Instalan comisión presidencial para atender centros de detención preventiva en Bolívar
El diputado Antonio Benavides Torres destacó que en 2021 hubo 859 medidas cautelares a reclusos de centros de detención preventiva en Bolívar. Mientras que el coordinador de Una Ventana a la Libertad denunció las condiciones en las que se encuentran la mayoría de los privados de libertad en el país: de hacinamiento y hambre
El pasado 1 de abril se instaló una comisión presidencial, integrado por diputados de la Asamblea Nacional en Bolívar y representantes de la llamada Comisión para la Reforma Judicial, en función del descongestionamiento en centros de detención preventiva.
En esta comisión presidencial a la que convocaron a instancias del Poder Judicial y organismos de seguridad, el diputado Antonio Benavides Torres hizo mención a las doce leyes relacionadas con la «revolución del sistema judicial», para que esté adecuado a los nuevos tiempos; reseñó el Correo del Caroní.
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Diputados en contacto con los familiares
«Se realizaron visitas a las diferentes instituciones policiales y militares, para un diagnóstico y mapeo de la situación de cada uno de los centros de detención preventiva. Lo positivo de esto es que en esta nueva etapa hemos roto un paradigma. Por primera vez los diputados nos reunimos con los familiares de los privados de libertad, las víctimas de abusos y de irrespeto a sus derechos humanos», expuso Benavides Torres.
Precisamente de ese encuentro con parientes de privados de libertad, quienes expusieron casos de corrupción y violaciones de derechos humanos, se les abrió una investigación a tres funcionarios policiales, cuyos casos pasarán al Ministerio Público.
«Ayer (domingo) se abrieron tres investigaciones a funcionarios que no están acatando nuevo ordenamiento jurídico. Este es un proceso que no va a durar 15 días o un mes, va a durar hasta final de año y posiblemente nos abarque 2023 y 2024 porque debe ser permanente», agregó.
Adelantó que se espera que en un plazo de un mes se esté inaugurando la oficina de la comisionaría de DDHH en Bolívar.
Actualmente hay 1.312 privados de libertad en centros de reclusión preventivos | Foto: Archivo Una ventana a la Libertad
859 privados de libertad con medidas cautelares
Benavides Torres destacó que en 2021 hubo 859 privados de libertad a los que se les otorgaron medidas cautelares para continuar su proceso judicial sin encarcelación. Sin embargo, pese a esta cantidad de beneficios procesales, solo en centros de detención preventiva continúa el hacinamiento. El diputado precisó que actualmente hay 1.312 privados de libertad en estos centros de reclusión que han pasado a ser provisionales a un prácticamente un centro carcelario.
«Tenemos un universo de 1.312 privados de libertad en recintos policiales, de los cuales iremos disminuyendo, a través de los beneficios procesales a los que se merezcan medidas cautelares para que continúen el juicio en libertad, no es que se le va a dar libertad al que haya cometido un hecho punible», reiteró.
El sábado 2 de abril se les dieron medidas cautelares a 14 privados de libertad que estaban recluidos en la Comisaría de Agua Salada, en Ciudad Bolívar; mientras que el domingo fueron 74 los que obtuvieron beneficios procesales en el Centro de Coordinación Policial Guaiparo, en San Félix.
Planes para cárceles
Pese al hacinamiento, en los últimos años hubo cierres de centros penitenciarios que solo vino a agravar la situación. Sin embargo, Benavides Torres sostuvo que se hará el abordaje de la «reforma judicial» en los centros penitenciarios, pero en una segunda etapa, una vez culminado el proceso en los centros de detención preventiva.
«Hay dos cárceles en Bolívar que dependen del ministerio para el Servicio Penitenciario: Vista Hermosa, en Ciudad Bolívar y las Colonias Móviles de El Dorado. Estos centros tienen privados, unos procesados y otros condenados; también se hará ese abordaje en una segunda instancia cuando se culmine la etapa con los centros de detención preventiva. Se evaluará expedientes, sus condiciones. Eso nos va a permitir hacer el mapeo, y que puedan tener sus talleres para rehabilitación y reinserción en la sociedad. Es una etapa planteada entre 2022-2030».
Ante la falta de recintos penitenciarios en Amazonas y Delta Amacuro, el diputado dijo: «Vamos a crear centros de reclusión que dependan del ministerio y mejorar condiciones para evitar el hacinamiento».
Sobre el beneficio de medida de régimen de presentación detalló que en Amazonas fueron beneficiados recientemente nueve privados de libertad, mientras que en Delta Amacuro se les otorgó a seis.
Privados de libertad en situación precaria
Carlos Nieto Palma, coordinador de Una Ventana a la Libertad, denunció este lunes 4 de abril a través de Radio Fe y Alegría Noticias que las condiciones en las que se encuentran la mayoría de los privados de libertad en el país son precarias y viola sus derechos humanos. El activista advierte de hacinamiento y hambre.
El pasado 21 de junio de 2021, el gobierno del presidente Nicolás Maduro anunció la retoma para la aplicación del “Plan Cayapa Judicial”, esta iniciativa debía concretarse en 90 días; sin embargo, a su juicio, no ha tenido el impacto esperado.
Hacinamiento y falta de comida en los centros
El activista denunció que persisten los casos de hacinamiento y la falta de comida, que ha derivado en infecciones por tuberculosis. La alimentación es el servicio elemental con el que no cuentan las cárceles del país, por lo que familiares deben cargar con esta responsabilidad.
Palma cuestiona que existe una dualidad institucional en el sistema penitenciario venezolano. Uno, el que se administra en las cárceles tradicionales del país, y la nueva modalidad de incorporar a los privados de libertad en comandos de las policías, e incluso militares.
Según el coordinador de Una Ventana a la Libertad, unas 60 mil personas están en estos sitios donde las condiciones no son las recomendadas para atenderlas.
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El pasado abril de 2021 TalCual junto a varios medios del interior del país visitaron varios centros de reclusión preventiva para documentar la situación de los privados de libertad y las continuadas violaciones a sus derechos humanos de los detenidos.