La abstención le ganó la partida a la consulta popular del #1Dic en Miranda
El alcalde del municipio Chacao, Gustavo Duque, reiteró que la consulta se realizó bajo ilegalidades, pues argumenta que los venezolanos en 2007 rechazaron con el referéndum la implementación de un estado comunal en Venezuela
Al menos dos millones de habitantes del estado Miranda estaban convocados para participar en la consulta popular realizada el 1 de diciembre en esa entidad, cuyo propósito era buscar la aprobación de la ciudadanía en modificar la Ley de Convivencia y con ello permitir la transferencia y administración de recursos procedentes del cobro de multas -que eran entregados a la policía mirandina como un «incentivo» a los funcionarios y también para la dotación de uniformes- a las comunas.
Sin embargo, con el 98% de los votos escrutados se contabilizan un poco más de 435 mil electores, según informó el gobernador Héctor Rodríguez el 2 de noviembre en entrevista a VTV. La cifra dada por el mandatario regional equivale apenas a alrededor de 22% del total de la población, aún así el funcionario dice que en la jornada electoral «ganó la mayoría».
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«con más del 80% ganó el Sí en la consulta popular. Las comunas serán protagonistas en identificar las prioridades en sus territorios y cómo darle solución. Se fortalece el pueblo organizado», dijo Héctor Rodríguez. Al tiempo que subrayó que el evento superó sus expectativas.
El gobernador de esa entidad detalló que con la modificación de la normativa se busca que las comunas perciban recursos con los que puedan atender proyectos en sus territorios.
«Las comunas serán protagonistas en identificar las prioridades en sus territorios y cómo darle solución. Se fortalece el pueblo organizado», agregó.
Sin embargo, medios locales señalan que la participación y el control social fueron los protagonistas del evento electoral.
En Guarenas-Guatire, hubo 97 centros electorales: 49 en el municipio Plaza y 48 en Zamora. Según El Pitazo, se constató que los centros electorales céntricos y emblemáticos de Guarenas hubo poca afluencia de electores.
«Yo ni sabía que había una elección hoy. Me enteré porque la gente del Clap nos está llamando por teléfono. Yo me vine al mercadito a comprar, pero no voy a votar porque igual uno vote en contra o no vote, ellos siempre ganan», señaló Adelaida Madriz, dirigente vecinal en la urbanización Doña Menca de Leoni de Guarenas.
Desde hace más de una semana vecinos y dirigentes de la entidad han denunciando que no hubo avisos respecto a la consulta.
Una electora que prefirió proteger su identidad dijo a Crónica Uno que fue amenazada con que si no votaba «a favor de la consulta popular me iban a quitar mi caja del Clap. Voy a tratar de que mi voto salga nulo y digo que soy una viejita que se equivocó. No les voy a dar un ‘Sí’ a esta gente”.
La mujer de 78 años señaló que los voceros de las comunas que están en su zona compartieron el mismo mensaje a los vecinos.
Ilegal y punto
Respecto a la consulta popular realizada el 1 de diciembre, el alcalde del municipio Chacao, Gustavo Duque, reiteró que es “ilegal”, pues argumenta que los venezolanos en 2007 rechazaron con el referéndum la implementación de un estado comunal en Venezuela.
«Fue un proceso electoral que no se llevó a cabo de la manera correcta, nos enteramos una semana antes, el libro electoral incluía a personas de 15 años en adelante, es inauditable”, agregó. A su juicio fue «una consulta interna del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y nosotros simplemente continuamos trabajando”.
Duque precisó que aunque el PSUV cuenta con un respaldo de apenas 7.500 votos en su municipio en el evento apenas participaron 500 personas.
El alcalde del municipio Chacao también señaló que la consulta fue ilegal porque lo que se buscó definir está desvinculado a recursos municipales, sino de la policía mirandina. Alegó en entrevista a Globovisión que «es ilegal tocarle los recursos a la policía porque la unidad del tesoro no lo permite”.
La Consulta Popular Miranda, según el gobernador Héctor Rodríguez, decidirá aspectos relacionados con la transferencia y administración de recursos procedentes del cobro de multas de la Ley de Convivencia a las comunas.
