Kellogg’s puede demandar a la República de Venezuela por uso ilegal de su marca
Carlos Seijas Meneses
Publicado mayo 7, 2019
Las cajas de los productos llevan impreso el lema “Juntos todo es posible” que Nicolás Maduro utiliza desde su campaña para las elecciones presidenciales del año pasado
Casi un año después de que salieron del mercado venezolano, supuestas cajas de Corn Flakes y Zucaritas de Kellogg’s –empresa transnacional que en mayo de 2018 cesó sus operaciones en el país– reaparecieron en algunos comercios, a un precio de 6.014,99 bolívares y de 7.380 bolívares, respectivamente.
Los empaques ahora llevan impresos el lema “Conociendo a Venezuela” sobre una cinta de la bandera tricolor en la cara frontal, mientras que detrás dice “Juntos todo es posible”, eslogan que Nicolás Maduro utiliza desde su campaña para las elecciones presidenciales del año pasado.
Luego de que el gobierno ocupó el 15 de mayo la planta de Kellogg’s, ubicada en Maracay, estado Aragua, la multinacional aseguró en un comunicado que “no se hace responsable por el uso que se haga de sus instalaciones y equipos, de la seguridad de los operarios, de las comunidades vecinas, tampoco de la calidad de los productos que allí se lleguen a elaborar”.
Aun cuando la compañía advirtió que ejercería acciones legales ante “el uso indebido de los nombres comerciales y de las marcas propiedad”, Maduro dio instrucciones para que la planta siga produciendo “sin ningún problema”.
Ahora, casi un año después de que el gobernante ordenó tomar las instalaciones de Kellogg’s, están elaborando productos con el material que quedaba en la planta sin autorización de la transnacional, confirmó un funcionario, quien solicitó el anonimato, vinculado a aquellos que gestionan la empresa.
“Están utilizando todo ese material que es propiedad de Kellogg’s. Me preocupa que eso en algún momento traiga consecuencias jurídicas y pecuniarias a la nación”, añadió.
El abogado Cástor González, especialista en Propiedad Intelectual y presidente del Centro Popular de Formación Ciudadana (CPFC), indicó que en el registro de la marca Zucaritas de Kellogg’s, disponible en el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), no se observa ninguna anotación en la que Kellogg Company autorice al gobierno de Maduro el empleo de su marca, de manera que si el producto circula en el mercado sin contar con su autorización se estaría cometiendo un ilícito. “Solo hay una solicitud hecha en el año 2001 de la subsidiaria de aquí de Venezuela. El gobierno ocupó las instalaciones físicas, no tiene control sobre las personas jurídicas”.
De hecho, el artículo 337 del Código Penal establece: “Todo el que haya hecho uso de los nombres, marcas o signos legalmente registrados así falsificados o alterados, aunque la falsedad sea proveniente de un tercero, será castigado con prisión de uno a doce meses”.
Además, el artículo 338 señala: “El que con objeto de comerciar haya introducido en el país y puesto en venta o de cualquier otra manera en circulación, obras del ingenio o productos de cualquiera industria con nombres, marcas o signos distintivos falsificados o alterados, o con nombres, marcas o signos distintivos capaces de inducir en error al comprador respecto de su origen o calidad, si la propiedad de las obras, nombres, marcas o signos ha sido legalmente registrada en Venezuela, será castigado con prisión de uno a doce meses”.
González aseguró que quien dirija las operaciones de la planta y dé las instrucciones para que se cometa ese ilícito es ante la ley el responsable del delito de usurpación de marca. Además, quien ocupó las instalaciones de Kellogg’s en Aragua es responsable por los daños ocasionados a la compañía, como los derivados del uso indebido de la marca y de todas las ventas de esos productos que se realicen sin la autorización de la empresa, tratando de confundir al público consumidor. “En teoría, Kellogg’s está absolutamente calificada para demandar a la República y estaría inclusive facultada para denunciar la usurpación de marca en la esfera penal”, afirmó el experto.
Marca usurpada
Las cajas de los productos que ha elaborado la gestión madurista también llevan inscritos “Gobierno bolivariano de Aragua”, estado gobernado por el general y exministro de Alimentación Rodolfo Marco Torres, y las cuentas en las redes sociales Instagram (@somoskelloggs) y Twitter (@alimentosk), en las que publican propaganda política a favor de Maduro y afirman que “Alimentos Kellogg’s es una empresa recuperada por las y los trabajadores y el gobierno bolivariano de Venezuela”.
#30Abr @dcabellor: Que viva la Patria carajo!!! Los traidores a la Patria nuevamente fueron derrotados, nuestro Pueblo glorioso dando lecciones de ddad, pase lo que pase y en cualquier circunstancia Nosotros Venceremos!!!#PuebloEnMirafloresConMaduro pic.twitter.com/zfsN5wS7OI
— Alimentos Kellogg's (@AlimentosK) April 30, 2019
En Twitter informan que las cajas tienen nueva presentación “resaltando los hermosos lugares de nuestro país y en el marco de la misión #VenezuelaBella dictada por Nicolás Maduro a través de la campaña Conociendo a Venezuela con Kellogg’s”. En una publicación en Instagram, expresan: “Con nuestros hermosos paisajes de #VenezuelaBella sale nuestra #Zucaritas, el cereal de los consentidos de la casa. En Kellogg’s apostamos a Venezuela, a esta patria grande, y nos debemos a nuestro pueblo”.
Un empresario del sector privado, quien también pidió no ser identificado, señaló que algunos establecimientos, sobre todo los más estructurados como las grandes cadenas de supermercados, no venden los productos porque saben que eso puede acarrear algunas consecuencias legales para aquellos que los comercializaron. Otros comerciantes ofrecen los artículos originales que importaron con sus propias divisas.
El empresario expresó que la ocupación de la planta y el uso ilegal de la marca representan una violación a la propiedad privada, al esfuerzo y a la libre iniciativa. “Las empresas transnacionales tienen todo el derecho a cerrar cuando quieran, eso no lo puede impedir nadie, siempre y cuando la compañía cumpla con sus obligaciones y con todos los procedimientos”, añadió el empresario.
En una circular emitida el mismo día que cesó sus operaciones, la transnacional informó a sus trabajadores que “en cumplimiento de las regulaciones laborales correspondientes, el pago completo de los salarios, beneficios y prestaciones sociales por virtud de la terminación laboral ha sido debidamente depositado en las cuentas de nómina y de fideicomiso de prestaciones sociales de cada uno de los trabajadores de conformidad con la ley”.
El presidente del CPFC añadió que los consumidores venezolanos tienen que saber “que el producto que se está manufacturando en Maracay no está siendo sometido a los controles de calidad a los cuales se está acostumbrado”.
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