La Conversa | “Funcionarios dicen que como son terroristas tenemos que pagar para verlos»
Miembros de la familia de adolescentes detenidos denunciaron que estos han sufrido torturas físicas y psicológicas después de haber sido capturados por funcionarios policiales en el marco de la represión poselectoral. Aspiran a que sus familiares se encuentren en la lista de las 225 excarcelaciones anunciadas el viernes pasado por el Ministerio Público. Denunciaron que ningún organismo gubernamental les ha brindado empatía
Theany Urbina aún no encuentra explicación a las detenciones masivas que hizo el gobierno de Nicolás Maduro luego de conocerse los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio. A su hijo Miguel Alejando Urbina Hernández de 17 años lo aprehendieron dos funcionarios policiales el pasado 2 de agosto en una esquina cercana a su casa en el sector Altavista de Catia.
“Estaba comiéndose una chuchería y lo montaron en una moto, desde entonces han pasado más de 100 días y aún sigue preso”, dijo la manicurista en La Conversa, el programa semanal de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) integrado por Runrun.es, TalCual y El Pitazo.
Tanto Urbina como Dionexys García, hermana de Diosmer Gómez, otro de los adolescentes detenidos en Caracas, protagonizaron una nueva edición de La Conversa denominada Después de las excarcelaciones de presos políticos ¿Qué pasará con los demás?, la cual estuvo moderada por Luis Blanco, director de Runrun.es; Víctor Amaya, director de TalCual y César Batiz, director de El Pitazo.
Ambos jóvenes se encuentran recluidos en el centro para menores conocido como Casa de Justicia 431 en El Cementerio.
Urbina aseguró que después de estar en al menos dos centros de detención a su hijo lo trasladaron a la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Boleíta.
“Mi hijo estaba llorando en una celda, me pidió perdón y le dije que no porque él no había hecho nada, lo pude ver porque pagué 5 dólares, los funcionarios dicen que como son terroristas tenemos que pagar para verlos”.
Urbina denunció que a su hijo le pegaron y lo amenazaron con matarlo si no grababa un video admitiendo que había aceptado 50 dólares para provocar disturbios en la ciudad.
“Lo último que querían hacer era ponerle una bolsa de plástico en la cabeza con gas lacrimógeno”.
Urbina manifestó que si su hijo se declara culpable podrían darle una pena de 6 años y 8 meses, de lo contrario se arriesga a pasar 10 años en prisión.
“A mi hijo le están destruyendo la vida, si eso sucede va a salir de la cárcel con 27 años siendo un hombre lleno de odio y resentimiento”.
Para Urbina, la razzia hecha por los funcionarios policiales a partir del 29 de julio de este año responde a una orden por cumplir una cuota de detenciones.
“No entendemos el ataque hacia nosotros en los sectores populares, yo vi como robaban a mujeres, les quitaron sus teléfonos celulares, yo no podía quedarme en mi casa, tenía que salir a arriesgarme para darle de comer a mis hijos”.
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“Mi hermano debería estar en la universidad”
Con Diosmer Gómez también fue un modus operandi similar. Dionexys García dijo que su hermano de 17 años estaba en una esquina cercana a su hogar en el urbanismo Cacique Tiuna de Coche.
“Los funcionarios le preguntaron dónde vivía y le ordenaron abrir la puerta de su casa, él se negó y por supuesto lo golpearon, hicieron desastres en la casa, se llevaron un teléfono y una tablet”.
García aseguró que pudo ver a su hermano 12 días después de haber sido detenido.
“En el módulo estaba con un grupo de 21 adolescentes, el primer día le hicieron la cebollita (bolsa de plástico en la cabeza con gas lacrimógeno) y luego le pusieron electricidad, él y Miguel pasaron por las mismas situaciones, además los tenían en un lugar donde había un olor putrefacto”.
García indicó que a su hermano, quien se declaró inocente en la audiencia preliminar, lo acusan de terrorismo e incitación al odio.
“La fiscalía no presentó pruebas, todos los muchachos tienen abogados públicos, ninguno de su confianza, se les están violando sus derechos, no sé cuántos derechos universales se les han violado a estos jóvenes”, dijo García.
La hermana de Diosmer aseguró que en el centro de reclusión de El Cementerio hay seis menores de edad y dos jóvenes que cumplieron recientemente 18 años.
“Mi hermano tendría que estar hoy en un salón de clases, debería haber empezado la universidad. Diosmer está en un proceso de juicio sin elementos de convicción”.
Urbina apuntó que el pasado 17 de octubre su hijo Miguel cumplió 17 años estando detenido.
“Tuvo la audiencia preliminar y hasta el sol de hoy no tiene fecha de juicio”.
Urbina aseveró que cada vez que acude a la visita, su hijo le pregunta cuándo va a salir, especialmente porque se enteró de las excarcelaciones que hizo el Ministerio Público el pasado fin de semana.
“Están desesperados. Están metidos todos los días en un cuarto sin hacer nada. A mi hija de 3 años le pidieron una foto de Navidad en la escuela y me dijo que llamara a su hermano para que viniera de la casa donde está viviendo”.
La madre de Miguel dijo que hasta ahora no han conseguido empatía por parte de organismo público alguno.
“Se burlan de nosotros, yo lo que quiero es que se conozca la verdad, que esos muchachos no estaban haciendo nada, su pecado fue estar en la calle a esa hora”.
Los abogados confían es en Dios
García dijo sentirse insatisfecha con las 225 órdenes de liberación supuestamente emitidas por el Ministerio Público.
“Eso no es nada, no es ni el 10% del total de las detenciones. A nosotros nos dijeron que por órdenes del fiscal, en Caracas todavía no van a liberar a nadie”·
García indicó que el martes de la semana pasada acudieron a una audiencia con el fiscal impuesto por la desaparecida Asamblea Nacional Constituyente y ratificado por la AN chavista, Tarek William Saab.
“Denunciamos todo, incluso una madre le dijo que su hijo había sido torturado y tiene daño psicológico, su respuesta fue que se están haciendo las evaluaciones”.
García indicó que los defensores públicos no han hecho mayor cosa por los adolescentes detenidos en Caracas.
“El defensor lo que nos dice es que le pidamos a Dios, él nos atiende cuando puede porque tiene como 50 casos, ni siquiera tiene acceso al expediente. Van pasando los días y no sucede nada, todos somos de sectores humildes y tenemos necesidades. Todavía tenemos fe porque ellos no han cometido delito alguno. Estamos desamparadas ante la justicia y lo que queremos es despertarnos de esta pesadilla”.
