La comunidad internacional habló sobre Venezuela ante el Consejo de DDHH de la ONU
43 países y dos coaliciones (Unión Europea y Grupo de Lima), expresaron sus desacuerdos y opiniones sobre el informe de Bachelet en la ONU
La presentación oral del informe y el diálogo interactivo sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela ante el Consejo de DDHH de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, luego de un mandato a la Alta Comisionada en septiembre, permitió a la comunidad internacional expresar sus opiniones sobre la crisis venezolana.
El informe, liberado el jueves 4 de julio, y presentado por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Michelle Bachelet, refieren que en el país se han cometido graves violaciones a estos derechos permitidos por el Estado, que ampara una política de represión y control social de la población.
El régimen de Nicolás Maduro, a quien la ONU reconoce como Gobierno en funciones, envió 70 recomendaciones al documento elaborado por la Oficina de Bachelet y que esperaban pudiesen ser tomadas en cuenta antes de la publicación del informe, pues señalaron que las sanciones de Estados Unidos y las acciones de la oposición son las que mantienen la crisis.
Además, el representante venezolano negó que exista una crisis humanitaria, pues aludió que el país enfrenta dificultades económicas como cualquier otra nación.
Representante del Estado Vzla: El contenido del informe está parcializado. No tomó en cuenta información oficial. En Venezuela no hay una crisis humanitaria, enfrentamos dificultades económicas como cualquier país. Instamos a @mbachelet a corregir el informe #BacheletVzla
— Examen ONU Venezuela (@VE_ONU) 5 de julio de 2019
Desde Ginebra, Bachelet recordó que el diálogo interactivo forma parte de la resolución de septiembre de 2018 del Consejo de Derechos Humanos, y le precedieron dos informes escritos (2014 y 2018) además de un informe verbal. Para septiembre se espera una anueva actualización sobre la situación en Venezuela y otro debate en el Consejo, antes de una nueva resolución.
En su resumen, la Alta Comisionada destacó que el Estado de derecho en Venezuela «está erosionado. Mi oficina ha documentado ataques contra oposición, defensores de derechos humanos. Desapariciones y asesinatos extrajudiciales».
Bachelet señaló las dificultades de los ciudadanos para acceder a la alimentación, debido a que el salario mínimo no garantiza la compra de la canasta básica, mientras que la crisis económica ha causado el colapso de los servicios públicos como agua y electricidad.
Otro de los puntos referidos por la Acnudh fue la situación de los pueblos indígenas, a quienes se les dedicó un capítulo especial dentro del informe, debido a los graves ataques que han sufrido en los últimos años.
Además, la exmandataria chilena reiteró sus denuncias sobre la muerte del capitán de corbeta de la Armada venezolana Rafael Acosta Arévalo, que calificó como lamentable. «A pesar de que hay dos oficiales detenidos, las acusaciones de tortura no fueron tomadas en cuenta a pesar de que el país cuenta con un órgano para estos casos».
Por ello, destacó que uno de los compromisos de las autoridades es «aceptar la asesoría para el organismo contra la tortura y otorgar acceso ilimitado a las cárceles en el país a los miembros de mi oficina», así como la liberación de todos los presos políticos.
Venezuela en la mira
La comunidad internacional presente en el Consejo de Derechos Humanos tuvo la oportunidad de expresar sus impresiones del informe de Bachelet, así como realizar recomendaciones al Estado venezolano.
43 países y dos coaliciones (Unión Europea y Grupo de Lima), expresaron sus desacuerdos y opiniones sobre el informe de Bachelet, aunque la mayoría coincidió en la necesidad de una solución pacífica a la crisis venezolana, que puede pasar por una iniciativa de diálogo que apoye Naciones Unidas.
El representante de la Unión Europea llamó en nombre de la coalición al Estado venezolano a brindar acceso ilimitado a la Acnudh a todas las cárceles, aceptar la asesoría del Comité contra la Tortura (CCT) y aceptar la visita de los relatores de procedimientos especiales.
Mientras que el gobierno de España manifestó su repudió por las circunstancias alrededor de la muerte del capitán Acosta Arévalo, al tiempo que reiteraron que continuarán dentro del Grupo de Contacto de a UE para lograr una solución pacífica a la crisis.
Alemania resaltó que la muerte de Acosta Arévalo cuando se encontraba bajo custodia «es un ejemplo de los cientos que ocurren», mientras que Francia y Portugal recordaron a los miembros del Consejo que Venezuela es parte de la mayoría de los tratados de derechos humanos de la ONU, y por tanto, debe respetarlos «sin importar las limitaciones económicas».
Islandia resaltó que el gobierno de Venezuela ha fallado en garantizar los derechos fundamentales de los venezolanos, y comunicaron su apoyo a la inciativa de Noruega para una negociación, a la que también se ha acercado el Grupo de Contacto de la Unión Europea.
El gobierno de Perú, en representación del Grupo de Lima, pidió al país adoptar las recomendaciones del informe, pues la crisis venezolana afecta a toda la región. Además, expresaron su preocupación por la falta de instituciones autónomas que permitan cierto grado de normalidad, mientras ratificaron su reconocimiento a Juan Guaidó como mandatario encargado del país.
Por su parte, Brasil y Colombia dijeron que continuarán recibiendo y brindando apoyo a los venezolanos que migran debido a la crisis, mientras se consolida el retorno a la democracia en el país.
Paraguay enfatizó que el informe de Bachelet «refleja las situaciones que hemos venido denunciado. Las cifras de la crisis son alarmantes. Cuatro millones de venezolanos han huido de su país en búsqueda de una vida digna y huyendo de un Gobierno que no los escucha».
Cuba, el principal aliado ideológico y comercial del régimen de Maduro, destacó que el país es «víctima de una campaña internacional del proceso iniciado por el expresidente Hugo Chávez», usando el «pretexto» de los derechos humanos para desestabilizar. Esta opinión fue compartida por Rusia, Irán, Siria, Bielorrusia y Turquía.
Mientras que China, otro de los aliados comerciales de Maduro, mantuvo una posición neutral: «Desde hace un tiempo, la escalada de la crisis ha atraído la atención de la comunidad internacional. China ha sido consecuente en su postura. Estamos dispuesto a apoyar una solución pacífica a través del diálogo».
Eslovenia consideró que el establecimiento de la oficina de la ONU, uno de lo esfuerzos que Bachelet espera lograr en seis meses, es un paso importante, por lo que instaron al gobierno venezolano a trabajar con la Oficina de la Alta Comisionada.
El representante de Uruguay dijo que la visita de Bachelet «hace posible que el gobierno de Venezuela se comprometa con los derechos humanos. Estamos muy preocupados por la situación de los derechos humanos, la debilidad institucional, las ejecuciones extrajudiales y detenciones arbitrarias».
Por su parte, Australia destacó que «venezolanas están siendo captados para explotación sexual, laboral y esclavitud», mientras que los más afectados por esta crisis son los niños y mujeres, una opinión compartida por Estonia. «Estamos sumamente preocupados por las evidencias de ejecuciones extrajudiciales. Exigimos se liberen a todos los presos políticos».
Además, hicieron un llamado a Bachelet a evaluar otras formas mediante las cuales la ONU puede colaborar en la solución de la crisis.
República Checa puso énfasis en los efectos de la crisis en la salud mental de los venezolanos, en especial los privados de libertad, y reiteraron que la crisis política solo puede ser resuelta con la participación de todos los actores.
Croacia resaltó que los venezolanos que permanecen en el país necesitan de asistencia humanitaria y no podrán sobrellevar una escalada de la crisis, por lo que instaron al régimen de Maduro a trabajar con los procedimientos y mecanismos internacionales.
