La Comuna con «rango universitario», por Jesús Elorza
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Con el objetivo de impulsar el modelo de comunas y el poder popular enmarcado en el socialismo del siglo XXI el gobierno da paso a la creación de la Universidad Bolivariana de las Comunas (UBC) en Venezuela. Su sede principal está ubicada en San Antonio de los Altos, estado Miranda, y ha sido presentada como un campus moderno.
Sin embargo, su modelo de funcionamiento busca la territorialización, lo que implica tener sedes académicas y administrativas directamente en las comunas y territorios donde el pueblo se organiza, funcionando como una red de engranaje de conocimiento. Su misión principal está orientada al fortalecimiento del Poder Popular y la construcción del socialismo comunal.
El concepto de «Poder Popular» es un término que ha generado mucho debate y diferentes interpretaciones, especialmente en el contexto de regímenes políticos que lo adoptan como un pilar ideológico. En su esencia, el Poder Popular se refiere a la idea de que el pueblo ejerce directamente la soberanía y participa activamente en la toma de decisiones que afectan su vida colectiva. Se busca que las comunidades organizadas, a través de diversas formas (como consejos comunales, comunas, cooperativas, etc.), tengan un rol protagónico en la planificación, ejecución y control de las políticas públicas, el desarrollo local y la gestión de sus propios asuntos.
La Ley Orgánica del Poder Popular en Venezuela lo define como «el ejercicio pleno de la soberanía por parte del pueblo en lo político, económico, social, cultural, ambiental, internacional, y en todo ámbito del desenvolvimiento y desarrollo de la sociedad, a través de sus diversas y disímiles formas de organización, que edifican el estado comunal».
En la teoría, el Poder Popular a menudo se presenta como una profundización de la democracia, buscando ir más allá de la democracia representativa tradicional hacia una democracia participativa y protagónica. Se argumenta que, al empoderar a la ciudadanía a nivel de base, se combate la burocracia, se descentraliza el poder y se asegura que las decisiones respondan a las necesidades reales de la gente.
Sin embargo, en la práctica, la implementación del Poder Popular ha sido objeto de críticas importantes, especialmente en el contexto de gobiernos que han sido calificados de autoritarios o que tienen una fuerte tendencia centralizadora, autoritaria y represiva.
- Instrumentalización política: Una de las principales críticas es que el Poder Popular, en lugar de ser una expresión genuina de la voluntad popular, es instrumentalizado por el Estado o el partido gobernante para movilizar apoyo, legitimar decisiones tomadas desde arriba y marginar a la disidencia. Las organizaciones de base (como los consejos comunales) pueden volverse extensiones del aparato estatal o del partido oficialista, perdiendo su autonomía.
- Centralización del poder: A pesar de que el concepto busca descentralizar, algunos críticos argumentan que, paradójicamente, puede llevar a una mayor concentración del poder en la figura del líder o en una élite que controla las estructuras del Poder Popular. Si las decisiones finales no emanan de la base, sino que son dirigidas o supervisadas rígidamente por instancias superiores del gobierno, el «Poder Popular» se convierte en una fachada.
- Erosión de la institucionalidad democrática: En algunos casos, la promoción del Poder Popular ha sido percibida como una forma de socavar las instituciones democráticas tradicionales (como los partidos políticos, los parlamentos y los poderes públicos) en favor de estructuras paralelas que son más susceptibles al control del ejecutivo. Esto puede debilitar el sistema de pesos y contrapesos.
- Falta de pluralismo: Si el Poder Popular está fuertemente vinculado a una ideología o partido político único, puede limitar el pluralismo y la diversidad de opiniones dentro de las comunidades, lo que contradice el espíritu de una democracia participativa genuina.
En definitiva, si bien el concepto de Poder Popular, en su ideal, busca fortalecer la participación ciudadana y la democracia directa, su aplicación concreta ha llevado a interpretaciones y resultados muy diversos. La afirmación de que es un basamento ideológico de regímenes autoritarios se sustenta en la preocupación de que, en ciertos contextos, este concepto ha sido utilizado para legitimar y consolidar el control del Estado o de un partido único sobre la sociedad, en lugar de empoderar verdaderamente a los ciudadanos de manera autónoma y plural.
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Múltiples son las experiencias de este modelo de «Poder Popular» allí están los ejemplos de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) de Cuba y Nicaragua, los Soviets o Consejos de Obreros de la disuelta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o los Guardias Rojos de China.
En nuestro caso, la imposición del mal llamado poder popular ha pasado por los colectivos, los Círculos Bolivarianos, las Milicias y los Consejos Comunales y las Comunas que, tendrán rango universitario.
