Instituto Casla denuncia torturas «parecidas a la Inquisición» e incremento de represión
El Instituto Casla reportó en su informe la existencia de un nuevo centro clandestino del Sebin en Caracas, donde los funcionarios son adiestrados por «agentes cubanos». La abogada Tamara Suju afirmó que el gobernante Nicolás Maduro «tiene a funcionarios que ejecutan sus órdenes directamente» para reprimir y torturas a disidentes
El Instituto Casla presentó este jueves 2 de mayo ante la Organización de Estados Americanos (OEA) su séptimo informe sobre la comisión de presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela. En el documento se detallan torturas «parecidas a la Inquisición», la participación y adiestramiento de «agentes cubanos» en graves violaciones a los derechos humanos, un nuevo centro del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), y el aumento de la persecución y represión sistemática contra opositores.
La abogada Tamara Suju, presidenta del Instituto, narró los testimonios de dos víctimas que relataron haber sido azotadas en las plantas de los pies, incluso por un agente cubano, además de la utilización de «grilletes de presión en los tobillos» y descargas de electricidad en sus partes íntimas durante un traslado a un centro de salud, debido a fracturas ocasionadas por torturas.
«Me quitaron los zapatos y al igual que todos los días me colocaron boca abajo y comenzaron a darme latigazos por las platas de los pies. Algunos de estos latigazos agravaron una lesión hecha anteriormente por agentes del Dgcim. Varias uñas de mis pies se cayeron a los días motivado a los golpes y las torturas sufridas. Había un cubano que riéndose le decía a quién me azotaba: ‘me parece que no le estás dando con suficiente fuerza al grandote. Creo que voy a tener que enseñarte cómo se hace’. Ese cubano me azotó brutalmente los pies».
El Instituto Casla registró 16 nuevas incidencias, enviadas a la Corte Penal Internacional, que reúnen los casos de al menos 35 personas. 12 de ellos son civiles y 11 militares. 14 fueron detenidos por el Sebin, 11 por la Dgcim, tres casos por la Guardia Nacional, tres casos por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y en cuatro incidencias se registró la acción conjunta de todos estos cuerpos de seguridad.
La abogada aseveró que de los casos registrados de torturas, especialmente de torturas físicas, algunas son «parecidas a la Inquisición», debido a la utilización de grilletes de presión, objetos punzantes en uñas, azotes en la planta de los pies, descargas eléctricas, asfixia con bolsas plásticas con sustancias tóxicas o agua contaminada; colgamientos de brazos; golpes y puntapies; ahogamientos; golpes con tablas y martillos en uñas de las manos, un procedimiento llamado «la manicure»; personas azotadas con varas o correas con hebillas de metal, golpeados en el rostro y les extraen piezas dentales con alicates; violación o abuso sexual, así como amenazas de ella.
En al menos cuatro incidencias, señaló la oenegé, participaron oficiales cubanos. Además registraron que algunas personas fueron sometidas a aislamiento en solitario entre cinco días y siete meses, al igual que amenazas de muerte, simulaciones de ejecución, detención de miembros de familiares sin importar edad o condición física, falta de alimentos, agua o asistencia médica.
El Instituto Casla detalló en su informe que dos presos políticos intentaron suicidarse tras ser sometidos a torturas, debido a la depresión y desesperanza que sienten en prisión.
Tamara Suju destacó que algunas detenciones de opositores son «planificadas desde el mismo Ejecutivo», en colaboración de sus organismos de inteligencia y avaladas por el sistema judicial. En ese esquema, aseveró la abogada, hay funcionarios «que responden directamente al presidente de la República y la vicepresidenta», y «ejecutan sus órdenes directamente sin pasar por la cadena de mando».
Entre ellos se encuentran Alexander Gramko Arteaga, jefe de la Dirección de Acciones Estratégicas de la Dgcim, Gustavo Gonzalez López, director del Sebin, y Miguel Domínguez, jefe del Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas de la PNB.
«Ellos manotean a generales, comandantes (…) Aparte de impunidad, reciben botín de guerra, empresas múltiples y hasta equipos de entrenamiento. Ellos lavan de esa forma sus ganancias ilícitas», dijo.
También denunció la existencia de un nuevo centro clandestino del Sebin, denominado como CPOD, que funcionaría como base de adiestramiento, unidad de «chequeo visual», análisis y de detención de este cuerpo de seguridad.
Represión sistemática
En su séptimo informe el Instituto Casla registró un incremento de la represión y persecución sistemática contra dirigentes políticos, sindicalistas, activistas, defensores de DDHH, además de la persecución contra venezolanos en el exilio a través de órdenes de captura internacionales, intimidación y amenazas.
«A pesar de que no vemos masividad, la represión es sistemática, generalizada», detalló Tamara Suju, y se siguen registrando graves violaciones a los derechos humanos como torturas, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias.
«Lo que creo es que esta persecución se ha vuelto más cruel e incisiva. Se trata de desmantelar cualquier tipo de coordinación dentro de la sociedad civil», opinó la abogada, quien recordó que estas acciones se recrudecieron tras los llamados del gobernante Nicolás Maduro para activar la «furia bolivariana», lo que conllevó a detenciones de activistas y la vandalización de viviendas y sedes de partidos políticos.
Para el Instituto Casla, esta generalización es parte de la sistemática represión ordenada p0or el propio jefe de Estado contra la dirigente María Corina Machado y su partido, luego de que se calificara Vente Venezuela como una «organización terrorista». Recordó que seis coordinadores y secretarios generales de Vente se encuentran detenidos, y otros seis se encuentran bajo resguardo de la Embajada de Argentina.
«En Venezuela pertenecer a un partido político de oposición, ser familiar de un perseguido o detenido por motivos políticos como Yosida Monasterios, ser activista social o directora de una ONG, como la reconocida abogada Rocío San Miguel; tener nacionalidad estadounidense como Edgar Marval; o denunciar en las redes sociales hechos irregulares, de violaciones de derechos humanos o simplemente producir en redes información sobre corrupción por parte de funcionarios, como los abogados Fanny Cruz y Armado Colina; es suficiente para ser objetos de seguimiento, persecución, montajes o para intimidarlos e inhibirlos».
Dentro de esa escalada represiva, el Instituto Casla pudo identificar como parte de un patrón:
- La presentanción de detenidos de forma oculta, a altas horas de la noche en las sedes de organismos de inteligencia.
- Violación del derecho a la defensa e imposición de defensa pública.
- Impedimento a abogados de confianza de acceder a sus representados o accionar a su favor. Todas las víctimas llegan a la audiencia preliminar sin un elemento que los exculpe de los hechos imputados.
- Acusación, vía delación, por otros detenidos que se presume fueron torturados. El fiscal luego de mostrar los videos anuncia órdenes de aprehensión «utilizando como prueba la confesión de un torturado».
- Aislamiento por semanas o meses. Sus familias no tienen acceso a verlos «para evitar que denuncien los hechos».
La abogada también se refirió a la muerte del teniente Ronald Ojeda en Chile, de quien dijo fue «secuestrado por el Tren de Aragua» y comentó que estaba vinculado al grupo de la operación «Brazalete Blanco», como las autoridades denominaron una supuesta conspiración para atentar contra Nicolás Maduro y objetivos militares en enero de este año. Por estos hechos hay al menos 35 personas, entre ellos la activista Rocío San Miguel.
