Insensata política contradictoria, por Teodoro Petkoff
El gobierno ajusta cada año el valor de la Unidad Tributaria (UT), que es el indicador con base en el cual se fija el monto de impuestos, tasas, multas, etc. Por citar un ejemplo, la tasa aeroportuaria y el impuesto de salida, para viajes al exterior, se fijan en un determinado número de Unidades Tributarias. Igual una multa por infracción de tránsito, etc. ¿Por qué cada año el gobierno sube el valor de la UT? Porque la inflación lo obliga. La UT está indexada a la inflación, es decir, al IPC (Indice de Precios al Consumidor). Si la inflación alcanzó el año pasado 30%, la UT fue ajustada para este año en una proporción semejante, para que puedan ser ajustados a su vez todos los items que se miden en UT. El gobierno lo hace, pero impide que otros lo hagan. ¿Demagogia o ignorancia? Cuando los constructores de viviendas ajustan el precio de éstas según el IPC, el gobierno lo prohíbe. Esta estupidez está dictada, probablemente, por una buena intención, que es la de favorecer a quienes hoy compraron una vivienda en planos. Estos, seguramente, están felicísimos. Pero, de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Porque los compradores de hoy serán los últimos que habrá. El resultado práctico de esta medida será la desaparición de la construcción de viviendas. Dentro de unos meses ya no habrá viviendas para comprar. También quedarán sin empleo miles de trabajadores de la construcción. La escalación de los precios de las viviendas tiene que ver con la inflación. Si el constructor no puede ajustar los precios de las viviendas de acuerdo con la inflación, sencillamente el costo de lo que construye será superior al precio que recibirá por ellas. En consecuencia, dejará de construir. O, tal vez enmascare el IPC en un precio más alto.
El gobierno se dará cuenta de esto y, con una nueva medida estúpida, regulará los precios de la vivienda, con lo cual se producirá el mismo efecto: escasez, porque nadie puede producir perdiendo.
Pero, lamentablemente para el gobierno, este puede importar caraotas o carne, desaparecidas por los controles de precios, pero no puede importar edificios de apartamentos ni casas. De modo que los felices compradores, hoy beneficiados (si es que son terminadas las viviendas que están pagando), serán seguidos por centenares de miles para los cuales no habrá techo.
Con su característica mezcla de arrogancia con ignorancia, Cha
–cumbele ordenó a su minpopopa ’ todo ; Diosdado, que, se apodere de cuanta constructora deje de trabajar.
¿Este gobierno, uno de cuyos mayores fracasos está en la construcción de viviendas, va a sustituir a la industria privada? Daría risa, de no ser tan preocupante. Cuan do en 1959 se promulgó la Ley de Alquileres, que los regulaba, a los pocos años se acabaron las viviendas para alquiler y apareció un mercado negro, con primas y depósitos escandalosos.
Una cosa es que el estado proteja los intereses comunes con sensatez y otra cosa es que pretenda hacerlo con tiros por la culata. El problema es la inflación. Baje el gobierno la inflación y no tendrá necesidad de imponer políticas estúpidas, que, como en este caso, dañan a constructores, trabajadores y familias que aspiran a techo propio.
