Keta Stephany: La sociedad civil no puede sustituir a los actores políticos en el diálogo
La secretaria de actas, memoria e información de la Federación de Profesores Universitarios, Keta Stephany, precisó que el objetivo de quienes participaron de la reunión con el gobierno de Nicolás Maduro en Miraflores es que se logren acuerdos en el área social y evitar que continúen imponiéndose las cosas, como el salario o las leyes
El pasado martes 5 de abril, los activistas del Foro Cívico, que agrupa a organizaciones de diversos sectores de la sociedad civil, recibieron una invitación por parte del mandatario Nicolás Maduro para asistir a una reunión en Miraflores. Lo sorpresivo del llamado impidió que todos los integrantes del foro pudieran ponerse de acuerdo en si acudían al llamado o no y en las propuestas que llevarían al gobierno chavista y por ello, quienes asistieron ese día lo hicieron de manera particular como integrantes de la sociedad civil organizada.
Al encuentro asistieron Mariela Ramírez, coordinadora de Dale Letra; Feliciano Reyna, de Acción Solidaria; Luis Lander, director del Observatorio Electoral Venezolano; Ricardo Cusanno, expresidente de Fedecamaras; Keta Stephany, secretaria de información de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios (Fapuv), Enrique Loyo, presidente de la Academia Nacional de Medicina, Pablo Zambrano, representante de Fetrasalud, y Mauro Zambrano, de Monitor Salud, entre otros.
Por parte del gobierno, estuvieron presentes el gobernante Nicolás Maduro, los diputados Cilia Flores, Nicolás Maduro Guerra y Jorge Rodríguez, este último presidente de la Asamblea Nacional electa en 2020.
Los integrantes de la sociedad civil divulgaron un un documento que resume las intervenciones que tuvieron en la reunión y en la que hicieron énfasis en la necesidad de reinstitucionalizar el país, de retomar el proceso de negociación política que se desarrollaba en México entre el gobierno y el sector mayoritario de la oposición y la atención a la emergencia humanitaria.
Este primer “toque técnico”, como lo calificaron los integrantes del Foro Cívico que participaron, fue seguido por una nueva reunión el jueves 7 de abril, en el que no estuvo el dignatario, aunque sí el presidente de la AN, Jorge Rodríguez y los ministros de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, y del Trabajo, José Ramón Rivero, al igual que Nicolás Maduro Guerra.
Sobre ese segundo encuentro, la licenciada en Letras con doctorado en Estudios del Desarrollo y Maestría en Planificación Keta Stephany, precisa que se hizo énfasis en la parte social y se acordó que se va a crear un mecanismo para impulsar algunas cosas en relación a la labor humanitaria de algunas ONG que funcionan en el país.
Sin embargo, la profesora de la UCV hace énfasis en que esta participación debe servir para alimentar el diálogo nacional: “Los representantes de la sociedad civil no pueden sustituir a los actores políticos”, expresa.
Insiste en que ya en ocasión del proceso de diálogo en México, los activistas del Foro Cívico habían solicitado participar, no para ser incorporados a la mesa de diálogo, sino para que se abordaran los temas que han venido planteando como urgentes para la situación del país.
“Para que ese diálogo sea real es necesario crear un clima de diálogo y ese clima pasa porque cesen las imposiciones, las arbitrariedades, que no se impongan las cosas. No puede ser que haya conversaciones con actores políticos si se siguen imponiendo las cosas, o que vayas a ponerte de acuerdo en temas de interés de los actores políticos y los temas sociales no se estén resolviendo”, añade la académica.
En su opinión, si los actores políticos no tienen claros algunos temas la injusticia social que se ha profundizado continuará, y acota que, aunque la invitación levanta suspicacias, hay que sumar esfuerzos para lograr los objetivos.
“No he encontrado que nadie dude de las intenciones nuestras, lo que nos dicen es que consideran que nos pueden estar utilizando, que el propósito es aislar a (el presidente de la Asamblea Nacional electa en 2015, Juan) Guaidó, ese tipo de cosas”, detalla la docente.
El salario debe ser acordado, advierte Keta Stephany
De los temas sociales planteados, Keta Stephany resalta el del salario como uno de los más importantes, y rechaza el planteamiento del mandatario venezolano en cuanto a que son bajos debido a los mermados ingresos de la nación.
“La fijación del salario no se trata solo de ingresos, de que ‘como tenemos menos ingresos ha tenido que ser así y cuando haya mejores ingresos se incrementará’. Es que tienes que sentarte con actores para establecer el salario”, explica.
“No me sirve que a mí, profesora de la UCV, una institución del Estado, me digan ‘es que te puedo pagar tanto’. Yo quiero saber de qué tamaño es el presupuesto, de qué tamaño son los ingresos, qué se está jerarquizando, en qué se está yendo el gasto. ¿Estás jerarquizando la educación, la salud?, y que me den la frecuencia de cargos en la administración pública, para saber realmente cuál es el salario que se puede pagar”.
Indica Stephany que el tema del salario mínimo y libertad sindical pueden resolverse en la mesa tripartita, en la que estarán los trabajadores, empleadores y representantes del Estado y que contará con apoyo de la Organización Internacional del Trabajo, pero la tabla se debe resolver en negociación colectiva.
A juicio de la activista social, los derechos laborales se han violado al establecer las tablas salariales ya que aplanaron las tablas salariales y cambiaron la fórmula de cálculo de las primas que reciben los trabajadores públicos, como aquellas por antigüedad.
“Si violas mis derechos laborales cómo vamos a hablar de diálogo. No puede ser impuesto. Tienes que consultar antes, no después. Ese tipo de cosas no se pueden imponer”, advierte.
Revela Keta Stephany que otro tema es que las leyes deben ser consultadas con los sectores correspondientes. “Puse por ejemplo la Ley de Universidades, hay una discusión (de un proyecto para una nueva ley) en una subcomisión de la AN y en una comisión del Consejo Nacional de Universidades, pero no tienen propuestas”.
Añade que el propio Jorge Rodríguez dijo que no la iban a imponer dicha ley, y que no estaban seguros de que la fuera a discutir un proyecto de esa materia en el presente año.
“Otro tema son los presos políticos. Tienes presa a una gente de manera arbitraria. Vamos a suponer que arreglas el Poder Judicial con cambios de magistrados y pasamos a tener un sistema de justicia independiente, y judicializas a la gente, pero deberías juzgarlos en libertad. Nombré el caso de Javier Tarazona, profesor universitario, de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), y dije que hay que ponerlo en libertad y hacerle un juicio justo. También está el caso de Rodney Álvarez, que lleva 10 años preso. Cuando le den la libertad, porque no tienen pruebas de qué acusarlo y van a decir que es inocente, ¿quién le va a devolver los años perdidos?”.
Acerca del tema de la educación, indica que se debe abordar el rescate de la investigación científica de las universidades.
“Se debe incluir la Educación porque tenemos deficiencia de matrícula escolar. Hay niños que tienen siete, ocho, nueve o 10 años que no han ido a la escuela, fueron puestos en desventaja en la sociedad. Es una emergencia, no puede seguir ocurriendo”, apunta la docente.
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Para Keta Stephany figura del protector universitario viola la autonomía
—¿Cuáles son los aspectos de una nueva ley de universidades que rechazan?
—No quieren soltar prenda, dicen que no tienen proyecto. Si no tienes propuestas, ¿cómo estás diciendo que discutes una ley? Yo sí tengo propuestas. La actual Ley de Universidades data de 1958 y se le hizo reforma en los 70, mediante la cual se le dieron unas cuantas atribuciones al Consejo Nacional de Universidades (CNU) y se impulsó el fomento de universidades experimentales a las que les iban a dar algún día la autonomía. Entre las potestades figura que, cuando hay falta absoluta de rector o alguna autoridad, el CNU decide. Es algo que no lo inventó el chavismo, fue bajo la presidencia de Rafael Caldera (1969-1974). Eso debe cambiar”.
La Constitución de 1999 le dio rango constitucional a la autonomía universitaria. La ley tiene un montón de cosas que deben ir a los reglamentos de las universidades, como por ejemplo, hay un artículo que dice qué hacer si un muchacho sale reprobado en una materia y en el siguiente período hay una materia que esa que reprobó prela. Eso tiene que estar en los reglamentos; necesitamos una ley flaquita, un marco para que cada universidad haga sus respectivos reglamentos en el ejercicio de su autonomía; que cada universidad decida cómo elegir sus autoridades. No lo debe establecer una ley porque la universidad es autónoma.
—¿Cómo ve usted la figura del protector universitario? Empezó con el rescate de infraestructura de la UCV.
—Es una copia de la figura «protector» de los estados; sirve para que ellos administren los recursos destinados para la universidad. Es lo que pasa en los estados, los recursos los maneja el protector y no el gobernador del estado. Es una forma que tiene el Ejecutivo nacional de violentar la voluntad popular en el caso de los estados, y en el caso de las universidades, la autonomía, porque estas son las que deben administrar sus recursos.
Hay que respetar el presupuesto para la educación, hay que asignarle un porcentaje del producto interno bruto y cumplirlo.
La nómina debe manejarla la universidad, pero el gobierno se llevó la nómina. Una universidad necesita competir por el talento y evitar que el mismo se vaya a otro lado. La universidad trabaja con eso, produce conocimiento y forma profesionales, necesita gente talentosa para eso, pero si le vas a ofrecer 11 dólares al mes o hasta 300, se va para otro lado.
Con la tabla salarial violentaron la cláusula de prima de antigüedad. Le pusieron un techo de 30%, cuando se calcula 2% por año de antigüedad hasta que te jubiles, lo que tiene como objetivo premiar y que la gente no se jubile y se quede más años, pero ahora la gente se va a jubilar, no la estás estimulando para que se quede. Tenemos un éxodo bárbaro de talento porque los salarios no permiten a nadie hacer una carrera académica.
Son cosas que las decide un burócrata que no está pensando en el bien de la universidad sino que está sacando cuentas de cómo rinde unos reales para que le quede más al ministerio.
El cerco presupuestario acaba con la universidad y la autonomía, y no hay libertad académica ni hay educación de calidad, ni investigación ni ciencia y tecnología sin autonomía. Si el ministerio se apropiara del sistema de ingreso, ascensos y egresos de los profesores universitarios, se acabaría la calidad de la educación universitaria.
—Usted ha alertado sobre la precarización del trabajo de los docentes universitarios ¿cómo se puede lograr que las universidades cuenten con recursos más allá de las asignaciones presupuestarias del Estado?
—No se debe pensar que eso se va a resolver cobrando matrícula a los estudiantes. La universidad busca talento para formar profesionales y los busca donde la persona tiende, por su propia naturaleza, a formarse en una profesión determinada, en lo que el muchacho sea bueno. Cuando estudias lo que te gusta vas a ser bueno y eso se da en todos los estratos de la sociedad. El tema de la gratuidad no es populista, Alemania no cobra matrícula, necesita profesionales para su país, para su economía, para su desarrollo, nosotros lo necesitamos más, pero nosotros vamos para atrás. Aquí hablan de diversificación de la economía y eso implica conocimiento y trabajo productivo, y eso es lo que forma la universidad.
La generación de ingresos propios puede venir a través de la investigación y servicios que puede prestar la universidad. Hay que adaptar el marco normativo, para que sea más flexible y la universidad pueda generar recursos, hacer inversiones con los recursos que genere, invertir en áreas de investigación y extensión y le puedan meter a la nómina parte de recursos propios que ahora no lo puede hacer.
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Fíjate lo que ocurre con la Ley de Ciencia y Tecnología, ese aporte se canalizaba a través de proyectos de investigación que el sector privado, al que le interesaba algún proyecto, financiaba. Lo quitaron, lo centralizaron y eliminaron presupuesto para investigación. Eso se tiene que corregir.
Lo que está ocurriendo es que se está privatizando la educación, tienen acceso a ella quienes se van por el camino privado. Con una crisis tan profunda solo pueden acceder a ella quienes pueden pagar. Es una retirada del Estado con respecto a ese derecho a la Educación.
No hay matrícula que pague la carrera de medicina, las privadas no tienen una Escuela de Medicina, o la de Farmacia, son carreras muy caras, tiene que hacerlo el Estado, que es el interesado en que haya investigación, calificación, profesionalización de su población, de su juventud, es un interés de la sociedad.
Apuesta por reanudación del diálogo de México
—Qué consecuencias trae que el Ejecutivo inicie este diálogo con actores de la sociedad civil, pero sin estar presentes los partidos de la oposición mayoritaria.
—La posición del Foro Cívico es que estamos apostando que se reinicie el diálogo de México, Estamos diciendo que en ese diálogo deben meter unos temas. Se había nombrado una comisión para abordar temas sociales. Para que sea diálogo tiene que ser con los actores, el diálogo es con el otro, y tiene que conducir a acuerdos, no es sentarse a hablar.
Si no llegas a acuerdos fue una conversación. Miraflores tiene que hablar con los distintos actores políticos, le gusten o no, de la oposición. Se trata de que se reinicie diálogo en México y se llegue a acuerdos que trasciendan la coyuntura. Que se pueden hacer unas elecciones, y después, el que gane, tiene que cumplir el compromiso que adquirió en el tema de la Educación.
—En el documento que se divulgó después de la primera reunión y resumía las intervenciones de los participantes de los sectores de la sociedad civil se hacía énfasis en la necesidad de negociación para el proceso de selección de magistrados del TSJ. ¿Cuáles son los aspectos que le llevan a considerar que el proceso no se está dando de acuerdo al criterio correcto?
—El Foro Cívico ha dicho, ‘esta persona tiene credenciales’, algunos sectores no están de acuerdo en que se propongan nombres, pero el Foro Cívico sí, como se hizo con el Consejo Nacional Electoral. En esa ocasión se dijo ‘tenemos estos nombres’ y de ellos se escogió a uno principal y dos suplentes. No es el deber ser, pero es un paso para abrir el compás.
Lo ideal es que (el CNE y el resto de los poderes públicos) no sea de nadie, (imparcial). Que no se nombre sobre la base de representación de cuotas de poder sino sobre la base de credenciales y las capacidades de la gente para determinados cargos.
Un conjunto de ciudadanos aceptamos hoy la invitación a dialogar con @NicolasMaduro @jorgerpsuv @ConCiliaFlores y @nicmaduroguerra. En el encuentro consignamos este documento que resume nuestras intervenciones en la reunión. pic.twitter.com/4wdc6P9ZzL
— Dale LETRA (@Dale_Letra) April 6, 2022
Aquí hay una negociación, el temor que se tiene es que los cambios no van a convertir el Poder Judicial en lo que debe ser. El cambio debe ser más profundo, abrir concursos de jueces. Tienes que tener a los mejores, todo el mundo a la hora de votar lo va a hacer por alguien, todos tienen sus preferencias, pero no puede un partido pretender reservarse una mayoría en un poder público que lo dice la Constitución, es autónomo.
No hay poder al qué acudir frente a un Ejecutivo tan poderoso. Los poderes públicos deben ser autónomos. No es algo que se va a lograr ahorita, pero es un primer paso. Eso se puede lograr en México, recuperar la autonomía de los poderes, así como del Banco Central.
Proteger el medio ambiente
—¿Qué rol puede desempeñar Venezuela para reinsertarse en el concierto de las naciones, aparte de ser proveedor de combustible para EEUU?
—Venezuela debe retomar una política exterior de no alinearse. Debe apostar por la paz, no tenemos por qué ser agente de una u otra potencia. Debemos ser un factor que procure la paz; es lo fundamental en política exterior para Venezuela, que defienda la paz, la soberanía de las naciones, un país que vele por el cumplimiento de los convenios internacionales. Ser solo proveedores de combustible no debe ser el futuro de nuestro país, tenemos una riqueza más grande que el petróleo que es el agua. El Orinoco, el Caroní, lo están destruyendo con el Arco Minero. Es una reserva de oxígeno, agua y biodiversidad.
Venezuela tiene que ver hacia el desarrollo sustentable, sostenible con protección del ambiente. Nos hemos convertido en un país depredador, estamos contaminando mucho. Se está tratando de sustituir el petróleo con el oro, y quedamos en lo mismo porque es una actividad extractivista. Claro que se debe diversificar la economía, pero respetando el ambiente y proyectando hacia afuera que ese es el deber ser.
La diversificación de la economía no puede darse sobre la base de la sobre explotación del trabajo sino con el conocimiento. Quieres aumentar tus ganancias, que sea con tecnología, no con jornadas de 12 horas. Venezuela se está convirtiendo en una gran maquila, aquí los derechos laborales no están siendo respetados
—¿Cómo le responde a quienes les critican por dialogar con el gobierno? Esas acusaciones de colaboracionista que siempre se dan a quienes se reúnen con el gobierno
—Cuando se dan ese tipo de planteamientos no les respondo. La gente puede tener su criterio. Me han planteado colegas que ellos (el gobierno) utilizan a la gente decente, que la jugada del gobierno lo que quiere es aislar a Juan Guaidó. Te las plantean con sinceridad. El gobierno busca lo que busca, y los demás actores políticos también. Nosotros vamos con nuestra agenda. Si no se logra con el TSJ lo diremos: ‘eso es un desastre’. Con el CNE dijimos ‘está mejor que antes’, pero lo que fueron violaciones en el proceso electoral lo denunciamos; se trata de rescatar la soberanía popular, que el proceso electoral garantice que la voluntad del elector sea proporcional al resultado.
Cada uno va con su agenda, a mí me interesan cosas que trascienden el conflicto político. El tema social no puede ser para que un gobierno diga que es un gobierno obrero, ni para que una la oposición diga que el gobierno es malo, sino para resolver problemas tan graves como que hay niños de 9 y 10 años que no han ido a la escuela. El enfermo que esperaba la donación de un órgano falleció. Los ancianos con enfermedad crónica que esperaban un medicamento fallecieron. Los políticos tienen que mirar hacia eso.
—¿Qué opina sobre el regreso a clases de manera presencial? ¿Están de acuerdo los decanos de la UCV en una misma postura?
—Es un tema objetivo, de condiciones, si hay condiciones puedes y si no, no. Ahorita hay un problema en las universidades que son las tablas amañadas y derechos violentados, es insuficiente, no lo podemos llamar salario porque no cubre las necesidades de la familia, eso no existe todavía.
Está la situación de la infraestructura, todavía están haciendo un montón de trabajo, rompiendo, tumbando. Entonces, hay algunas escuelas que trabajan a régimen a distancia, otras no. Medicina es presencial. Los laboratorios deben ser presenciales, así que depende del área, pero que en este momento, que puedan todos volver a la normalidad no es posible, tiene que haber agua, internet, salones listos, servicios estudiantiles para que tengas presencia de alumnos diurnos y nocturnos y eso todavía no se ha resuelto.
