Justicia y libertad para Rubén González, por Gregorio Salazar
Ni trabajo, ni salario, ni sindicatos ni contratos colectivos. El trabajo como hecho social, que en Venezuela debe ser tutelado por el Estado mediante la vigencia y aplicación de un amplio marco jurídico y constitucional conformado por leyes, reglamentos y convenios internacionales, ha sido barrido y convertido en una entelequia.
En la médula de la crisis nacional está la destrucción del salario. Justamente, es la imposibilidad de los trabajadores venezolanos para mantener a su familia y satisfacer sus necesidades más elementales con el producto de su actividad laboral lo que ha desatado una estampida humana sin precedentes en América Latina. Con un mes de trabajo a salario mínimo se come a duras penas dos o tres días. Los venezolanos se van, con grandes penalidades y sacrificios, adonde sus capacidades y conocimientos reciban la remuneración que se merecen o en todo caso más justas.
La paradoja es que ese cuadro tan trágico para los trabajadores y su familia tiene como principal artífice al día de hoy precisamente a quien se denomina “presidente obrero”, etiqueta que al igual que otras que manipula constantemente la “revolución” no significa absolutamente nada, como no sea la intención de asignarse méritos completamente inexistentes, en este caso el de alguien identificado, comprometido y defensor de la clase trabajadora. Nada que ver, la aniquila y condena a la desaparición.
Por supuesto, los trabajadores venezolanos no han aceptado de brazos cruzados que se le despoje de sus derechos, que se envilezca su salario y condene al hambre, se desmonte la contratación colectiva y encima se ejerza un perverso ventajismo en beneficio de sindicatos oficialistas, surgidos de la práctica del paralelismo sindical y por lo tanto sumisamente entregados a apuntalar a quienes aspiran al poder total y perpetuo.
Pero, además, es con el aval del “presidente obrero”, de quien se dice que trabajó porque alguna vez condujo un metrobús, que la respuesta a la serie de protestas y conflictos sindicales que sus políticas generan sea la represión
Son muchos los casos de sindicalistas que han sido víctimas de persecución, criminalización, juicios y encarcelamientos, pero ninguno tan emblemático como Rubén González, Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Ferrominera del Orinoco.
Dos juicios y dos carcelazos honran a Rubén González. En 2009 fue detenido por encabezar una protesta de su sindicato y condenado a más de 7 años de prisión. La sentencia le fue anulada por el TSJ en 2011. Y la semana pasada, tras ser detenido en una carretera después de liderar una protesta en Caracas, otro juez lo acaba de condenar a casi 6 años de prisión. El delito es exigir respeto a la convención colectiva y a las tablas salariales y el cese al cierre del sindicato.
Quien ultraja los derechos de los trabajadores y los de sus organizaciones recluye a Rubén González en la cárcel La Pica, imputándole los supuestos delitos de ultraje al centinela y a las Fuerzas Armadas. Vaya, parece que aún les resta una pizca de honor susceptible de ser ultrajado.
El pasado jueves un grupo de dirigentes sindicales, miembros de organizaciones no gubernamentales y luchadores sociales defensoras de los derechos humanos se agolparon a las puertas de la Fiscalía General de la República para exigir la libertad de Rubén González. No eran muchos, ciertamente, pero el mensaje y el valor simbólico de esa protesta tienen una inmensa significación para la ciudadanía venezolana. Ejercer sin descanso la protesta pacífica, reclamar sin tregua el respeto a los derechos humanos, la unidad de todos los sectores que luchan por la vuelta de la democracia a Venezuela. Un ejemplo que en el caso de González y otros dirigentes perseguidos requiere continuidad.
En la soledad de su calabozo del penal de La Pica, apartado de sus familiares que deben hacer inmensos sacrificios para que sobrelleve de manera menos dura su reclusión, aislado de sus compañeros y de su organización sindical se yergue el alto ejemplo de este venezolano, sexagenario ya, que se ha resistido a ser despojado de sus derechos y los de sus compañeros como trabajadores y como ciudadanos.
González nos recuerda que la libertad sindical es un derecho humano fundamental, tal como lo reconoce las Naciones Unidas, y que es consustancial a un sistema democrático. Lógico es que quienes no crean en ello lo persigan pérfidamente y lo encalabocen
El régimen sigue su deriva dictatorial. Lo condenan la ONU, la OEA, la Unión Europea, la OIT, los organismos de derechos humanos más importantes del mundo, pero eso no permea el talante totalitario del régimen. Insistimos, no será para siempre. Habrá futuro y habrá justicia.
