La Conversa ARI | «Si el informe de la Misión no existiera, situación de DDHH fuese peor»
El director del Laboratorio de Paz, Rafael Uzcátegui, dijo en el espacio semanal de la Alianza Rebelde Investiga que el informe de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela en la ONU se diferencia de los demás porque incluye cruentos testimonios a propósito de la represión poselectoral. Afirmó que el documento allana el camino hacia un eventual juicio en la Corte Penal Internacional (CPI) y que podría tener un efecto disuasivo y de inhibición en los victimarios
A juicio de Rafael Uzcátegui, director de la ONG Laboratorio de Paz, pareciese haber una tendencia a pensar que informes como el recientemente elaborado por la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela en la ONU, no sirven para paliar el sufrimiento de las víctimas.
Si bien es cierto que los afectados por la represión del régimen de Nicolás Maduro no pueden acceder a mecanismos de justicia de forma inmediata, según Uzcátegui, si este tipo de informes no existieran, la situación de derechos humanos en Venezuela estaría peor.
«Esto no es un informe más y debemos estar conscientes de lo detallado que es. A nivel internacional no es lo mismo que lo diga la ONU que una ONG de Venezuela por el impacto que tiene, lo mismo que ocurrió con el Centro Carter en torno a las elecciones presidenciales, está sucediendo con la Misión. Aunado a esto la publicación de estos documentos suele tener un efecto disuasivo y de inhibición para los victimarios», aseveró.
Uzcátegui fue el invitado este martes 15 de octubre en la edición número 30 de La Conversa, espacio semanal de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) conformada por Runrun.es, El Pitazo y TalCual.
En esta ocasión el programa estuvo moderado por la directora de ARI, Ronna Rísquez, y contó con las intervenciones de César Batiz, director de El Pitazo, y Luis Ernesto Blanco, director de Runrun.es.
Uzcátegui expresó que a diferencia de los anteriores, este informe de 185 páginas contiene nuevos elementos como testimonios de víctimas de la ola represiva posterior a los comicios del 28 de julio tanto dentro como fuera de Venezuela y el mandato de estudiar la actuación de civiles cómplices del régimen, como miembros de colectivos.
«Se hicieron 366 entrevistas a afectados de manera remota porque sabemos que los miembros de la Misión no pueden entrar en Venezuela. Se incluyeron entrevistas a migrantes venezolanos en tres países, quienes en su mayoría huyeron a raíz de la persecución poselectoral», comentó.
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Uzcátegui recordó que debido al asedio y hostigamiento hacia la sociedad civil, la Misión actuó con cautela a la hora de entrevistar a las víctimas. «La Misión es muy cuidadosa de no poner en riesgo a nadie, estamos viviendo uno de los capítulos más oscuros en torno a persecución, censura y autocensura y en ese sentido los integrantes de este tipo de iniciativas están entrenados para resguardar la identidad de los afectados».
El director de Laboratorio de Paz calificó la extensión de la labor de la Misión por dos años más como una victoria parcial de las víctimas. «Sabemos los esfuerzos del gobierno de Maduro por bloquear la votación u obtener votos a su favor en la ONU, no ha sido sencillo convencer al resto de los países para que respalden el trabajo de los trabajadores por los DDHH en Venezuela».
Hacia la CPI
A juicio de Uzcátegui, el informe de la Misión allana el camino hacia un eventual juicio en la Corte Penal Internacional (CPI). «Este informe lo que hace es ratificar que dentro de Venezuela no existe la capacidad política para investigar supuestos crímenes de lesa humanidad, pero tampoco la infraestructura que se requiere en materia judicial».
El activista sostuvo que el fiscal de la CPI, Karim Khan, ha intentado promover la complementariedad positiva con el Estado venezolano, una tarea que hasta ahora ha sido infructuosa.
«Lo que ha hecho el fiscal es buscar que el gobierno investigue y para ello se han firmado acuerdos, incluyendo una modificación de la administración del sistema de justicia venezolano, sin embargo el Estado reincide en su conducta de impedir el inicio de un juicio justo, porque además todos sabemos que en Venezuela no hay independencia de poderes», destacó.
Uzcátegui sostuvo que uno de los argumentos del régimen madurista para no hacer reformas profundas en el sistema de justicia son las sanciones y el supuesto bloqueo económico. «El gobierno es hábil comprando tiempo diplomático, además cada vez que pueden niegan la existencia de un patrón represivo, dicen que son actuaciones aisladas».
A su juicio, los recientes cambios en la cúpula militar responden a un pase de factura a figuras claves luego de las elecciones presidenciales. «Yo lo interpreto algo producto de fricciones internas, uno pensaba que existía todavía un sector democrático que iba a reconocer una eventual derrota el 28J, pero no fue así, pese a todo lo débil que pueda estar el régimen, ellos siguen estando cohesionados a la hora de defender sus parcelas de poder, por supuesto que hay tensiones, dudas y sospechas».
Según el director de Laboratorio de Paz, la única fuente de legitimidad que posee Maduro actualmente es el uso desproporcionado de la fuerza. «En el caso de una juramentación de Maduro como presidente el venidero 10 de enero, el escenario es muy gris para los venezolanos, estaríamos en el marco de más restricciones a los derechos fundamentales, sin embargo está comprobado que no hay represión que haga desaparecer el malestar popular».
Uzcátegui expresó que el hecho de que Maduro se haya planteado una cuota de detenciones después del proceso electoral del 28J, lo coloca como el principal responsable de los atropellos cometidos desde entonces.
«Con el fin de mantenerse en el poder a toda costa, quiere simular fortaleza y esto lo ha llevado hasta burlarse de las personas detenidas. Todos esos aspectos me hacen pensar que en un futuro Maduro va a ser señalado como responsable de crímenes de lesa humanidad. La revolución bolivariana decidió inmolarse con Maduro y eso les pasará factura», afirmó.
Indicó además que la detención y denuncias de torturas al menos a 70 adolescentes ha causado estupor en la comunidad internacional. «Esto debe producir algún tipo de efecto entre los chavistas subalternos que están entre la verdad ideológica y la verdad verdadera. No es posible que las víctimas sean revictimizadas por el propio Estado, es por ellos que frente a la mentira institucional, el que la Misión de Determinación de Hechos pueda trabajar dos años más tiene mucha importancia para las personas afectadas que como mínimo piden ser escuchadas».
También aspira que en 2025 haya noticias provenientes de la CPI. «Ojalá los mecanismos de DDHH fuesen más rápidos, los defensores de DDHH quisiéramos contar con herramientas más expeditas. El camino de la CPI necesita tiempo, pero lo importante es que ese tiempo ya está en marcha. No podemos caer en la desesperanza, es una realidad que el Gobierno ha perdido espacio y ya no cuenta con apoyo popular. Nosotros como organizaciones seguiremos informando y haciendo acompañamiento a las víctimas».
