La cobarde respuesta del régimen al informe del Comisionado de DDHH, por Roberto Patiño
En el último año en Venezuela 84 personas fueron víctimas de desapariciones forzadas (36 siguen desaparecidas), tras las elecciones del 28 de julio. 2.400 ciudadanos fueron detenidas acusadas de terrorismo y conspiración, entre mujeres embarazadas, adolescentes, indígenas y personas con alguna discapacidad. Se ha confirmado 32 casos de tortura durante las protestas post electorales, desde el 2024 al menos 116 personas, entre periodistas, activistas de Derechos Humanos, políticos y líderes sindicales debieron exiliarse de Venezuela, todo esto en un contexto donde el sistema judicial venezolano aplica leyes «contra el terrorismo» para acosar a la disidencia en un clima general de temor y represión.
Estos fueron algunos de los datos contenidos en el informe presentado ante la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas por el Alto Comisionado de los Derechos Humanos, Volker Turk. Un documento que confirma lo que hemos venido denunciando (y sufriendo) los venezolanos desde hace tiempo: la conformación de un régimen represivo donde la violencia de Estado donde acosan, persiguen, detienen, desaparecen y torturan a todo aquel que se atreva a realizar algún gesto de disidencia política y crítica.
En un primer momento el régimen venezolano respondió a la investigación de la ONU con un listado de acusaciones donde incorporaron reflexiones sobre soberanía nacional, teorías conspirativas, cuestionamiento al sistema de Naciones Unidas, divagaciones sobre geopolítica, hasta llegar al tema de los niños venezolanos separados de sus padres durante los procesos de deportación aplicados por el gobierno norteamericano, acusando al Comisionado Turk y a la ONU de complicidad con lo que ocurre con los migrantes en EEUU.
El régimen pretendía dar por finalizadas las denuncias sobre la situación de los Derechos Humanos en el país, señalando una supuesta incapacidad moral del sistema de Naciones Unidas y refugiándose detrás de las madres venezolanas que han sido separadas de sus hijos al ser deportadas de Estados Unidos.
La propaganda venezolana omite que la situación de los migrantes en Estados Unidos (cuestionada por organismos multilaterales como la ONU, cabe señalar) ha sido objeto de debate en su opinión pública y ha encontrado en el sistema judicial, los medios de comunicación, activistas de DDHH, representantes políticos y en la sociedad civil, resistencia a cualquier violación a los DDHH. Es evidente que en ese país todavía existe un sistema de garantías políticas y judiciales que permite a sus ciudadanos poner límites a su presidente. Este es el verdadero tema de interés del Sistema de Derechos Humanos que promueve la Organización de las Naciones Unidas: presionar a los gobiernos para garantizar la libertad, la justicia a sus representantes políticos y sus ciudadanos para garantizar el respeto de los derechos inalienables de las personas.
Esto no ocurre en Venezuela. El sistema judicial es un apéndice, el Estado ejerce una violencia sistemática para silenciar la disidencia, la prensa está censurada y la sociedad civil está en peligro de ser reemplazada por el partido de gobierno, en una estrategia donde los derechos civiles dependan de la lealtad que se muestre ante el dictador empotrado en Miraflores.
El informe de la ONU, levantado con datos concretos y verificados, no ha encontrado en las autoridades venezolanas ninguna respuesta coherente porque son incapaces de ofrecerla, en su lugar pretenden manipularnos con el doloroso tema de los hijos de los inmigrantes deportados de Estados Unidos. Se podría decir, de modo quizás muy simple, que en EEUU secuestran a los hijos de los migrantes, pero en Venezuela se usa a esos niños como propaganda para no hablar de los Derechos Humanos.
Intentar embadurnar lo dicho en la ONU con argumentos ideológicos que no tienen que ver con lo denunciado en el documento, es una confirmación de que el régimen decidió, por la vía de los hechos, ponerse al margen del sistema mundial de DDHH. Esconderse detrás del llanto de las madres separadas de sus hijos en Estados Unidos es un argumento mezquino y cínico de quien no ha dudado al momento de detener niños y adolescentes que exigían el respeto de los resultados electorales del 28 de julio, de quien ha detenido a los familiares de perseguidos políticos, de quien ha dejado morir a padres y madres en las cárceles y de quien ha roto a muchas familias venezolanas.
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Son tiempos difíciles para los venezolanos dentro y fuera de nuestras fronteras, pero debemos insistir en la denuncia, el apoyo a los familiares de los presos políticos y en la organización de la gente para lograr el retorno de una democracia que reconstruya un sistema que limite el poder y de espacio para reconstruir la dignidad de sus ciudadanos.
Este ha sido y seguirá siendo nuestro compromiso.
Roberto Patiño es Ingeniero de Producción-USB. Magíster en Políticas Públicas-Harvard. Fundador de Alimenta La Solidaridad y de Caracas Mi Convive.
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