Justicia española debate entre «rebelión» y «sedición» en caso de separatistas catalanes
La Fiscalía española pidió penas de entre 16 y 25 años de prisión para los separatistas catalanes por rebelión, mientras que el Tribunal considera que lo que hicieron fue sedición, porque no se concretaron actos violentos
La Fiscalía de España acusó el 2 de noviembre a los líderes del proceso separatista de Cataluña, liderado por el evadido de la justicia Carles Puigdemont, por el delito de rebelión luego de haber realizado una votación para hacer esa provincia independiente de Madrid en 2017 y pidió una pena de cárcel entre 16 y 25 años, siendo esta última para el exvicepresidente del gobierno catalán, Oriol Junqueras.
El Ministerio Público ibérico explicó que la alta pena para Junqueras es por considerar que es el líder de la llamada «rebelión» y además también pidió a la Justicia que sea inhabilitado políticamente por el mismo lapso de tiempo, es decir, 25 años.
Además de Junqueras, están presos otros cinco exconsejeros del Ejecutivo catalán, para los que la Fiscalía pide 16 años de cárcel, y la expresidenta del Parlamento regional de Cataluña y dos líderes de organizaciones sociales muy activas durante el proceso secesionista, para los que piden 17 años de cárcel y otros tanto de inhabilitación absoluta.
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Junto al proceso que lleva a cabo el Tribunal Supremo, hay otros implicados en el proceso separatista y que actualmente están siendo procesados en la Audiencia Nacional de España, entre ellos el entonces jefe de la policía autonómica de Cataluña, Josep Lluís Trapero, al que la Fiscalía de este organismo acusó también de rebelión y pidió para él once años de cárcel.
Por su parte, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, negó que haya «gestos» a los independentistas catalanes después de que la Abogacía del Estado, que representa al Ejecutivo, no calificara de rebelión los delitos de los líderes catalanes procesados, sino de sedición, con menor condena.
Subrayó que la Abogacía del Estado ha actuado bajo criterios de «profesionalidad» basándose en «parámetros técnicos y jurídicos» y, por tanto, ha insistido, «no es una cuestión de gestos».
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La Abogacía del Estado, en su escrito del viernes 2 de noviembre ante el Tribunal Supremo que instruye la causa contra los independentistas, considera que los hechos no pueden ser calificados de rebelión al no haberse producido la violencia necesaria para lograr la independencia de Cataluña.
Por tanto, pide que se le juzgue por sedición, con una petición de pena que va de los 12 a los 8 años, frente a las condenas de entre 25 y 16 años que pide la Fiscalía por rebelión.
Con información de EFE
