La clase obrera reclama y Maduro responde persiguiendo, por Sebastián Boccanegra
La marcha que el pasado 2 de junio protagonizaron trabajadores de la salud, educación y otras áreas de la administración pública fue muy concurrida. Los trabajadores tienen todas las razones del mundo para salir a la calle a denunciar a este gobierno, que ha puesto sobre sus hombros las consecuencias de los graves errores de política económica que han cometido Maduro y su combo y que tratan de enmendar matando de hambre a la mayoría de los venezolanos.
La buena respuesta dada a los organizadores de la marcha parece haber prendido las alarmas en el cogollo gobernante y, como es su costumbre, están buscando un chivo expiatorio que les permita escarmentar a la dirigencia sindical que los enfrenta, les reclama y les exige mejoras para sus afiliados.
Están apuntando contra Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Salud y quien hasta el pasado mes de abril lideraba Justicia Obrera. Los primeros dardos fueron lanzados por el líder de ese grupo parapolicial autodenominado La Piedrita. La amenaza fue clara, tratando de intimidar a Zambrano a quien, incluso, le impidieron poder hacer la denuncia ante la Fiscalía General de la República.
Por supuesto que el fiscal de facto ni se dio por enterado de las amenazas que recibió Zambrano. Lo de él es perseguir a quien Maduro le ordene, y el líder de La Piedrita no está entre ellos.
A lo anterior se agrega que en reuniones que han sostenido el ministro del Trabajo, Francisco Torrealga y otros ministros con dirigentes sindicales de oposición, los representantes del Ejecutivo han dicho que Zambrano está financiado por Juan Guaidó y es partícipe de un plan conspirativo.
Recordamos que este dirigente sindical participó en la reunión que se produjo en Miraflores entre Maduro, Jorge y Delcy Rodríguez con representantes de la sociedad civil agrupados en el Foro Cívico, en una clara demostración de que es partidario del diálogo y la negociación para lograr resolver los problemas del país. A lo que se agrega que es firmante de la carta que 25 venezolanos le dirigieron al presidente de Estados Unidos pidiéndole que se levantaran las sanciones.
El gobierno de Maduro debería enseriarse y demostrar, con hechos, que de verdad quiere normalizar la situación política. Lo anterior implica que cualquier sector de la sociedad puede hacer uso de la protesta pacífica para reclamar lo que considera sus derechos y que quienes lideren esas protestas no sean sometidos a ningún tipo de persecución. Respetar ese derecho a la protesta sería un buen y real síntoma de que “Venezuela se está arreglando”.