Intentos de diálogo en Colombia opacados por denuncia contra Duque ante la CPI
La Procuraduría de Colombia advirtió a los gobernadores y alcaldes que podrían ser investigados por impedir bloqueo de vías
Un grupo de organizaciones sociales y ONG que operan en Colombia, en compañía del senador de la izquierda de ese país Iván Cepeda, acudieron a la Corte Penal Internacional y al Consejo de Seguridad de la ONU par denunciar la presunta comisión de delitos de lesa humanidad cometidos durante las jornadas de protesta por la administración de Iván Duque.
Además de Duque, también son incluidos en la denuncia como «máximos responsables» el ministerio de la Defensa, Diego Molano; el director de la Policía, Jorge Luis Vargas; y el comandante del Ejército de Colombia, Eduardo Zapateiro.
En un comunicado los querellantes dicen que «teniendo la capacidad material para prevenir la comisión de estos delitos o promover el castigo efectivo de los presuntos responsables, no lo hicieron».
Igualmente, señalan al expresidente Álvaro Uribe como de ser uno de los «principales instigadores» de crímenes de lesa humanidad que supuestamente ocurrieron en las protestas.
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Entretanto, tanto el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, como el ministro de Trabajo, Ángel Cabrera, y el presidente de la Central Única de Trabajadores de Colombia, Francisco Maltés, ratificaron su intención de sentarse a negociar para salir de la crisis que embarga al vecino país.
Una vez más, Ceballos insistió a los representantes del Comité del Paro Nacional a iniciar de forma inmediata las conversaciones con el respaldo de la iglesia y de la ONU. De igual forma expresó que ya llevan ocho días mostrando «transparencia y compromiso» para poder comenzar con dicha mesa y por ello, esperan una respuesta formal de quienes convocan a las protestas pacíficas.
Por su parte, Francisco Maltés, presidente de la CUT, indicó este jueves 14 de mayo que el Comité Nacional de Paro reitera la decisión de entablar una negociación con el Gobierno. «Quedamos a la espera de que el Gobierno nacional, el presidente de la República, nos precise: negociamos, hablamos, dialogamos», puntualizó.
Mientras, la Procuraduría colombiana abre la posibilidad de investigar a gobernadores y alcaldes que permitan el bloqueo de las vías de comunicación por parte de los manifestantes. En un comunicado, instan especialmente a los ediles de Yotoco, Restrepo, Calima El Darién, Buga y Buenaventura, “para que adopten las medidas que consideren necesarias para garantizar el derecho a la protesta, sin restringir los derechos fundamentales del resto de la población”.
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«La omisión “podría implicar la violación o impedimento del ejercicio de derechos fundamentales de igual o mayor relevancia, afectándose la convivencia y los intereses legítimos de los ciudadanos”, dice el texto.
Aparte de las protestas, autorizan extradición a EEUU de «Jesús Santrich»
La Corte Suprema de Colombia aprobó este viernes la extradición de Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias ‘Jesús Santrich’ y dirigente de la llamada «Segunda Marquetalia» de la disidencia de las FARC, a Estados Unidos por delitos de narcotráfico.
Vale recordar que el 4 de abril de 2018, la Corte para el Distrito Sur de Nueva York ordenó su detención por su presunta responsabilidad en la producción y distribución de 10.000 kilogramos de cocaína, que salieron desde Colombia con destino a EEUU.
Al respecto, el exfiscal general de Colombia Nelson Humberto Martínes -quien renunció a su cargo por este caso-, dijo que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y los magistrados que tomaron la decisión de dejarlo libre, ahora deberán responder ante el mundo su decisión. Dijo además que «no hubo mentiras y montaje» en relación a lo que en su momento se hizo contra Santrich, de quien se dice que ahora se encuentra en territorio venezolano.
Con información de Caracol Radio / Radio Fe y Alegría / EFE / Semana / El Tiempo
