Informes internacionales sobre DDHH: ¿Más de lo mismo?, por Rafael Uzcátegui
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Recientemente, la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela (FFM por sus siglas en inglés) divulgó un informe de conclusiones detallas sobre la situación en nuestro país. En un documento de 185 páginas, el ente concluye que los hechos ocurridos, luego de las elecciones, constituyen el crimen de persecución por motivos políticos. Además, que el abuso de poder diagnosticado es una continuación de conductas anteriores, que fueron caracterizadas en su momento como crímenes de lesa humanidad. Este sería el sexto informe realizado por la Misión desde 2020, fecha de inicio de su labor.
Desesperados como estamos por el ver el final de la pesadilla, pudiéramos pensar que este documento es un informe más, que cada vez tienen menos impacto. O que no generan consecuencias inmediatas para los responsables.
Es cierto que la mayoría de los mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos se basan en la «buena fe» de los Estados en el cumplimiento de sus obligaciones. Esto es una ventaja para los gobiernos que están dispuestos a enfrentar el aislamiento con tal de mantenerse en el poder. Y que por tanto se vuelven impermeables a las críticas de la comunidad internacional.
Sin embargo, en estos momentos, es de una gran trascendencia el trabajo realizado por la FFM, la cual se ha convertido en el más importante mecanismo de «Memoria» y «Verdad» con el que contamos los venezolanos. Frente al cierre del espacio cívico, y por tanto el debilitamiento de las capacidades de periodistas y defensores de derechos humanos en realizar su trabajo de ser testigos de su tiempo, son informes como los de la FFM los que, de manera sistemática, realizan el inventario del horror.
Y aunque ratifiquen lo que los venezolanos sabemos, los matices e intensidades del abuso de poder, si estos reportes dejaran de realizarse, por las razones que sea, pudiera sugerir erróneamente que las tropelías contra la dignidad humana han dejado de cometerse. Esta ausencia daría argumentos a los Alberto Fernández del mundo, que el 18 de mayo de 2021 tuvo la osadía de afirmar que «Los problemas de derechos humanos en Venezuela estaban desapareciendo». La persistencia es una constante en la construcción de la Memoria, en aras de establecer la Verdad sobre los hechos. Lamentablemente, las víctimas de hoy y mañana deben tener una voz, aunque los afectados de ayer hayan relatado copiosamente abusos similares. Realizada, además, por un ente de Naciones Unidas, con todo el prestigio y respetabilidad consecuente.
Los hallazgos de la misión, con el estándar de prueba «motivos razonables para creer», se transforman en importantes insumos para la investigación en marcha realizada por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI). Que finalmente se abra una investigación concreta, contra funcionarios con nombre y apellido, sería un importante mensaje de justicia para las víctimas. Para intentar retrasar el inicio de un caso, las autoridades venezolanas aceptaron firmar un «Memorando de entendimiento» con Karim Khan, Fiscal de la CPI. En este acuerdo de trabajo el palacio de Miraflores se comprometió, en lo que se denomina «complementariedad» positiva, en reformar el sistema de justicia y evitar la vulneración de los DDHH. Si el gobierno cumpliera al pie de la letra su compromiso, y recuperara su capacidad de investigar y sancionar los delitos contra la humanidad cometidos, ya no haría falta el trabajo de un organismo internacional como la CPI. Si algo demuestra, precisamente, la pertinencia del organismo creado por el estatuto de Roma es el más reciente informe de la FFM. En sus casi 200 páginas se puede leer que las actuales autoridades ni tienen la voluntad política ni tampoco la capacidad institucional para hacer justicia.
Otro elemento importante de la documentación continuada en derechos humanos es la sensibilización internacional sobre la real situación del país. Cuando se sale de territorio venezolano se percibe la eficacia del aparato comunicacional estatal bolivariano en posicionar matrices de opinión, tan simples como sesgadas, a una audiencia foránea que tiene sus propios problemas, y que por tanto no tiene el tiempo o la posibilidad de informarse adecuadamente sobre el conflicto venezolano. La opinión del presidente chileno Gabriel Boric es el mejor ejemplo, influenciada por el primer informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela realizado por Michelle Bachelet como Alta Comisionada, del impacto de este tipo de documentos. Para hablarle a los no convencidos, a los escépticos y los mal informados sobre nuestro país, este tipo de informes son tan claves como demoledores.
Agregaría que estos reportes son fuentes documentales para los tomadores de decisiones a nivel internacional. La lista de personas sancionadas individualmente, por su responsabilidad en violaciones de derechos humanos, tiene a estos informes como referencia. También pudieran ser elementos de prueba para el inicio de juicios por la llamada “justicia universal”, como sucedió recientemente en Argentina.
Ante la ausencia de instituciones nacionales que escuchen y den respuesta a las víctimas, la inclusión en este tipo de reportes es una reparación simbólica para las víctimas, que no es suficiente, pero importante para legitimar su versión sobre lo ocurrido, «limpiar el nombre», que en ocasiones es tan importante para ellas como el castigo para los responsables. Finalmente, a falta de otras sanciones, es un mecanismo de lo que los defensores llamamos «Nombrar y avergonzar» a los perpetradores. Nunca sabremos calibrar con certeza el nivel de disuasión que generan en funcionarios para participar en delitos lesivos de la dignidad, pero cuando su nombre y apellido se registra como responsable, es un huracán Milton para su reputación, que permanecerá impávida a pesar del paso del tiempo.
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Hagamos una metáfora deportiva. El conflicto venezolano es como un juego de posición, una estrategia del futbol cuyo objetivo principal es lograr que el equipo mantenga la posesión del balón, controle el ritmo del partido y cree oportunidades de gol. Para ello debe hacer decenas de veces los mismos movimientos tácticos de circulación del balón en el medio campo y la defensa. Puede parecer que en Venezuela llovemos permanentemente sobre mojado, y que este tipo de informes no dicen nada nuevo que no se conozca ya.
Pero para poder hacer puntos en la arquería de la transición a la democracia, estamos obligados a continuar siendo testigos de nuestro tiempo, documentar las injusticias y mantener su denuncia en todas las instancias posibles. Dejar de hacerlo sería como dejarle la cancha libre al equipo del autoritarismo.
Rafael Uzcátegui es Sociólogo y Codirector de Laboratorio de Paz. Actualmente vinculado a Gobierno y Análisis Político (GAPAC) dentro de la línea de investigación «Activismo versus cooperación autoritaria en espacios cívicos restringidos»
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