibilidad del FMI que pueda actuar como una especie de auditor de las cifras de la economía venezolana».
Un dato significativo que señaló García en el foro del OVF es que China cuenta con poder de voto tanto en el FMI como en el Banco Mundial, por lo que estaría en capacidad de bloquear cualquier solicitud u operación crediticia de Venezuela, por supuesto en caso de ocurrir algún cambio en la conducción política del país.
Explicó que para reestructurar los bonos de Pdvsa debe haber consenso de todos los acreedores, porque de lo contrario se corre el riesgo de que éstos demanden a la petrolera estatal en tribunales internacionales para tratar de ejecutar una orden de pago. «Para finales de 2024 se le deben haber acumulado a esta deuda unos 5.000 millones de dólares por intereses, por lo que es probable que termine el año con una deuda de 60.000 millones de dólares».
De no seguir honrando los compromisos, esto generará, a juicio del economista, consecuencias muy negativas al país. «Si se mantiene el default de la deuda, básicamente es imposible que se pueda reestructurar, y esto aislará mucho más al país, cerrando todas las puertas de financiamiento internacional, además se complicaría mucho más el acceso a los mercados internacionales, así que es muy peligroso que se mantenga este esquema de cesación de pagos a lo malo».
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