Jueza ordenó archivar caso contra el ciberactivista Luis Carlos Díaz
Desde Espacio Público exigieron al Estado venezolano que cese la persecución en contra de Luis Carlos Díaz, se declare su inocencia y se decrete el sobreseimiento de la causa
La jueza Vanerkis Marquez, a cargo del Tribunal Trigésimo Primero de Control de Caracas, ordenó archivar la investigación contra el ciberactivista Luis Carlos Díaz, además de decretar el cese inmediato de todas las medidas de coerción personal, que incluían la prohibición de salida del país y de declarar sobre su caso.
Díaz agradeció a todos aquellos que lo ayudaron en su caso, y reiteró que pese a que las medidas sustitutivas de libertad cesaron aún sigue en riesgo.
Después de 2 años, 10 meses y 20 días, archivaron el caso en mi contra en tribunales. Significa que logramos el cese de la medidas que restringían mi libertad y afectaron mi vida y la de mi familia, pero aún sigo en riesgo.
Gracias a tantísima gente que se movió por mi caso. https://t.co/5W727SGJ44 pic.twitter.com/wA4b1uHfh3— Luis Carlos 🏴☠️ #OnePiece (@LuisCarlos) February 1, 2022
La ONG Espacio Público, que sigue el caso de Luis Carlos Díaz, explicó en una nota que «el archivo del caso es una extensión de la violación de los derechos de Díaz, una situación que representa un riesgo y una directa violación a la libertad de expresión y debido proceso en su caso pues el archivo judicial no se traduce en la declaración de inocencia, sino que el expediente se guarda y se podría iniciar nuevamente la investigación».
El 11 de marzo de 2019 fue detenido por efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y desaparecido por unas horas. Su vivienda también fue allanada. Un días después, fue imputado por el presunto delito de instigación pública y se le excarceló con medidas cautelares.
La investigación estaba basada en un video del programa #Esenserio, dirigido por Díaz y Naky Soto, en el que responden preguntas que les hacían los usuarios de Twitter. Antes de la detención, Diosdado Cabello manipuló el video y lo divulgó en el programa Zuda Konducta con la intención de responsabilizarlo por los problemas eléctricos en el país.
El acta policial de la Dirección de Contrainteligencia del Sebin siguió esa línea, y se le vinculó como responsable o tener participación en el apagón nacional del 7 de marzo de 2021.
Desde Espacio Público exigieron al Estado venezolano que cese la persecución en contra del ciberactivista, se declare su inocencia y se decrete el sobreseimiento de la causa.
«El archivo judicial es una violación al principio de inocencia. Esta situación pone en riesgo su derecho a la libertad personal y debido proceso, al existir una posibilidad de exponerlo nuevamente a una investigación, bajo la discrecionalidad y arbitrio del Ministerio Público», considera la ONG.
