Justicia para Jesús Martínez Medina, por Gregorio Salazar
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El triste fallecimiento bajo custodia del Estado del preso político Jesús Martínez Medina, 48 años, se ha sumado a la cadena de eventos que han conmocionado al país desde las elecciones presidenciales del 27 de julio tras el escamoteo de los resultados que favorecieron a Eduardo González Urrutia y no a Nicolás Maduro, como lo proclamó falsamente el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Martínez, músico y compositor, acaba de morir en un centro asistencial de Anzoátegui este jueves 14 de noviembre, días después de salir del calabozo adonde fue arrojado injustamente, sólo cuando después de semanas sin atención médica se hizo inminente un desenlace fatal.
De nada valieron los ruegos de su madre, que hacía ver cómo su condición de enfermo cardíaco con padecimientos de diabetes se iba agravando en la cárcel. Sus piernas se fueron necrosando, como lo recogieron los testimonios fotográficos hechos por sus familiares. Y cuando ya no hubo más alternativa que amputárselas murió en plena intervención.
Medina no es el primer recluso venezolano que ve que la vida se le escapa mientras las autoridades carcelarias le niegan una medida humanitaria por temor a contrariar las órdenes que reciben de sus superiores. El régimen quiere lucir implacable, inclemente, luego de las manifestaciones espontáneas de los días 28 y 29 de julio contra el robo electoral. La represión y los castigos tienen que ser, parece la estrategia, ejemplarizantes de cara al próximo 10 de enero, cuando se intente concretar el colosal fraude electoral.
¿Dijimos castigo? ¿Y cuáles fueron entonces los crímenes de Jesús Eduardo Martínez? Por lo visto y como en otros casos de injustas detenciones, haber sido testigo de una mesa electoral, en su caso la Unidad Educativa «Domingo Guzmán Bastardo», en Aragua de Barcelona. Fue integrante de un Comandito y pertenecía al grupo político Vente, que encabeza María Corina Machado. Otra demostración de cómo se ha barrido con el Estado de Derecho y los derechos humanos, aunque el canciller Yván Gil diga tan campante en el exterior que aquí «no hay ni un solo preso político».
Medina fue sacado de su casa por funcionarios del Sebin sin orden de allanamiento ni ningún cargo que le pudieran imputar. Uno más de los cerca de 2 mil venezolanos que cayeron en esa razzia indiscriminada que llevan a cabo desde el 28-J militares, policías y órganos de inteligencia. Para ellos no ha habido accionar del Ministerio Público ni de la Defensoría del Pueblo, tan activas cuando se trata de tender la alfombra para los desmanes políticos. Ni Estado de Derecho ni piedad, parece ser la orden.
Por testimonios de los familiares de los detenidos que fueron apartados de sus lugares de residencias para recluirlos en los penales de Tocuyito, Yare y Tocorón, se sabe de lo infernal de las condiciones en que están esos privados de libertad entre los que hay menores de edad. Mal alimentados. Visitas cada 15 días y por diez minutos.
No todo lo que se les lleva para auxiliarlos le es admitido. Permanecen encerrados la mayor parte del tiempo sin nada que hacer y muchos han tenido que recibir medicamentos por los ataques de pánico y claustrofobia. El tribunal «contra terrorismo» que tiene sus casos alarga indefinidamente la angustiosa espera. Defensores públicos son inútiles y los privados no se permiten.
Cuatro meses después de las detenciones, Nicolás Maduro pide que se revisen los casos, no vaya a ser cosa que hayan cometido «algún error». Qué preocupado y meticuloso. Nada pasa. Las condiciones inhumanas de tantos inocentes se prolongan, mientras el régimen está dedicado por entero al nuevo delirio: la conformación del llamado «bloque histórico bolivariano», vieja propuesta de Chávez y que retoman para decir que ellos no son simples burócratas ocupando cargos, sino una «fuerza de transformación revolucionaria» y que vienen por el «anclaje definitivo». Es decir, la apropiación total a trancas y barrancas del Estado venezolano.
Vienen a refundar, por enésima vez, la patria. Y ya sabemos lo que ha pasado en cada intento: más destrucción, más retrocesos, más padecimientos para los venezolanos, que siguen escapando del caos. La revolución no tiene pueblo. Y el pueblo que los rechazó abrumadoramente el 27-J lo que ansía, hoy más que nunca, es justicia.
Gregorio Salazar es periodista. Exsecretario general del SNTP.
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