ONG Justicia Venezolana condena las detenciones de los militares presos políticos
Justicia Venezolana denunció la violaciones de derechos humanos contra los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional por presuntos delitos de rebelión, traición a la patria y conspiración
La directora ejecutiva de la ONG Justicia Venezolana, Lilia Camejo, afirmó que en la Fuerza Armada Nacional (FAN) existen 211 militares presos políticos en Venezuela, desde tropas profesionales hasta mayores generales que «por defender la Constitución se les vulneró el derecho a la libertad».
96 miembros del Ejército, 20 funcionarios de la Aviación, 24 hombres de la Armada venezolana y 71 uniformados de la Guardia Nacional (GN), son los detenidos por razones políticas en el régimen de Maduro.
Cuestiona la tortura que han implementado en la mayoría de las detenciones, como también el retraso procesal que existe en los tribunales y en el sistema judicial del país.
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Un ejemplo de ello es el caso del teniente coronel Igber Marín Chaparro, cuya familia ha denunciado que tienen más de tres meses sin poder constatar su estado físico. La Comisión Interamericana de Derechos Huamnos (CIDH) dictó en marzo medidas cautelares a su favor, con el objetivo de permitir que sus familiares pudiesen visitarlo en la Dgcim.
El 22 de mayo, la CIDH emitió una nueva comunicación donde reflejan su preocupación por las condiciones de reclusión dentro de la Dgcim y el recudrecimiento del maltrato contra los detenidos en ese lugar, que incluye a militares y civiles acusados de corrupción.
La Comisión indicó que han recibido informaciones sobre nuevos actos de “presuntas torturas o tratos inhumanos, crueles y degradantes, medidas de aislamiento e incomunicación de los detenidos”, así como el empeoramiento de la situación de algunos de beneficiarios de medidas cautelares por parte del organismo.
Según los informes que recibió la CIDH, tanto Marín Chaparro como el capitán de navío Luis de la Sotta están totalmente incomunicados. A los familiares se les impiden las visitas y también son hostigados.
Debido a los acontecimientos que se están produciendo dentro de la Fuerza Armada, la jurista dijo que las torturas y el aislamiento son la regla general para los uniformados deteninos en la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
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La abogada señaló que esta situación se constató en el informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, quién en su visita a Venezuela cuestionó y posteriormente condenó las violaciones de derechos humanos contra los presos políticos venezolanos. Por ello, instó a los organismos competentes a «abocarse a impartir justicia y a velar por el respeto al debido proceso de estos ciudadanos».
Con información de nota de prensa