Instituto Casla: Los torturadores tienen licencia directamente de Nicolás Maduro
Es un horror decir que Maduro recibe una llamada y el jefe de inteligencia le cuenta las torturas, afirmó Tamara Suju, presidenta del Instituto Casla, «y él dice ‘adelante, sigan con las torturas y la represión’. Esto es un horror»
Nuevas formas de tortura, celdas y centros clandestinos fueron los hallazgos del Instituto Casla reflejados en su informe 2021 sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Los torturadores, principalmente del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), trabajan con una particularidad: con la anuencia y el permiso expreso del gobernante Nicolás Maduro.
«Los torturadores tienen licencia para torturar directamente de Maduro», aseveró este viernes 11 la abogada Tamara Suju, presidenta del Instituto Casla. Esta «línea directa» entre el gobernante y subdirectores y directores del Sebin y la Dgcim fue ratificada a través de testimonios de militares y oficiales de inteligencia activos y retirados, además de funcionarios públicos.
Palabras de la Directora Ejecutiva del Instituto CASLA @TAMARA_SUJU en la presentación del Informe Anual 2021 del @caslainstitute sobre Crímenes de Lesa Humanidad en #Venezuela (1/4) pic.twitter.com/hAwNE0lTqW
— OEA (@OEA_oficial) March 11, 2022
En el informe del Instituto Casla, las víctimas identificaron recurrentemente como principales torturadores al coronel (Ej) Rafael Franco Quintero, al teniente coronel Alexander Granko Arteaga, al capitán Néstor Blanco Hurtado, el capitán de fragata Abel Angola; al comisario José Miguel Domínguez, director de las FAES; además de los capitanes Jonathan Becerra y Jesús Cárdenas, y el primer teniente (GN) Moisés Méndez Calderón.
Además señalaron a Franco Quintero, al coronel Hannover Guerrero, Abel Angola, y los fiscales del Ministerio Público Farik Mora y Dinorah Bustamente como encargados de fabricar expedientes.
Al teniente coronel Granko Arteaga, según informaciones de un exoficial de inteligencia, se le identifica como creador de una marca corporativa -con colores de la Dgcim- que incluye productos derivados del ron y chocolate, e incluso reparte anillos con una marca particular a sus subalternos para identificarse entre ellos.
Este mismo funcionario también sería el encargado de llevar a los cuerpos élite de la Dgcim a un centro clandestino de tortura cerca del embalse La Mariposa (estado Miranda) para ser entrenados en torturas y manejo de nuevas armas. En un vídeo presentado por Suju, se ven a funcionarios con camisas de «comando» y «operaciones especiales» entrenado con diversas armas.
Otra de las cuestiones que revela la abogada es que, una vez al mes o dependiendo de las circunstancias, entre los años 2017 y 20202 se reunieron en las oficinas de la Dgcim en Boleíta (Caracas) los directores de la Dgcim; el presidente del TSJ, Maikel Moreno; el fiscal general Tarek William Saab; el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López; el director de FAES, del Sebin y otros actores «necesarios» para hacer seguimiento a informaciones de inteligencia, situación país, de presos políticos, malestar social y forjamiento de expedientes.
«El Ministerio Público mantiene una oficina en dicho organismo (Dgcim), donde además han presenciado torturas. No hay forma de que Tarek William Saab pueda disimular su implicación en crímenes de lesa humanidad», afirmó Tamara Suju.
Maduro y las cadenas de mando activas
Si todo pasa por Nicolás Maduro, las comunicaciones entre los funcionarios subordinados se pueden saltar un paso. Según lo dicho por Tamara Suju durante la presentación de su informe, en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), tanto el ministro Padrino López como el director de la Dgcim, Iván Hernández Dala, le ofrecen información al gobernante.
Pero Hernández Dala, quien además es jefe de la guardia de honor presidencial, le «puede responder directamente al Presidente» sin que el ministro de Defensa tenga que autorizarlo. «Los dos cargos que ostenta actualmente le responden a Nicolás Maduro y además le dan la seguridad que necesita», dijo la abogada.
Un general activo también le comentó a la abogada que «no hay forma de que se lleven presos a generales, comandantes, coroneles, con mando de tropa sin que el alto mando militar y el presidente de la República lo sepa».
En cuanto a la cadena de mando del Sebin, la presidenta del Instituto Casla afirmó que todos los directores han respondido directamente a los vicepresidentes de la República, «quienes después informan a Nicolás Maduro. No hay forma de negar que Nicolás Maduro no está implicado directamente en crímenes de lesa humanidad. Sus subalternos se reunían para planificar la represión».
Es un horror decir que Maduro recibe una llamada y el jefe de inteligencia le cuenta las torturas, insistió Suju, «y él dice ‘adelante, sigan con las torturas y la represión’. Esto es un horror«.
Palabras de la Directora Ejecutiva del Instituto CASLA @TAMARA_SUJU en la presentación del Informe Anual 2021 del @caslainstitute sobre Crímenes de Lesa Humanidad en #Venezuela (4/4) pic.twitter.com/428ulDjBFj
— OEA (@OEA_oficial) March 11, 2022
La abogada comentó que debido a la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, se han modificado las celdas dentro de Fuerte Tiuna y el Sebin, pero igualmente se mantienen celdas clandestinas de tortura.
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Además informó que introducirá este año una denuncia sobre la implicación directa de Cuba y sus oficiales leales en la comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. «Tienen varias generaciones formadas en ideología, por lo que importa es que sean leales, que respondan al sistema cubano».
Aseveró que existe un manual, denominado «La Constitución», donde se dicta línea sobre represión y tortura a la población civil y militar. Cuatro víctimas torturadas por funcionarios cubanos en Venezuela. «Los cubanos se desesperaban cuando los venezolanos los torturaban y no obtenían respuestas (…) Asumían ellos mismos las torturas y eran más crueles todavía que los venezolanos».
Nuevas torturas, mismos torturadores
En el nuevo informe del Instituto Casla se identificaron a 55 personas víctimas de detención arbitraria, desapariciones forzadas, torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. 32 son civiles, entre ellos dos menores de edad, y 23 militares.
«Son personas buscadas directamente por el régimen o familiares sometidos a torturas», especifica el informe. Los principales delitos de los que se les acusa son conspiración, traición a la patria, rebelión, instigación a la rebelión y terrorismo.
Además, Casla identificó nuevos métodos de tortura «que llevan a las víctimas al dolor extremo, llevan a las víctimas al borde la muerte pero el entrenamiento que tienen los funcionarios saben cómo revivirlas y seguir con las torturas».
En particular se identificaron nuevos azotes con barras de metal (cabillas), cables de electricidad, colgamientos, sumergir a la víctima desnudos en pozos helados, introducir cucharas en oído y nariz hasta que sangren, heridas con sustancias irritantes, inyecciones de sustancias desconocidas que alteran al sistema nervioso, pistolas dentro de la boca para accionarla varias veces.
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Las víctimas han llamado a ciertas torturas como «juegos de guerra», pues aseguran que los funcionarios «disfrutan, se ríen, se burlan» mientras realizan simulaciones de ejecución, los arrastran por zonas boscosas amarrados de pies y manos, en algunos casos también están encapuchados
33 personas fueron torturadas por la Dgcim, 13 por el Sebin, seis por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, penales y Criminalísticas (Cicpc); uno de las FAES, y uno por la Policía del estado Anzoátegui.
Además las personas que sufrieron torturas denunciaron la negación sistemática de alimentación y agua. A tres personas les dieron comida con vidrio molido o laxantes, y otros tres les dieron comida descompuesta, con insectos o gusanos.
Alejandro Calderón, un oficial retirado detenido por la Dgcim en 2014, denunció asfixias mecánicas con bolsas, quemaduras, golpizas y fracturas por parte de funcionarios de ese cuerpo de seguridad. Fue liberado luego de diez días y nuevamente detenido por el Sebin en Aragua, donde sufrió colgamientos y golpes con objetos de hierro, además de descargas eléctricas y golpizas que le ocasionaron daños permanentes en sus rodillas.
Sus padres, su esposa, su abuela fueron capturados «tras órdenes de Nicolás Maduro y el general Iván Hernández Dala», afirmó. Fue liberado en 2020, a pesar de que ya había cumplido su condena dos años antes.
La abogada Tamara Suju mencionó que el año pasado identificaron nuevos lugares «para represión y tortura». Uno de ellos es un centro clandestino en la zona de La Mariposa, cerca de Fuerte Tiuna. Han podido precisar que en dicho lugar fue torturado el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo. «Todos son llevados amarrados de pies, manos y encapuchados y son sometidos a diversos métodos de tortura», especialmente física.
En el Sebin, en la DAE, crearon un lugar llamado «la celdita». Según Suju, basado es testimonios de funcionarios activos y retirados, «la crearon como si fuera un circo romano, para que vean cómo torturan». También fueron creados otros dos sitios, uno llamado «la nevera», donde se encierra a las personas a bajas temperaturas, y «los locutorios», otro sitio de torturas.
Por su parte, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, lamentó que la violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela sea algo permanente y frecuente. «El mundo no pueden ni debe acostumbrarse a escuchar las historias de miseria, horror y tortura que sufren venezolanos y venezolanas».
No olvidamos a los obligados a huir, a quienes sufren la falta de paz, seguridad, de pan, dijo el secretario de la OEA. «Los crímenes de lesa humanidad sigue ahí, la tortura sigue ahí, las ejecuciones siguen ahí, los presos políticos siguen ahí, mientras los venezolanos pasan hambre, se ven obligados a huir con más de seis millones de venezolanos fuera de las fronteras»
También espera que los contactos para rescatar «rehenes», como denominó a los presos políticos venezolanos, sean «plenos. Este trabajo tiene que ser valorado en esa medida». El pasado 8 de marzo, tras una reunión entre funcionarios de la administración Biden y Maduro, dos estadounidenses fueron liberados.