AN insiste en un canal humanitario para enfrentar emergencia venezolana
Stalin González, segundo vicepresidente del parlamento venezolano, indicó que van a ser veedores del Plan de Respuesta Humanitaria que Naciones Unidas lanzó para atender la crisis humanitaria venezolana, y “se realice bajo los estándares internacionales”
Nuevamente la Asamblea Nacional (AN) debatió sobre la emergencia humanitaria compleja y los efectos en la población venezolana. Su presidente, Juan Guaidó, insiste en la necesidad de abrir un canal humanitario con el objetivo de atender la población vulnerable, mientras se mantiene la entrega de ayuda por parte de Naciones Unidas y la Cruz Roja.
Durante la segunda reunión de la comisión delegada, que inició con hora y media de retraso, el presidente de la AN aseveró que “hoy enfermarse en Venezuela es una sentencia de muerte” debido a una crisis que escaló en el tiempo y afecta a toda la región de América Latina debido a la migración venezolana.
Desde 2016 emitimos la alerta y se reconoció tres años después, dijo Guaidó, al tiempo que recordó que hay siete millones de venezolanos, reconocidos por la ONU en situación de vulnerabilidad, “y no entran en una emergencia en un solo día”.
Por ello, dijo que es “desesperante” saber que se pueden salvar vidas “y tenemos usurpadores que bloquean esta opción”, por lo que insistió que una de sus tareas será el reiterar la necesidad de un canal humanitario para atender a toda la población vulnerable, además de mantener la comunicación con la ONU y Cruz Roja Internacional, los únicos organismos que han distribuido ayuda humanitaria de manera formal en el país permitidos por el régimen de Nicolás Maduro.
Por su parte, Stalin González, segundo vicepresidente del parlamento venezolano, indicó que van a ser veedores del Plan de Respuesta Humanitaria que Naciones Unidas lanzó para atender la crisis humanitaria venezolana, y “se realice bajo los estándares internacionales”.
Ese Plan de Respuesta Humanitaria, hecho público por la ONU a principios de agosto, prevé la atención de 2.6 millones de venezolanos que han sido identificados por el organismo mundial, a pesar de que en un informe sobre la crisis señalaron que siete millones de personas en el país están en situación de vulnerabilidad.
Afectados por la emergencia
Durante la sesión de la comisión delegada, la diputada Nora Bracho, quien preside la Comisión permanente de Administración y Servicios, señaló que una “plaga roja” es la principal causa de una emergencia humanitaria compleja “que tiene cara de los jóvenes que salen del país, de niños que se mueren de hambre, de ancianos que padecen por la falta de medicamentos, de toda Venezuela”.
Según la diputada, la “calidad de vida se acabó” debido a la condición de servicios básicos como el agua, transporte o electricidad. Para demostrar su punto, dio el derecho de palabra a cinco ciudadanos afectados por la emergencia humanitaria.
Benilde Camacho, del municipio Zamora del estado Miranda, relató que en su comunidad hay fallas de luz constante y pueden pasar hasta más de ocho hora sin servicio eléctrico. En su caso, el salario que percibe no le alcanza a veces para comprar una harina precocida de maíz. “La situación de las familias es grave, nosotros estamos en emergencia”.
Mientras que en las Minas de Baruta, donde habita Orlando del Valle, la situación del suministro de agua potable ha escalado para todo ese barrio mirandino. “Nosotros hemos llegado a pasar hasta un año sin agua. A los niños se les disfraza el tener que cargar tobos de agua. Eso no es justo”.
Además, señaló que en su comunidad ya están presentando brotes de sarna o piojos debido a la falta de agua.
El tema del transporte fue tratado por Ricardo Sansone, coordinador de la ONG Familia Metro, quien señaló que han logrado identificar más de 50 “cementerios” en el país donde se encuentran abandonadas al menos cuarenta mil unidades de transporte público debido a la falta de repuestos.
Al referirse al sistema ferroviario y subterráneo de transporte, Sansone detalló que hay flotas disminuidas, escaleras dañadas, estaciones mal iluminadas, trenes en malas condiciones, lo que genera hacinamiento.
A esto se suma la poca seguridad ciudadana y operativa que ofrecen estos sistemas, dijo el coordinador de la ONG, en referencia al descarrilamiento del Metro de Caracas ocurrido hace una semana. Por ello solicitó el apoyo de la Asamblea Nacional para realizar una “intervención técnica” a este sistema y recuperarlo luego de su evaluación.
La situación de los enfermos crónicos en el país también estuvo tratada por dos invitadas. Mildred Valera, paciente oncológica, relató que hace más de un año que el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, encargado de proveer a los ciudadanos medicinas de alto costo, no les da el tratamiento, que tiene un valor de 300.000 bolívares mensuales.
Valera afirmó que “no es justo” que mujeres diagnosticadas con cáncer de mama y metástasis “llamen a las fundaciones pidiendo ayuda, gritando auxilio, pidiendo morfina o cualquier otra cosa para acabar con su sufrimiento. Esto no es normal”.
La paciente oncológica dijo que “si me dicen que me tengo que sentar con quien sea, entonces lo voy a hacer. Esto no es de si me cae bien o mal alguien, es la salud de todos los venezolanos”.
Por su parte, Anaís Arévalo, quien es paciente renal actualmente en hemodiálisis, señaló que tras los apagones en marzo y las continuas fallas del suministro de agua, a las personas con cualquier condición renal que requieran de este tratamiento no se les ha podido realizar de forma correcta.
En el país hay más de cinco mil personas con problemas renales, la mayoría de ellos en espera de un trasplante que no se realizan en el país luego de la paralización de programa que manejaba el Ministerio de Salud en 2016. Arévalo dijo que pide “por la ayuda humanitaria porque todos los pacientes lo necesitan”.