Juicio a García Luna en EEUU: «El cártel tenía a un infiltrado en el gobierno mexicano»
La justicia estadounidense alega que Genaro García Luna, a partir de enero de 2001, se «convirtió en miembro de la conspiración del Cártel de Sinaloa», ayudándolo para no interferir en el tráfico de droga
Este martes 17 de enero comenzará en Nueva York el juicio a Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública del gobierno mexicano durante el periodo del expresidente Felipe Calderón. García Luna es acusado de beneficiar al Cártel de Sinaloa, liderado entonces, por el narcotraficante Joaquín Guzmán, “El Chapo”. El proceso judicial podría durar unas ocho semanas y su condena se estima entre 10 años de cárcel y la cadena perpetua.
El exsecretario de Seguridad de México Genaro García Luna, que lideró la guerra que aún hoy el Estado mantiene contra el narcotráfico, será juzgado desde este martes en Nueva York acusado de haber ayudado al cártel de Joaquín «Chapo» Guzmán a introducir 53 toneladas de cocaína en Estados Unidos.
Se trata del funcionario mexicano de más alto rango que se sienta en un banquillo de la justicia estadounidense. La Fiscalía lo acusa de conspirar con miembros del Cártel de Sinaloa para exportar y distribuir droga en Estados Unidos entre 2001 y 2012, así como de mentir cuando en 2018 solicitó la nacionalidad estadounidense.
Favorecimiento de una empresa criminal continua
«Señor Presidente, la Policía Federal ha detenido a más de 90.000 presuntos responsables de diversos delitos. Destacan 2.720 vinculados con estructura de mando del narcotráfico»: así fue como Genaro García Luna concluyó sus funciones, en 2012, como secretario de Seguridad Pública de México, durante el sexenio de Felipe Calderón.
Detenido el 4 de diciembre de 2019 en el sur de Estado Unidos, es, para México, el primer exfuncionario público con una importante responsabilidad nacional enjuiciado en el extranjero. Pero ¿de qué le acusa la justicia norteamericana?
«Son cargos muy dedicados a la conspiración y haber cometido actos en favorecimiento de una empresa criminal continua. Este cargo significa llevar a cabo actos que permiten que una empresa criminal, en este caso el Cártel de Sinaloa, se desarrolle y continúe llevando a cabo sus actividades delictivas. Además de la conspiración, está el cargo de pertenecer a la empresa criminal continua, y de llevar a cabo actos que son agravantes de la conducta para que esta empresa criminal continua continuara operando de forma impune y de forma lucrativa y de forma violenta en el país», explica el abogado David Peña Guzmán, maestro en Derecho Internacional y abogado especialista en extradiciones.
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«Múltiples testimonios»
El hecho de que sostuvo reuniones de trabajo con el gobierno estadounidense ¿podría ser un argumento de defensa? «Al contrario, porque nunca actuó de forma conjunta con el gobierno de Estados Unidos. Es decir, el gobierno de Estados Unidos no tenía a un infiltrado en el cártel, sino lo contrario, el cártel tenía a un infiltrado en el gobierno mexicano, aprovechándose de la confianza, utilizando su puesto. Tenía acceso a información y tenía acceso a una serie de medios que un funcionario común y corriente no tendría», detalla Peña Guzmán.
Información que probablemente transmitía al Cártel de Sinaloa: “Existen múltiples testimonios de testigos protegidos por el gobierno de Estados Unidos, según los que ellos fueron físicamente quienes entregaron millones y millones de dólares al ex secretario de Seguridad Pública a cambio de inmunidad. E incluso no sabemos, porque no hemos escuchado el testimonio de viva voz, pero lo escucharemos en los próximos días, si aparte de esto, las funciones en donde hay policía federal o de gabinete utilizaban o estaban al servicio del cártel, lo cual sería muy delicado y triste”, subraya el abogado.
La justicia estadounidense alega que a partir de enero de 2001 se «convirtió en miembro de la conspiración del Cártel de Sinaloa», ayudándolo para no interferir en el tráfico de droga, informándole de operaciones policiales, deteniendo a miembros de cárteles rivales y colocando a otros funcionarios corruptos en influyentes puestos de poder. A cambio, recibió «millones de dólares», asegura.
Detenido el 4 de diciembre de 2019 en Dallas, estado de Texas (sur), García Luna se ha declarado no culpable de los cargos que podrían acarrearle una condena de entre 10 años de cárcel y cadena perpetua.