La crisis republicana, por Lidis Méndez
La República Bolivariana de Venezuela es una nación rica en recursos naturales y con un legado histórico significativo que enfrenta una crisis política, económica y social sin precedentes en el siglo XXI. Esta crisis multifacética y prolongada, no solo ha afectado a los venezolanos, sino que también ha tenido repercusiones regionales y globales.
El inicio de la tormenta quedó registrado en la historia con la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, quien marcó una transformación significativa en el panorama político venezolano con promesas de justicia social, que lo abanderaron con el apoyo popular. Sin embargo, su gobierno también se caracterizó por una concentración progresiva del poder, la erosión de las instituciones democráticas y una creciente dependencia del petróleo.
Tras su muerte en 2013, Nicolás Maduro asumió la presidencia y heredó una economía ya debilitada por años de mala gestión. La caída abrupta de los precios del petróleo en 2014 exacerbó la situación, llevando a Venezuela a una espiral de hiperinflación, escasez de alimentos, medicinas, y un colapso de los servicios públicos que se ha mantenido por una década.
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La Asamblea Nacional, ganada por la coalición de oposición en 2015, fue declarada en desacato en marzo de 2017 por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), invalidando sus decisiones y dejando al parlamento sin poder efectivo. Este movimiento fue ampliamente criticado tanto a nivel nacional como internacional, ya que fue visto como una amenaza efectiva a la separación de poderes y a la democracia en Venezuela.
En respuesta a las crecientes tensiones y a las manifestaciones en su contra, en julio de 2017, el gobierno de Nicolás Maduro convocó una Asamblea Nacional Constituyente, con el objetivo declarado de redactar una nueva Constitución (aún en espera). Esta nueva Asamblea, compuesta en su totalidad por aliados del gobierno, asumió poderes legislativos plenos, desplazando efectivamente a la Asamblea Nacional elegida en 2015.
El 23 de enero de 2019, en medio de una profunda crisis política y económica, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, se autoproclamó presidente interino del país, alegando que la reelección de Nicolás Maduro en 2018 había sido fraudulenta y, por tanto, inconstitucional. Basándose en los artículos 233, 333 y 350 de la Constitución venezolana, Guaidó afirmó que asumía la presidencia interina para restablecer el orden democrático y organizar elecciones libres y justas, hecho que tampoco nunca sucedió.
La llegada de la pandemia de covid-19 en 2020 añadió una capa adicional de complejidad a la situación política y económica de Venezuela. El sistema de salud del país, debilitado por años de mala gestión y falta de recursos, se vio rápidamente desbordado. Las restricciones impuestas para controlar la pandemia también complicaron las actividades políticas, limitando las protestas y afectando la capacidad de la oposición para movilizarse, hecho que restringió aún más las libertades civiles y políticas.
Las Elecciones Legislativas en diciembre de 2020, fueron protestadas por ese mismo sector de la oposición que se abstuvo, para justificar mantener el llamado gobierno interino y una Asamblea Nacional paralela, que solo funciona para los intereses de ese pequeño grupo, y que trajo como resultado una Asamblea Nacional dominada mayoritariamente por el PSUV, pero no reconocida por gran parte de la Comunidad internacional. A pesar de la nueva Asamblea Nacional, numerosos países continuaron reconociendo a esa Asamblea Nacional de 2015 y a Juan Guaidó como presidente interino, quien fue perdiendo paulatinamente su reconocimiento internacional debido a la realidad política.
En consecuencia, se reanudaron las negociaciones entre el gobierno de Maduro y ese sector de la oposición en 2022, facilitadas por actores internacionales como Noruega y México, pero con avances limitados. La Comunidad Internacional, liderada por Estados Unidos y la Unión Europea, mantuvo (y en algunos casos intensificó) las sanciones, haciendo un llamado a elecciones libres y justas.
En 2023 y hasta el presente, se ha acentuado la crisis energética y el franco deterioro de la infraestructura petrolera. Adicionalmente, se han intensificado las medidas represivas selectivas contra líderes opositores, activistas y medios de comunicación independientes, restringiendo aún más el espacio democrático en el país, la falta de entendimiento y la desconfianza de la población, lo cual denota una crisis republicana sistémica.
La resolución de la crisis en Venezuela es compleja, una transición moderada hacia la democracia requiere negociaciones entre gobierno y oposición, con garantías de seguridad para todas las partes involucradas, indistintamente del resultado en las votaciones electorales el 28J. Sin embargo, la desconfianza mutua y los múltiples intereses en juego dificultan este proceso, a tal punto de que aún no existe una adherencia suficientemente significativa al acuerdo de Barbados, a menos de dos meses de las votaciones presidenciales. En última instancia, la historia Republicana de Venezuela en el siglo XXI será otro recordatorio cíclico de los peligros del autoritarismo, la dependencia económica y la polarización política.
Lidis Méndez es politóloga.
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