La corrupción en la justicia quiebra las democracias, por Marta de la Vega
Uno de los periodistas colombianos más comprometidos en su lucha a favor de los derechos humanos es Herbin Hoyos. Fue creador del programa radial “Las voces del secuestro”, que servía de enlace sonoro para que los secuestrados por las Farc o el ELN supieran de sus familias. Los parientes hablaban con la esperanza de ser escuchados por quienes permanecían en contra de su voluntad y en condiciones infrahumanas en lo más profundo de la selva.
Igualmente, Hoyos ha sido un persistente denunciante de los reclutamientos forzosos de menores por parte de las narcoguerrillas mencionadas, cuyos tentáculos han penetrado con trágicas consecuencias en extensas regiones del territorio venezolano. Según informe presentado por él ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), entre 1990 y 2016 ha habido más de 40.000 casos documentados de niños y niñas sacados a la fuerza de sus hogares, llevados a engrosar las filas de las guerrillas, utilizados y muchos de ellos, abusados sexualmente por los comandantes de las Farc.
Solo 15 de sus excabecillas, como la actual vicepresidenta del Senado, Sandra Ramírez, mujer de “Tirofijo”, han sido citados a partir del próximo 18 de agosto para rendir cuentas ante la JEP de estos crímenes atroces. Hay contabilizados más de 250 cabecillas, incluidas mujeres, que participaron en estos crímenes de guerra. El dilema es que para reconstruir el tejido social no puede haber paz estable ni verdadera reconciliación con impunidad, sin justicia.
Es desgarrador escuchar el testimonio de Hoyos de los centenares de niños y niñas asesinados, “fusilados” según las cúpulas del hoy partido Farc. La JEP busca aplicar una justicia transicional a cambio de confesar, tanto los irregulares como las fuerzas del orden público, los crímenes atroces cometidos en el marco del conflicto armado, solicitar el perdón a las víctimas, asegurar su resarcimiento material y la no repetición. Hay aún 5.464 víctimas de cuyo paradero no se sabe nada. También Hoyos demostró con pruebas documentales y fotográficas que el extinto grupo guerrillero del M-19 cometió delitos muy graves al adoctrinar y reclutar a menores desde 1985 hasta 1999, cuando dejó las armas.
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Recientemente, como ha desenmascarado la periodista Sebastiana Barráez, el ELN ha tomado control de varios pueblos y escuelas de zonas fronterizas con Colombia y se ha dedicado a engrosar sus filas con niños o adolescentes hambreados y desasistidos, que prefieren ser reclutados a morir de enfermedad o inanición, sin programas de protección ni desarrollo pedagógico, en algunos casos, incluso sin escuelas.
Estas han sido tomadas como centros de comando de algún grupo criminal y subversivo, en ausencia de la autoridad del Estado venezolano, convertido a su vez en camarilla delincuencial militar y civil.
A raíz de la reciente detención del Senador y ex presidente Álvaro Uribe Vélez, que de acusador de Iván Cepeda, de las Farc, fue convertido en acusado por supuesta manipulación de testigos y falsas pruebas para obstruir la justicia, el periodista Hoyos enfatiza en el programa Informativo G24, que el verdadero mal que enfrentamos en Colombia es la profunda corrupción en las Altas Cortes. Cuando en un país no hay justicia, cuando en una sociedad la justicia está al servicio de quien más pague por ella, el Estado se hace inviable. La justicia queda en manos de las mafias, del narcotráfico, del más poderoso, del criminal, cuando favorece a quien tenga el dinero para comprarla.
La corrupción carcome la democracia desde adentro cuando el poder judicial, que garantiza la estabilidad y la convivencia pacíficas en una sociedad gracias a la imparcialidad y transparencia de la justicia, está penetrado por un aparato judicial corrompido. Uno de los instrumentos para inducir la justicia al error es la fabricación de pruebas falsas, para darle soporte a los falsos testimonios con falsos testigos.
Es lo que ha ocurrido con el manejo delictivo de la justicia en Venezuela, como sucede en Colombia con el Cartel de las Togas. Para Hoyos, el enfrentamiento ideológico ha sido estrategia del partido comunista clandestino para tomar el control del poder. En Venezuela, bajo el influjo de la dictadura cubana, la justicia torcida ha llevado al horror de los presos políticos, a las sentencias amañadas, al degradado sistema carcelario. El reto en democracia es rescatar una justicia no politizada ni ideologizada.
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